La Unidad para las Víctimas entregó ayuda humanitaria a seis comunidades indígenas del río Truandó, municipio de Riosucio, en Chocó.
Estas comunidades están en situación de confinamiento por causa del accionar de grupos al margen de la Ley, que ha afectado la provisión alimentaria a la población. Esta vulneración de los derechos humanos, según la Procuraduría, se ha presentado durante casi cinco años.
Posterior a la misión de verificación, que se venía liderando desde diciembre, la Unidad, en articulación con la alcaldía, entregó kits de alimentos y aseo a 470 familias de la cuenca del río Truandó, integradas por 2.072 personas que se vieron afectadas en la movilidad y el desarrollo de sus actividades cotidianas y de sostenimiento económico, por causa de las dinámicas del conflicto que aún persisten.
La lucha territorial entre grupos armados ha ocasionado que las comunidades indígenas como Jagual, Marcial, Peñas Blancas, Pichindé, Juin Duur, Quiparadó, que habitan esta zona del bajo Atrato, sufran constantes vulneraciones a los derechos humanos y se vean limitadas en su fuente de ingreso, basadas en la pesca, cacería, cría de especies menores, agricultura, entre otras.
A raíz del confinamiento se ha afectado la seguridad alimentaria, como se manifiesta por parte de miembros de las comunidades. “Estos alimentos nos ayudan a que nuestros niños no sigan falleciendo por cauda de la desnutrición, ya que nuestros hombres no han podido trabajar, por lo que hay escasez de alimentos en nuestras casas; por eso, es importante recibir esta ayuda”, dijo Linda Conquista Puchicama, en Marcial.
Esta situación fue reafirmada por Gilberto Nirama, docente de la comunidad Jagual: “Nos sentimos bien por esta ayuda que recibimos ahora que estamos confinados; este alimento es una fortaleza para la parte de nutrición de los niños, y le pedimos al estado colombiano a que nos siga ayudando, ya que lo necesitamos en este momento”.
Esta vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se ha presentado por cerca de cinco años, según reporte de la Procuraduría, situación que ha hecho que la Unidad para las Víctimas activara el componente de ayuda humanitaria inmediata en apoyo subsidiario al municipio.
En ese sentido, la entidad brindará asistencia técnica para activar el plan de contingencia 2023 con el fin de dar continuidad a la coordinación con el ente territorial, el Ministerio Público y demás entidades competentes para atender la situación humanitaria en la que se encuentran inmersas las seis comunidades indígenas.
Tras esta preocupación también se ha mantenido el avance del monitoreo de las comunidades por parte de la institucionalidad competente y la continuidad en las acciones articuladas de prevención, mitigación y restablecimiento de derechos en su territorio ancestral.
