Fiscalía imputó a exfuncionarios de la gobernación del Chocó y a representantes de fundación por presuntas irregularidades de contratación de jornadas de prevención del covid-19
El material de prueba da cuenta de que fueron contratadas actividades educativas y publicitarias que no atendían las necesidades de salud en el departamento.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a tres exfuncionarios de la Gobernación de Chocó y a dos particulares por su presunta participación en irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el Covid – 19.
Los procesados son: el exsecretario de Salud de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado, las exfuncionarias de la Secretaria de Salud de Chocó, Miladys Mosquera Córdoba y Yineth Samira Palacios Moreno; y los representantes de la fundación contratada, Dally Karen Mosquera García y Efraín Kevin García Maturana.
Por presuntas irregularidades en este mismo contrato, el 15 de marzo de 2021 la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia escrito de acusación contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón.
Las anomalías se habrían presentado en el contrato 198 del 15 de abril de 2020, cuyo valor ascendió a $2.091 millones de pesos y contempló realizar jornadas de salud y orientación para mitigar el impacto del Covid – 19 en 27 municipios.
El citado contrato, al parecer, no atendía los verdaderos requerimientos de la población en salud pública y carecía de sustento sobre la necesidad y urgencia de suscribirse. Adicionalmente, se constató que, supuestamente, vulneró decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por la pandemia.
De otra parte, fue seleccionada una fundación que no tendría la experiencia ni capacidad operativa y técnica para cumplir 11 ciclos de capacitación a 116 grupos indígenas, afrodescendientes y gitanos como fue contemplado.
Ante la oportuna intervención de los entes de vigilancia y control, las partes suscribieron un acta de liquidación previa a la fase de ejecución del contrato. Así, se evitó un posible detrimento patrimonial en el departamento por algo más de $756’000.000.
En ese sentido, la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación tentado.
Los cargos formulados no fueron aceptados.
