La Unidad para las Víctimas entregó dos centros comunitarios al Consejo Mayor Comunitario del Bajo Atrato, Cocomaunguía, en cumplimiento a una medida de restitución del Plan Integral de Reparación Colectiva, un proyecto que venía consolidándose desde el 2020.
Con estos bienes se beneficiarán las seis comunidades que integran el Consejo: Tarena, Tumaradó, El Roto, Marriaga, Ticolé y El Puerto, donde habitan 2.184 personas. Los dos están ubicados a 800 metros uno del otro, en terrenos adquiridos por el Consejo, donde se encuentran estratégicamente los sectores de Pueblo Nuevo y la Sagrada Familia.
La inversión en estos centros fue de cerca de 700 millones de pesos, con recursos aportados por el PNUD, la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (SPAE) de la Unidad para las Víctimas y la alcaldía municipal de Unguía.
En su ejecución hubo mano de obra calificada y de la comunidad y el transporte de materiales se realizó por vía marítima, único medio de acceso al municipio.
La inauguración contó con la presencia de Dora Arango, delegada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Anuar Tapias alcalde municipal; Rafael Cuesta Palacios, representante legal del Consejo, y Sandra Viviana Alfaro, directora de la Unidad en Urabá-Darién.
Una obra esperada
En la década de los años 70, con la llegada de la guerrilla, y en el 96 con la de los paramilitares, a este territorio rodeado de humedales y ciénagas, llegaron el dolor y la fragmentación de sus comunidades. Los constantes desplazamientos y violaciones a los Derechos Humanos quebrantaron el tejido social y los escenarios comunitarios.
Según Rafael Cuesta Palacios, más que unas estructuras físicas, para el consejo comunitario estas obras son el resultado del esfuerzo conjunto con la institucionalidad y tienen un significado restaurador en su comunidad. Con estos espacios esperan fortalecer la articulación con los demás consejos menores y reanudar sus formas de relacionamiento afectadas por el conflicto armado.
“Este ha sido un reto que nos hemos propuesto, una lucha incansable. Es un espacio que anhelábamos bastante porque a veces no teníamos un espacio digno dónde reunirnos”, dijo Cuesta Palacios, representante legal de Cocomaunguía.
El proceso de reparación colectiva de Cocomaunguía, que inició en 2013, ha permitido la implementación de las demás medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva, entre estas, las de satisfacción, rehabilitación, restitución y no repetición.
Allí también se han realizado actos de dignificación y memoria en honor a víctimas de desapariciones forzadas en el Atrato. Entre otras gestiones, este colectivo logró la entrega de un bote-taxi en 2019 con capacidad para 22 personas. De igual manera, 2019 se hizo la entrega de kayaks, cuatro canoas, palas, remos, boya de marcación, uniformes, chalecos salvavidas, para fomentar la práctica del canotaje en los jóvenes de este consejo.
