Los fallos están relacionados con los desplazamientos forzados de las comunidades indígenas Nuevo Olivo, en Bojayá, y Baudatá, Quibdó. Una de las decisiones fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó.
El Ministerio de Defensa Nacional divulgó entre el 12 y el 13 de noviembre de 2026 dos decisiones judiciales que declararon la responsabilidad de la Nación por los perjuicios ocasionados a integrantes de comunidades indígenas del Chocó como consecuencia de desplazamientos forzados ocurridos en 2020, 2021 y 2022.
Los procesos corresponden a las comunidades Nuevo Olivo, ubicada sobre el río Bojayá, en el municipio de Bojayá, y Baudatá, en Quibdó. En ambos casos, los fallos fueron proferidos por juzgados administrativos del circuito de Quibdó, dentro de procesos de reparación directa.
Responsabilidad por el desplazamiento de Nuevo Olivo
El primer pronunciamiento fue divulgado por el Ministerio de Defensa el 12 de noviembre de 2026. Se refiere al proceso de reparación directa promovido por Ilmer Machuca Patuca y otras personas, identificado con el radicado 27001-33-33-003-2022-00589-00.
De acuerdo con la información oficial, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó declaró la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados a los demandantes a raíz del desplazamiento forzado de integrantes de la comunidad indígena Nuevo Olivo, ubicada sobre el río Bojayá.
El desplazamiento ocurrió entre el 9 de mayo de 2020 y noviembre de 2021. La decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante la Sentencia 147 del 21 de agosto de 2025.
El caso corresponde a una afectación prolongada de la comunidad. En 2021, un reporte humanitario citado por medios de comunicación registró que integrantes de Nuevo Olivo permanecían desplazados en Tawa y no contaban con condiciones para retornar de manera segura a su territorio.
Sentencia por el desplazamiento de la comunidad Baudatá
El segundo pronunciamiento fue divulgado por el Ministerio de Defensa el 13 de noviembre de 2026 y corresponde al proceso de reparación directa promovido por Rupertino González Díaz y otras personas, con radicado 27001333300120220044700.
En este caso, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó declaró la responsabilidad de la Nación por los perjuicios derivados del desplazamiento forzado sufrido por integrantes de la comunidad indígena Baudatá, Quibdó.
Según el comunicado del Ministerio, el desplazamiento ocurrió el 9 de febrero de 2022.
A diferencia del caso de Nuevo Olivo, la información divulgada no precisa la fecha de la sentencia ni señala si la decisión fue apelada o si se encuentra ejecutoriada.
Dos procesos judiciales y una deuda de reparación
Las dos decisiones tienen relevancia porque reconocen, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, la responsabilidad estatal por los daños sufridos por integrantes de comunidades indígenas que fueron obligados a abandonar sus territorios.
Los procesos se tramitaron como acciones de reparación directa. Esta figura jurídica permite reclamar al Estado por daños antijurídicos que se atribuyen a la acción u omisión de entidades públicas. La declaración de responsabilidad patrimonial no debe confundirse con una condena penal contra funcionarios o integrantes de la Fuerza Pública.
La publicación de estos dos fallos vuelve a poner sobre la mesa la situación de las comunidades indígenas del Chocó afectadas por el conflicto armado y la necesidad de que las decisiones judiciales se traduzcan en medidas efectivas de reparación, garantías de no repetición y protección de sus territorios.
