Por Dudley Duque Sierra, profesor de Derecho de la UTCH
A una entidad, sea pública o privada, lo que la hace estable y pueda permanecer sólida para cumplir el fin para la que se creó, es el equilibrio entre los ingresos, gastos e inversión, esto es, su presupuesto; el que debe cumplir con los principios de: a- Planificación; b- Unidad de caja; c- Especialidad; d- Universalidad; e- Anualidad; f- Previsión; g- Periodicidad; h- Claridad; i- Publicidad; j- Exactitud y k- Exclusividad.
La pervivencia de cualquier ente depende de su manejo presupuestal. Al traste de su desconocimiento o conociéndolo se inaplica, da como resultado lo vivido ya en el Chocó: Liquidación de la lotería -único departamento del País que no la tiene-, liquidación de la fábrica de licores -entidad que se conoce, que solo da dividendos y ganancias-, liquidación de la electrificadora, intervención y liquidación de salud pública, entre otras entidades que corrieron con la misma suerte; nefasto para el desarrollo e Índice de crecimiento humano que afecta directamente a la población chocoana; una entidad que viole estos principios no podrá cumplir la misión y visión institucional.
Cada año, en los meses de octubre y noviembre el Consejo Superior estudia, discute y aprueba el presupuesto de la universidad para la próxima vigencia fiscal (1ro al 31 de enero) todos los egresos (gastos de personal de nómina, gastos generales, transferencias y gastos de inversión), y los ingresos para financiar los gastos, son previstos con rubros de destinación específica en el presupuesto, de tal manera que, le permita al ordenador del gasto tener la información y un control riguroso de la ejecución del presupuesto; el pago de nómina: docentes de planta, personal administrativo docentes ocasionales, contratados y catedráticos, están debidamente señalados y con asignación presupuestal específica para todo los meses del año, de hecho, el presupuesto y la unidad de caja se efectúa en doceavas partes.
De ahí que, estando definida la planta de personal para laborar en la vigencia fiscal, y que se previó y asignó un monto total para su pago; esto es, por ejemplo, si se definieron 100 empleos y a la mitad o al final de la vigencia resultaron 200 empleos; viendo que se presupuestaron para 100, de ipso facto tiene que romperse el equilibrio presupuestal y con ello una crisis económico-financiera que no podrá soportar la entidad y que la conduce al caos administrativo-institucional imposibilitándola para cumplir con su misión y su visión como ente público.
Ante la crisis tiene que reaccionar inmediatamente los dueños de la institucionalidad, que no son más que la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, administrativos, egresados y la sociedad en general, que de una u otra manera tienen nexos o no con el ente universitario. La responsabilidad del descalabro institucional reside en las autoridades al que, los dueños de la entidad depositaron su confianza; es tan responsable el representante legal y ordenador del gasto como el equipo de gobierno que lo acompaña; el rector, como cabeza visible, se rodea de un equipo que, se supone, son expertos en cada una de las áreas en la que se desenvuelven, y como asesores de gobierno están al tanto de los pormenores para realizar con eficiencia y eficacia la administración de la entidad y están en capacidad de decirle al oído del Jefe lo que se puede o no se puede hacer.
El manejo y administración de la planta de personal, es sólo uno de los componentes que integran la entidad universitaria, puede decirse que ésta es la que hace posible la materialización de la función y competencia institucional: desarrollar funciones para cumplir con los objetivos, políticas, metas e indicadores, tanto de rango misional como de apoyo.
La dirección se enfoca además, al manejo administrativo intrínseco, relación con los empleados, el consejo superior, cuerpos colegiados coadministrativos (Consejo académico, consejos de facultad, comités curriculares; comité de puntaje, de escalafón docente, comité electoral, comité directivo, comité de coordinación de control interno, comités de carrera, de contratación, comité de conciliación, de planeación y otros más), el cumplimiento del orden legal: la Constitución, la ley, los reglamentos y sus propios acuerdos, apropiarlos y cuidar de su vigencia (todos los acuerdos están en desuso, excepto el estatuto general -ordena, entre otras cosas, que los directivos: vicerrectores, excepto el administrativo, decanos y directores de programa, sean designados por voto directo de estudiantes, docentes y administrativos; que no se cumple); constitución y continuidad democrática de los órganos de dirección de la entidad (igual, sus integrantes están en interinidad), enfoque directo académico en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores universitarios (sino alcanzan los recursos para el pago de nómina, mucho menos para atender costes de inversión, insumos para investigación, laboratorios, prácticas universitarias, salidas de campo, movilidad académica, internacionalización, comunicación, editorial universitaria, estímulos, reconocimientos, dotaciones, equipamiento, seguridad, control, navegabilidad), por mencionar algunos de los componentes que intervienen en el manejo de la cosa pública.
La incertidumbre sobre el manejo presupuestal y financiero de la universidad cobra preocupación y desazón de la comunidad universitaria, al tanto que, apertura la posibilidad de una intervención total del MEN a fin de garantizar la continuidad de prestación del servicio de educación superior en la región. Exigencia que es evidente e imposible de evadir en tanto persistan las causas que dieron pie a la inestabilidad administrativa, económica-financiera y presupuestal del ente universitario, único patrimonio institucional de los chocoanos.
