La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió la versión voluntaria de Manuel Joaquín Palacios Asprilla, exalcalde de Bojayá, quien busca someterse como agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La diligencia se llevó a cabo este 1 de diciembre ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, en el marco del Caso 04 que revisa la situación territorial de Urabá y del Subcaso Región Atrato del Caso 09, enfocado en crímenes no amnistiables contra pueblos y territorios étnicos.
La citación se fundamentó en su solicitud de ingreso a la JEP y en los informes presentados por víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes lo señalan de haber tenido vínculos con estructuras paramilitares en la región. Estas versiones también fueron determinantes para su condena por concierto para delinquir agravado, basada en los señalamientos del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’. Palacios Asprilla recibió una pena de 90 meses de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos, y obtuvo libertad condicional en 2024.
Durante la diligencia, dirigida por la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, el aspirante a compareciente fue requerido para entregar información nueva y verificable sobre hechos del conflicto armado en Chocó, acorde con los cargos públicos que ejerció. Palacios Asprilla fue alcalde de Bojayá entre 1995 y 1997, diputado del Chocó entre 2001 y 2004 —periodo en el que ocurrió la masacre del 2 de mayo de 2002— y nuevamente alcalde entre 2008 y 2010, lo que lo convierte en un actor con posible conocimiento de situaciones clave para la investigación.
La Sala de Reconocimiento evaluará la utilidad, exhaustividad y veracidad de lo aportado, y posteriormente enviará su análisis a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encargada de determinar si Palacios Asprilla cumple con el compromiso de aportar verdad plena, condición necesaria para continuar con su proceso de sometimiento.
La diligencia contó con la participación de víctimas, autoridades de los cuatro pueblos indígenas y consejos comunitarios acreditados, quienes siguieron la sesión desde una sala espejo habilitada en Quibdó. Allí contaron con acompañamiento jurídico, psicosocial y traducción para quienes lo requirieron.
La JEP reiteró que quienes buscan someterse a esta jurisdicción deben ofrecer información completa, precisa y verificable, que permita esclarecer patrones de victimización y avanzar en los procesos de verdad, reparación y garantías de no repetición. También reafirmó su compromiso con asegurar la participación plena de las víctimas y proteger sus derechos durante todas las etapas del proceso.
