Por EDWARD TORRES RUIDIAZ.
Economista de la Universidad Católica de Bogotá, Especialista en Finanzas Públicas de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, candidato a Magister en Gestión de políticas Públicas de la Universidad Industrial de Santander-UIS. Docente Catedrático de la Universidad del Magdalena. Escritor y columnista. Asesor y consultor en temas de planeación territorial y finanzas públicas, ex diputado del Magdalena 2016-2019. Cel. 312669 9991.
EL SGP-048 O CUANDO LOS POBRES SUBSIDIAN A LOS RICOS
Hace cinco meses advertimos que las alcaldías y gobernación del Chocó y otros quince departamentos estaban en riesgo de perder $242 mil millones del Sistema General de Participaciones—SGP. Lastimosamente, ninguno de los alcaldes y gobernadores atendió nuestra advertencia y hoy la pérdida fue una realidad. La historia es la siguiente:
La pobreza NBI Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas) es uno de los criterios de distribución de transferencias. A mayor pobreza, más transferencias se reciben, ordena la Constitución. Por ello con el nuevo censo 2018, a quienes les disminuyó la pobreza-NBI, le debían bajar las transferencias y a quienes les aumentó le subirían.
Y así sucedió. En febrero pasado el gobierno hizo la primera distribución con el documento SGP-042, aplicando el nuevo censo, y las cifras beneficiaron con mayores recursos a municipios de Chocó, Córdoba, Bolívar y Magdalena, los más “pobres”, y perjudicó con menos recursos a municipios de Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Santander, los “más ricos” o “menos pobres”. Tal cual lo ordenan las normas de focalización.
No obstante, el gobierno pensaba distinto y cinco meses después, el 10 de julio, expidió un nuevo documento SGP-048, que cambió la anterior distribución quitando a las alcaldías y gobernaciones más pobres unos $202 mil millones, de los recursos que justamente les había asignado el SGP-042, para compensar la pérdida de los “más ricos”.
Es decir los “pobres”, inicialmente beneficiados pasaron a ser los perjudicados, al no aplicar las cifras del nuevo censo. Entre ellos el Magdalena, cuyas alcaldías y gobernaciones perdieron $16.412 millones en el SGP propósito general y agua potable liquidados por pobreza y población (ver imagen).
Como resultado, hoy Boyacá, con pobreza de apenas 10% recibe por habitante el triple de transferencias que La Guajira, aun- que la pobreza de esta última es cinco ve- ces mayor con 52%. La violación del principio de subsidiariedad y el objetivo de fo- calización es escandaloso (ver gráfico a la izquierda).
EN CHOCÓ LOS 30 MUNICIPIOS PERDIERON CON EL SGP-048
Lloró y Carmen del Darién fueron los más perjudicados, perdiendo en 2020 $2.997 millones y $2.746 millones respecto a lo que antes les había asignado el SGP-042, es decir cada uno perdió más de $12.000 millones en el cuatrienio, un valor astronómico para municipios de tan pocos ingresos y de tantas necesidades. Obsérvese en el cuadro que su pobreza relativa fue la que más aumentó también.
En total los municipios perdieron más de $47 mil millones anuales y la Gobernación del Magdalena perdió en agua potable más de $66 millones.
El impacto negativo acumulado para los más pobres es mucho mayor si consideramos que afecta también recursos de salud pública y alimentación escolar y que en 2007 se hizo lo mismo con las cifras del censo 2005, mediante un parágrafo “temporal”, que quedó permanente, en el artículo 357 de la Constitución.
Que los pobres reciban menos transferencias de las que merecen y los ricos más de ello, puede explicar la persistente desigualdad de Colombia
. ¿QUÉ HACER?
Actuar jurídicamente contra el decreto 943/20 que reguló el SGP-048, invocando los derechos funda- mentales del artículo 13 de la Constitución Política, rector de los principios de subsidiariedad y las estrategias de focalización, claramente violados pues, contrario a ello, se quitan recursos a los “pobres” para entregar a los “más ricos”.
Igualmente aprovechar la torpe justificación del recorte en la ley 2008/19, al llamar “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias por el nuevo censo, que no apli- ca para más de 400 municipios “pobres” que se benefician por ello,
Ello requiere que “alguien”, un Alcalde, Gobernador o Congresista, asuma el liderazgo de demandar el SGP-048. No obstante, preocupa que alcaldes y Gobernadores ni siquiera se han dado cuenta del casi $1 billón que perdieron en el cuatrienio, aunque algunos fueron advertidos.
Esperemos que esta vez sí actúen. O que al menos se enteren.
