El litoral chocoano enfrenta una acelerada crisis debido al avance implacable del mar. La combinación de variabilidad climática, aumento del nivel del mar, fuertes oleajes e inundaciones fluviales ha provocado un severo socavamiento que tiene en alerta roja a las comunidades costeras del Chocó.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta tras constatar en terreno el impacto negativo sobre los derechos fundamentales, la infraestructura y las prácticas socioculturales en esta región del país.
Nuquí
En Nuquí, la erosión marina y la dinámica de los ríos han alcanzado niveles críticos. Un seguimiento técnico de la Defensoría del Pueblo priorizó ocho corregimientos e insulares de esta localidad: Tribugá, Panguí, Coquí, Joví, Partadó, Arusí, Termales y Jurubirá, además de su cabecera municipal.
Emergencia agravada: La situación se tornó más compleja a partir de mayo de 2024 tras el desbordamiento de los ríos Aguas Calientes y Ostional, en Termales, obligando a declarar la calamidad pública.
Población en riesgo: Más de 1.300 familias enfrentan la amenaza de desplazamiento ambiental por el socavamiento del terreno y la pérdida paulatina de la playa.
Afectación a servicios e infraestructura: En poblados como Jurubirá, el oleaje carcome las orillas y pone en riesgo viviendas, senderos peatonales, redes eléctricas y acueductos. La interrupción del paso costero dificulta las evacuaciones médicas y el acceso a la salud.
Impacto sociocultural: El mar ha destruido lugares donde crecen plantas esenciales para la “siembra del ombligo”, práctica ancestral que simboliza el vínculo del recién nacido con el territorio.
El fenómeno no da tregua en el Pacífico Norte chocoano:
Juradó: La erosión marina azota de manera directa la cabecera municipal, comprometiendo inmuebles y sectores urbanos habitables. La comunidad exige la construcción urgente de obras de protección y la estabilización de sus playas ante la pérdida constante de franja costera.
Bahía Solano: Autoridades y personería local señalan que las fuertes marejadas y las intensas lluvias han aumentado la vulnerabilidad de corregimientos rurales y zonas costeras. Habitantes de sectores golpeados se ven forzados a improvisar barreras mecánicas con sacos de arena ante la falta de obras permanentes.
Bajo Baudó (Pizarro): El avance de la línea de orilla amenaza directamente a la cabecera municipal de Pizarro, afectando la estabilidad del suelo, la actividad pesquera y la conectividad fluvial-marítima del sur del departamento.
Acandí (Caribe Chocoano): En la zona del Darién, las marejadas de leva e inundaciones marinas atacan los asentamientos cerca a las desembocaduras de los ríos. La pérdida de terreno golpea las viviendas costeras, los santuarios de anidación de tortugas marinas y las actividades agro-turísticas locales.
El llamado a la acción institucional
En el marco de la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional —que impone pautas de prevención, adaptación y mitigación del riesgo ambiental—, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales (como la UNGRD y el Invemar) a implementar planes de choque integrales.
Las comunidades de Nuquí, Juradó, Bahía Solano, Bajo Baudó y Acandí no solo reclaman espolones o muros de contención bien planificados técnicos y ambientalmente, sino medidas urgentes de reubicación segura que impidan que la marejada siga borrando sus pueblos del mapa.
