
Cuatro dragas y dos retroexcavadoras, avaluadas en 4.500 millones de pesos, fueron dinamitadas por funcionarios de la Policía, el Ejército, Codechocó y la Fiscalía.
Las máquinas formaban parte de dos entables mineros ubicados cerca de San Isidro La Loma, municipio de Río Quito, que no tenían título minero ni licencia ambiental.