En letra muerta en un papel ha quedado hasta ahora una sentencia de la Corte Constitucional sobre especial protección que merecen los menores indígenas del Chocó.
Se trata de la Sentencia T-080 de 2018 donde la Corte Constitucional ordenó a la Presidencia de la República y otras entidades brindar soluciones definitivas que permitan superar la situación de amenaza y vulneración de derechos de los pueblos Embera, Tule y Wounaan de los municipios de Bajo Baudó, Alto Baudó, Riosucio, Bojayá, Lloro y Bagadó en el departamento de Chocó.
En el día de hoy, la Procuraduría pide a las autoridades el cumplimiento de esta sentencia y proteger los derechos de la niñez indígena en el Chocó. El llamado de urgencia del ente de control se priorizó frente la situación de crisis sanitaria en Buenavista y Puerto Piña en Bajo Baudó, donde se advierte sobre el fallecimiento de niños y niñas por consumo de agua contaminada.
El ente de control instó a las autoridades a cumplir con las acciones y obligaciones por la garantía de los derechos a la salud, alimentación, educación inicial, agua potable y protección integral de esta población.
En el requerimiento, el Ministerio Público precisó que el pasado 24 de marzo de 2023, la Procuraduría remitió al DAPRE, la Consejería Presidencial para las Regiones, al ICBF, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior, el informe de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, con observaciones para las entidades responsables, por lo que estas deberán remitir de manera urgente, los planes de acción para la implementación de las recomendaciones efectuadas por el ente de control.
Finalmente, se solicitó al DAPRE, dinamizar el cumplimiento de las órdenes del tribunal constitucional, particularmente en los procesos de articulación interinstitucional de la nación y las entidades territoriales vinculadas, que hacen presencia en la Mesa Interinstitucional de Diálogo para la Sentencia T-080 de 2018.
