La iglesia católica decidió llevar el problema del agravamiento de la violencia, los confinamientos y desplazamientos en el Chocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Lo anterior como resultado de la inacción, la falta de diálogo y de atención del gobierno nacional.
Así lo informó el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto.
“Ha sido un respaldo muy grande», agradece Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. Y muy necesario ahora que, después de meses de intentos de abordar la cuestión con el Gobierno, la Iglesia y organizaciones locales han decidido poner en marcha una Mesa Humanitaria en el Chocó y en el resto de la región, y llevar el problema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El gobierno, explica Barreto, siempre habla de «hechos aislados», aunque la violencia está presente «en casi todos los municipios». Según la propia Defensoría del Pueblo, el 72 % de la población está en riesgo. Hace un año la Iglesia del Chocó y Antioquia puso en marcha unas misiones humanitarias. En distintos momentos, entre febrero y noviembre, visitaron once municipios de la región con representantes de la ONU, la Defensoría del Pueblo y organizaciones locales para acompañar y escuchar a la gente.
“El panorama es el mismo» que en los años 90, cuando las FARC y los paramilitares competían por el control del territorio y el cultivo de coca. La inacción de las instituciones públicas después de los Acuerdos de Paz ha permitido que solo cambien los protagonistas: ahora son el ELN y las AGC. No es que el Estado esté ausente. Hay 5.000 soldados y policías en la zona. Por eso la Iglesia se pregunta por qué «el paramilitarismo campea a sus anchas». Al presentar estas conclusiones, «la respuesta del Gobierno no fue sentarse con nosotros», sino desmentirlo todo. La de los militares, exigir que se retractaran.
Nuevos intentos de hablar con el Gobierno fueron seguidos por nuevas acusaciones de mentir. Por eso Barreto considera que era necesario internacionalizar la cuestión, aun siendo consciente de que «estamos en riesgo» por lo que pueda hacerles «cualquiera de estos grupos».
