Cuatro dragas y dos retroexcavadoras, avaluadas en 4.500 millones de pesos, fueron dinamitadas por funcionarios de la Policía, el Ejército, Codechocó y la Fiscalía.
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Las máquinas formaban parte de dos entables mineros ubicados cerca de San Isidro La Loma, municipio de Río Quito, que no tenían título minero ni licencia ambiental.
