María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (CESED) de la Universidad de Los Andes, manifestó su preocupación por la ola de homicidios en Quibdó. “La violencia urbana en Quibdó va más allá de la delincuencia común”, indicó.
En los últimos cuatro días se reportaron fuertes balaceras en los barrios de Quibdó y en lo corrido de 2022 van más de sesenta personas asesinadas, la mayoría jóvenes de menos de 25 años.
Funcionarios de la Policía indican que se trata de enfrentamientos entre los grupos delincuenciales ‘Los Palmeños’ (Los Z), ‘Los Mexicanos’, el Clan del Golfo y el ELN..
La situación violenta se presenta luego de más de dos meses del anuncio del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre una intervención militar y policial en la capital chocoana para desmantelar esas estructuras ilegales.
Se esperaba que unos 196 policías de operaciones especiales de antiexplosivos, de inteligencia y de judicialización comenzaran a operar en seis barrios con 25 puntos. Sin embargo, para los expertos en seguridad estas acciones no han sido suficientes.
Vélez señaló que la violencia es parte de un “proyecto de control territorial con nexos a grupos armados que trascienden las fronteras locales” y, por eso, el Gobierno Nacional debe entender las dinámicas criminales en los barrios de Quibdó de estas organizaciones, como ‘Los Mexicanos’, ‘Los Kennedy’, ‘Los Palmeños’ y los reductos del Clan del Golfo, para determinar si hay una ‘gobernanza criminal’ y realizar intervenciones efectivas.
Justamente, el CESED elaboró un documento diagnóstico denominado ‘La distribución espacial del delito urbano en Quibdó, 2014-2019’, en la que se alerta que la violencia no disminuyó con la firma del acuerdo de paz en el 2016, por la presencia ahora del ELN y los ‘Urabeños’, que pasaron a ocupar esos espacios que dejaron las extintas FARC
Según el estudio, los principales factores que promueven el delito son la pobreza, baja escolaridad, desplazamiento forzado, urbanización, desempleo juvenil, minería ilegal y la débil presencia del Estado.
El CESED reportó que el número de homicidios por población ha ido en aumento durante la última década. “En este periodo 2014-2019 la ciudad tuvo un promedio semestral de 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes, una cifra casi tres veces superior al promedio nacional, ubicado en 15 homicidios por cada 100 mil personas”, señala el documento.
De hecho, la directora del CESED informó que entre el periodo 2014-2019 el 100% de los homicidios ocurren en el 23% de las manzanas de los barrios. “Este tipo de mapeos son muy importantes porque permiten focalizar las acciones. Por supuesto es necesario tener actualizada esta información, pues hay variación en el tiempo en las manzanas foco del delito”, indicó.
Por otro lado, Vélez dijo que el CESED está intentando actualmente realizar una encuesta de victimización con el sector vinculado a la Cámara de Comercio del Chocó. Sin embargo, la situación es tan crítica que ha sido muy difícil recolectar la información por el temor que hay entre los comerciantes y pequeños emprendedores de participar en dicho ejercicio.
“De las 400 pequeños comerciantes y emprendedores que intentamos encuestar, solo nos han contestado 100, después de muchas llamadas. Están muy preocupadas. Nuestros resultados preliminares sugieren que el 64% han sido víctimas de algún delito, la mayoría de extorsión que es la problemática que más agobia hoy a los habitantes de Quibdó”, dijo Vélez.
La directora del CESED enfatizó que las intervenciones deben ser inmediatas, pero también a largo plazo por parte del Gobierno Nacional, en apoyo a la alcaldía de Quibdó y a la Gobernación del Chocó. “Esto responde a una crisis de seguridad en las zonas rurales producto del control territorial de grupos armados. No son delitos comunes típicos de una ciudad, sino que estamos hablando de una situación sobre conflicto armado”, señaló.
Manifestó que el Gobierno debe priorizar la intervención social, específicamente con la población post penitenciaria y con reincidencia criminal. “Es necesario diseñar programas comunitarios para la prevención del delito y el reclutamiento forzado y construir un diagnóstico de sus causas. También, diseñar programas para jóvenes dentro y fuera del entorno escolar”, indicó Vélez, quien vio de manera perentoria invertir en infraestructura como cámaras de seguridad y alumbrado público.
Para Vélez, las políticas del Gobierno que combaten a la minería ilegal y el narcotráfico son fallidas. “La situación es muy crítica. Creo que no se han tomado decisiones estructurales en términos de inversión social a largo plazo”, concluyó.
