Hoy, 5 de febrero, se desarrolló la audiencia de imputación de cargos a seis personas que fueron capturadas ayer 4 de febrero y que están siendo investigadas por presuntas irregularidades en el proyecto Maderas Chocó.
En realidad, lo que se conoce como proyecto Maderas Chocó.se trata de tres proyectos.
Tres proyectos
El primer proyecto, “Aplicación de ciencia y tecnología CTeI para el mejoramiento del sector maderero en el Chocó”, fue aprobado el 20 de noviembre de 2014, por cuantía de 15.500 millones de pesos.
Inició su ejecución en junio de 2015 y entre sus objetivos figuran, entre otros, la formación de profesionales de alto nivel (siete magister y cinco doctores) y la siembra de 1.400.000 plántulas de 25 especies maderables en 14.000 hectáreas de nueve municipios del Chocó, instalando dos plantas piloto, una en Quibdó y otra en Bahía Solano.
El segundo proyecto fue aprobado el 13 de diciembre de 2019 por valor de 23 mil millones de pesos y su objetivo es construir un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera.
Este inmueble fue construido en el kilómetro 19 de la vía Quibdó-Yuto, municipio de Atrato, al lado del llamado estadio del Chocó.
El tercer proyecto, sobre aprovechamiento de los subproductos de la industria maderera en la fabricación de abonos orgánicos y producción de harina de insectos, tiene un valor de 5.500 millones de pesos.
Los tres proyectos de madera tienen un valor total de 44 mil millones de pesos, son financiado con recursos de regalías y viene siendo ejecutados por la Universidad Tecnológica del Chocó.
Capturas
Las personas investigadas son Eduardo García Vega, exrector; Yesid Aguilar Lemus, director del proyecto maderero; Edinson Ledesma Ramírez, coordinador del proyecto; César Augusto García Pino, del Consorcio Atrato 2020, encargado de la construcción del Centro de Transformación Tecnológica de la Madera; Freddy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH, Manuela Gómez Córdoba, ex tesorera-pagadora de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera. vicerrector administrativo y financiero de la UTCH y Lilian Mercedes López Mena, jefa financiera de la UTCH.
De las ocho personas investigadas seis fueron capturadas y dos están avadiendo el llamado de la justicia: Yesid Aguilar Lemus y César Augusto García Pino.
La audiencia de legalización de captura, formulación de imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento está presidida por Almir Chaverra, Juez promiscuo de Bojayá en turno de control de garantías.
La investigación penal está dirigida por Jackson Chaverra, fiscal séptimo anticorrupción de Quibdó.
Ayer, 4 de febrero, se realizó la audiencia de legalización de captura.
Argumentos de la fiscalía
Hoy, en la audiencia de imputación de cargos, la fiscalía describió lo que considera múltiples irregularidades, sobre todo en tres contratos del segundo proyecto relacionado con el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera y en el tema de avances.
Se trata de los siguientes contratos:
1. Contrato 002 de febrero 8 de 2017, por valor de tres mil millones de pesos, para la compra de maquinaria, firmado por Eduardo García, rector de la UTCH, con la empresa Sierras y Equipos, de Itaguí, Antioquia.
Sostiene la fiscalía que se trata de un contrato de mayor cuantía y que no hubo licitación pública, que se realizó un proceso espurio realizando contacto directo previo con la empresa Sierras y Equipos, no hubo planeación y se violaron los principios de publicidad, objetividad, transparencia, moralidad, economía y responsabilidad.
Tampoco el contratista constituyó una fiducia que manejara los recursos. Se pagó directamente al contratista. La maquinaria se compró sin tener lugar para guardarlos.
La maquinaria no se recibió por la UTCH el 8 septiembre de 2017 por falta de un lugar para almacenarlos y se firmó con Sierras y Equipos una adenda u otrosí para pagar bodegaje. Todavía la UTCH se debe a dicha empresa la suma de mil millones de pesos adicionales por el bodegaje.
Se falsificaron en la UTCH, con fecha septiembre-noviembre de 2017, varias actas de ingreso de la maquinaria, aunque en ese momento estaban en Antioquia. La maquinaria solo se recibió realmente en agosto 12 de 2020, tres años después.
Los equipos están en abandono, sin utilización, sin mantenimiento, tienen oxidación primaria y deterioro. Hurtaron varias piezas de los equipos. A la fecha de hoy la maquinaria no tiene garantía.
El actual rector, David Emilio Mosquera Valencia, terminó de pagar este contrato el 21 de octubre de 2016, y ordenó el pago final de 226 millones de pesos.
2. Contrato 004 de septiembre 29 de 2017, para el acondicionamiento del espacio físico del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera. Este contrato, por valor inicial de 734 millones de pesos, fue suscrito por el entonces rector Eduardo García y Ángel María Melo Chaverra, y luego fue adicionado por el actual rector David Emilio Mosquera Valencia, hasta un valor de 1.050 millones de pesos.
El taller de acondicionamiento se encuentra en el kilómetro 19 de la vía Quibdó-Yuto, municipio de Atrato, al lado del llamado estadio del Chocó.
Este contrato viola el POT del municipio de Atrato y la normatividad urbanística porque se realizó, sin planeación, en zona rural del municipio de Atrato, donde no existen servicios públicos.
Los anticipos de este contrato no fueron administrados por una fiducia, se giraron directamente al contratista. Los estudios previos quedaron mal hechos. Este acondicionamiento físico no posee protección ni acabados, tiene malas redes eléctricas, no ha funcionado.
“Este Centro es un elefante blanco, al lado del llamado estadio del Chocó, otro elefante blanco”, dijo el fiscal.
3. Contrato 003 de octubre 8 de 2020, por valor de 6.222 millones de pesos, para la construcción (primera fase) del Centro de Investigación de la Madera, firmado por David Mosquera, rector de la UTCH, con César Augusto García Pino, del consorcio Atrato 2020.
Este contrato tuvo malos y poco serios estudios previos, los planos no se acoplan al lote de terreno, sin plan de manejo ambiental. Hubo aparente licitación, hubo criminal manejo del anticipo. No hubo licitación real, no tuvo póliza de garantía sino una fianza inservible, que no es garantía de nada. Se violó el principio de contratación.
Este Centro de Investigación se contrató violando el POT del municipio de Atrato, en zona sin servicios públicos.
A pesar de que se cumplió el requisito de constituir una fiducia (con el Banco de Bogotá) se giraron directamente al contratista 311 millones de pesos y solo se hicieron cuatro huecos inservibles (oquedades o excavaciones). No hubo aquí plan de inversión, sin justificación.
La obra se inició el 21 abril de 2021 y el 9 de julio 2021 fue suspendida.
4. Avances irregulares de comisiones y viáticos
El proyecto Maderas Chocó se ha convertido en una caja menor de varios funcionarios de la UTCH. Se pagaron avances de comisiones con todo tipo de irregularidades para desplazamientos a Bogotá, Medellín y varios municipios del Chocó.
Hubo un avance de diez millones de pesos para socializar y poner en marcha en julio 29 de 2021 un centro de transformación de la madera en Bahía Solano. Este centro no existe y se falsificó un certificado de permanencia.
Se pagaron nuevos avances sin legalizar avances anteriores.
El 30 de septiembre de 2021 se aprobó un avance falso por 26,7 millones de pesos para realizar en Carmen de Atrato un conversatorio sobre el centro de madera. Se aportó un certificada de permanencia de un funcionario de Codechocó en Carmen de Atrato, quien dijo que le falsificaron la firma.
Se aprobó un avance por 30 millones de pesos para realizar el 2 de septiembre de 2021 en Belén de Bajirá el taller de cierre del proyecto. Todo fue una falsedad.
Se aprobó un avance por 39 millones de pesos para realizar el 22 julio de 2021 talleres en Nuquí y Pizarro. Se aportó una factura de dos vuelos chárter de la empresa Chocó Fly SAS. La gerente de esta empresa dijo que para esa época no funcionaba, que no realizaron dichos vuelos chárter y que esa factura es falsa. También se anexó un certificado de permanencia de un funcionario de Codechocó que resultó falso.
La fiscalía imputó a los capturados los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y/o peculado en favor de terceros.
El día de mañana, 6 de febrero, continuará la audiencia.
