José María Daza Sánchez
El mototaxismo en Colombia se inició de forma espontánea e incipiente en los años 90, principalmente en la región de la costa Caribe, y se extendió al resto del país. Su surgimiento estuvo ligado a la deficiencia del transporte público en esa época y a la falta de oportunidades laborales. No hay una fecha exacta, pero se estima que para los años 1992-1995 ya era un servicio visible.
El fenómeno del mototaxismo es una actividad ilegal, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio del Transporte Y fue en la ciudad de Cartagena de Indias en donde coge auge, entre los años 2000 y 2002.
El mototaxismo en Colombia es una actividad catalogada por el Ministerio de Transporte como ilegal, argumentando en su posición de autoridad que la moto no es homologable para prestar el servicio de transporte público de pasajeros por razones seguridad y comodidad. Desde este enunciado vemos algunos aspectos en contra que tiene esta actividad como ‘’medio de transporte público’’, como lo son:
La alta siniestralidad, la grave afectación de la movilidad, la contaminación del medio ambiente, las condiciones de higiene a que se expone al usuario, la situación laboral de los conductores, la amenaza económica que representa la implementación de un sistema integral de transporte y lo alto riego en la seguridad de la ciudadanía.
Ahora bien, en estos días decembrinos se está hablando del aumento de la tarifa en Quibdó, que pasaría de $4.000 a $5.000 por recorrido.
En virtud de la necesidad y la ilegalidad, los operadores del servicio, asumen la imposición del cobro a su antojo. Vienen aumentando el valor del recorrido de a $1.000, cada que se les viene en gana, sin que haya autoridad que tome medidas al respecto. En esta ocasión dicho aumento representa un incremento del 25%, lo cual es exagerado para el bolsillo de los habitantes de la ciudad. No hay control ni intervención de autoridad alguna.
El gobierno nacional le dejó el ‘chicharrón’ a las autoridades locales y estas nunca asumieron la responsabilidad ni el control y hoy en día es un ‘’monstruo’’ casi incontrolable, pese a que es en su territorio, no se han tomado las medidas necesarias.
La autoridad principal que aprueba los valores de los pasajes de transporte público, para el caso de Quibdó, es el alcalde, quien, en ejercicio de sus facultades legales, puede expedir decretos para establecer las tarifas, como se evidencia en los documentos de la Alcaldía de Quibdó. Otras autoridades, como el Concejo Municipal, tienen la facultad de modificar la normativa relacionada con las tarifas y rentas municipales, tal como se observa en el Acuerdo 007 de 2023 del Concejo Municipal de Quibdó. A un nivel nacional, el Ministerio de Transporte establece las políticas generales y la Superintendencia de Transporte ejerce funciones de vigilancia y control sobre el sector. Estas dos entidades no han asumido su rol.
Pues aquí es necesario que, finalmente, se asuma el tema con responsabilidad, con seriedad, que realmente beneficie a toda la ciudadanía, dado que en perspectiva no se avizora una solución de fondo ni a largo plazo y que se trabaje con lo poco que hay del transporte público urbano para que realmente se mejoren las condiciones de la prestación del servicio urbano de transporte.
No podemos seguir dependiendo de ese riesgoso y costoso mecanismo, que ayuda al desorden en la movilidad y buscar los recursos que transfiere el gobierno nacional, para tener un verdadero y decente sistema de transporte urbano, pero desde la perspectiva de la planeación a largo plazo. Realmente no ve uno acciones que aporten desde el consejo de la ciudad en ninguna materia. Es hora de que se asuma algún tipo de responsabilidad y no se siga mirando desde la tribuna el ‘dejar hacer, dejar pasar’.
