Daza Sánchez
Por José María Daza Sánchez
El endeudamiento o adquirir deuda para financiar sus necesidades ha sido un mecanismo en la mayoría de casos favorable, entre tanto se realice bajo perspectivas de transparencia y responsabilidad, para el caso de los entes territoriales, especialmente los municipios.
En el transcurrir de la historia de la sociedad es permanente el comprometerse adquiriendo préstamos para cubrir algunas necesidades que el ingreso ordinario no alcanza a cubrir. Una persona normal solicita una tarjeta de crédito o adquiere un crédito para poder financiar algunas de sus necesidades y de manera responsable se compromete con el banco respectivo a pagar tales deudas de acuerdo con sus ingresos.
Para hablar específicamente del caso de los entes territoriales, llámense municipios o departamentos, ante la limitación de gestión en la generación y el recaudo de ingresos propios y su dependencia de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías del gobierno nacional tienen que acudir a créditos para financiar obras necesarias que coadyuven en el desarrollo del ente territorial.
El nivel de endeudamiento de un municipio se mide por indicadores clave y está regulado en Colombia por las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, para asegurar la sostenibilidad fiscal, principalmente a través de la relación de intereses sobre el ahorro operacional (idealmente < 40%) y el saldo de deuda sobre ingresos corrientes (idealmente < 80%), con límites estrictos que, si se superan, restringen la capacidad de endeudamiento, enfocando los créditos en inversión y no en funcionamiento.
Estas normas determinan unos indicadores para evaluar el endeudamiento o Semáforo Fiscal que definen el nivel de riesgo (semaforización).
Estos elementos deben tenerse en cuenta al momento de aprobar, desde el concejo municipal o desde la asamblea departamental y ser exigentes y no hacerlo solo por ‘pupitriar’ la norma que autoriza el endeudamiento y hacerle el ‘mandado’ al alcalde o gobernador.
Además de eso, tienen que tenerse en cuenta tanto la proyección de los ingresos para cubrir ese compromiso como para qué se van a destinar, en qué obras, porque ese endeudamiento solo debe tener un destino y es inversión física, no puede gastarse esa plata en funcionamiento.
Así que no se puede estigmatizar al mandatario que pretenda tomar un crédito que va a servir para adelantar obras de relevancia dentro del área de cobertura y para eso debe de tenerse en cuenta que se requiere mostrarles a los ciudadanos cuál va a ser el manejo, en qué sectores y cuáles son las obras a desarrollar, cuál va a ser el beneficio para la ciudadanía y pues toda la información que no permita dudas, que muestren la transparencia con que se van a manejar dichos dineros y las condiciones en que se va a cancelar esa deuda.
Hay otros mecanismos de financiar obras como las contribuciones por valorización que paga cada predio, adicional al valor del impuesto predial, precisamente para financiar dichas inversiones, dado el beneficio que se recibe por tal obra, entre otros. Por ejemplo, Bogotá financió una gran cantidad de obras con este mecanismo, que se paga a cuotas y por anticipado.
Quibdó acaba de salir de la aplicación de la Ley de saneamiento fiscal o 550 de 1999, vigente en algunos aspectos y complementada con la Ley 1173 de 2007 y, sus modificaciones, que crea el marco para la Insolvencia de Entidades Territoriales, permitiendo a municipios con problemas financieros graves acogerse a un proceso de saneamiento fiscal, negociar deudas y recibir apoyo para reestructurarse, similar a un proceso de reorganización empresarial.
Mal puede entonces asumir deudas que se puedan convertir en problemas, a futuro, para el municipio y creemos que la decisión, tanto del Alcalde, como de los concejales será completamente responsable y no convertirla en problema a futuro para los siguientes personajes que vengan a ‘manejar’ este ente territorial, porque la realidad ya vivida demuestra que no fue fácil para esa deuda que se tenía con el gobierno nacional y los sacrificios que hubo de hacerse para poder estar hoy en una tercera categoría, hecho que beneficia las finanzas del municipio.
Esperemos, entonces que haya razonabilidad y racionalidad en esta decisión que se toma con relación al crédito que se quiere adoptar por parte de la administración municipal de Quibdó, porque $70.000 millones no son fáciles de pagar.
Nota: Agradecimientos a todas las personas que nos siguen y leen desde este importante medio niformaivo. Que tengan una muy feliz navidad y un exitoso y bendecido año nuevo.
