Despojo invisible de una selva chocoana

Tomado de Verdad Abierta https://verdadabierta.com/especiales-v/2021/despojo-invisible/es/

Dirección, investigación y redacción: Carlos Antonio Mayorga Alejo. Edición: Juan Diego Restrepo E., Andrés García. Reportería, fotografía y realización multimedia: Carlos Antonio Mayorga Alejo. Traducción al inglés: Juan David Restrepo O. Desarrollo web: Digital Cocktail

Las comunidades negras del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), que representa a centenares de familias negras organizadas a lo largo de los ríos del sur del departamento de Chocó, en la zona meridional de Colombia, se enfrentan a un posible despojo material de una porción de su territorio, más grande que un país como Malta.

Desde 2012, la entonces sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde —hoy, Eightfold Colombia—, ha hecho lo posible por quedarse con 32.450 hectáreas de un paraíso biodiverso ubicado en el municipio de Sipí. Un pedazo de selva en el que han vivido por generaciones familias afrodescendientes e indígenas al margen de la protección y las garantías estatales, y bajo el riesgo de una guerra interminable.

Hoy, el título está enredado en una maraña de empresas, abogados y empresarios en Panamá, Estados Unidos y Canadá; pero todos los hilos se tejen alrededor de Daniel Alexander White, un empresario canadiense que carga sobre su espalda litigios jurídicos, investigaciones tributarias y una desprestigiada reputación en la manera cómo hace negocios.

Miedo en el corazón de la selva

Las comunidades negras de Sipí han resistido a grupos armados ilegales, economías ilícitas, saqueo de recursos minerales y forestales, desamparo del Estado y, lo más reciente, el despojo de su territorio.

“No queremos escuchar más de proyectos de seguridad alimentaria”, dice un hombre negro sentado en una silla de plástico roja. Bajo una tenue luz artificial que apenas lo separa de la oscuridad de las noches ribereñas, sus palabras suenan contundentes: de hambre no se van a morir, porque la abundancia de las tierras de ese pedazo de Colombia hace que puedan ‘resolver’ la comida de cada día. El resto de la comunidad vitorea, casi como una sola voz: “¡Sí, así es!”. Están hartos de simplemente sobrevivir.

Lo que quieren las comunidades negras de la región del San Juan es que las actividades agropecuarias que realizan les generen ingresos, pero el transporte de las cosechas es costoso por las vías obligadas de Sipí: los ríos. Estas comunidades ya no aguantan ver cómo se pudren las cosechas de arroz, plátano, cacao o marañón, porque no hay cómo sacar del municipio esos productos ni quién los compre.

La única manera de moverse en esa región es por agua, por eso las 14 comunidades negras del municipio están asentadas en las riberas de los imponentes brazos fluviales de los ríos Sipí, Garrapatas y San Agustín que suben y bajan entre espesas capas de selva y confluyen en el río San Juan, la segunda arteria fluvial más importante de Chocó, después del Atrato.

Durante años, sus pobladores han esperado ofertas distintas a la minería, el cultivo de hoja de coca para uso ilícito, la vinculación a grupos armados ilegales o cualquier opción distinta a la relacionada con empresas foráneas que quieren abusar de ellos y aprovecharse de su territorio. Lamentablemente, la mayoría de las que han llegado a las selvas del sur chocoano son empresas mineras y el apuro económico ha vuelto a las comunidades de Sipí presas fáciles.

Así llegó, por ejemplo, la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde (hoy, Eightfold Colombia) a este territorio en 2012, con supuestos proyectos enfocados en la preservación medioambiental, pero, a diferencia de lo que han hecho las empresas con declarados intereses mineros, Progreso Verde llegó reclamando como propias 32.450 hectáreas que, ancestralmente, le pertenecen a las comunidades negras.

Hoy, lo único seguro que tenían los negros y negras de Sipí, la tierra, su bien más preciado, por ser el territorio la base fundamental de la que depende su existencia como comunidades étnicas, está en peligro.

Sipí, un paraíso desamparado

En la costa Pacífica colombiana hay un lugar que el mundo no suele tener presente, pero que lo es todo para 3.220 personas, la mayoría negras, y otro tanto indígenas. Sipí, en la subregión del San Juan, es uno de los 30 municipios que conforman Chocó, uno de los departamentos de Colombia con mayores índices de pobreza del país, habitado por miles de víctimas del conflicto armado, afectadas por el despojo de sus tierras ancestrales a manos de personas externas a la región.

De toda Colombia, en 2019 el mayor nivel de incidencia de la pobreza monetaria departamental —los ingresos de una familia comparados con el costo de la canasta de bienes alimentarios — lo registró Chocó con 68,4 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Sipí padece altos índices de rezago escolar, no posee saneamiento básico, agua potable ni fuentes de empleabilidad, lo que contrasta con una gran riqueza mineral bajo su suelo —de ahí la fuerte vocación minera de las comunidades negras del municipio— y un paraíso biodiverso que tapiza cada rincón de los 1.274 kilómetros cuadrados de su superficie.

Según registros del Instituto Nacional de Salud (INS), Sipí es uno de los pocos municipios del país en donde ha sido ínfima la presencia del virus conocido como Covid-19. Lo mismo se podría decir del Estado y la paz.

De un lado, la deficiente inversión y amparo del Estado ha repercutido en la fragilidad de las comunidades, que hoy afrontan un precario sistema de salud y educación. Mientras, las obras de infraestructura esenciales van a paso de tortuga: en la región siguen esperando la construcción de la primera carretera en todo el municipio —el tramo de 14 kilómetros carreteables entre la vereda El Cajón, del vecino municipio de Nóvita, y la cabecera municipal de Sipí—. A este plan se le asignaron recursos por 20.413 millones de pesos del sistema general de regalías y no hay avances. Lo mismo pasa con 19 proyectos priorizados por 102.765 millones de pesos para vías terciarias.

Sólo desde noviembre de 2020, buena parte de sus pobladores disfrutan del flujo ininterrumpido de electricidad con la inauguración de la interconexión eléctrica —aunque las veredas de Charco Hondo, Barrancón, Charco Largo-La Unión, Chambacú y el resguardo indígena de Sanandocito tienen que utilizar plantas eléctricas alimentadas con combustible y quedarse a oscuras desde las 10 de la noche—.

Del otro lado, las comunidades de la región del San Juan se encuentran bajo el yugo de grupos armados ilegales que condicionan la movilidad por los ríos, además de victimizar y revictimizar a negros e indígenas.

Durante décadas, en esta región operó el Frente Aurelio Rodríguez de la extinta guerrilla de las Farc, pero tras el Acuerdo de Paz firmado con el Estado colombiano el 24 de noviembre de 2016, esa unidad insurgente abandonó la zona y se apropió de ella el Frente de Guerra Occidental del Eln, comandado por Emilce Oviedo Sierra, conocida con el alias de ‘La Abuela’. Además, en los últimos años se han expandido hasta esas zonas selváticas, desde el departamento de Valle del Cauca, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), un grupo de origen paramilitar llamado por las autoridades ‘Clan del Golfo’.

Según la Defensoría del Pueblo, en Sipí se encuentran importantes corredores naturales de movilidad fluvial hacia Valle del Cauca que facilitan el transporte de alijos de clorhidrato de cocaína hacia puertos marítimos.

“El potencial para la extracción minera de oro, plata y platino de estos y otros municipios del San Juan, también le asigna una posición estratégica a Sipí y Nóvita en el desarrollo del conflicto armado. El desarrollo de estas actividades históricamente ha atraído a los grupos armados ilegales con propósitos asociados primordialmente a la obtención de rentas ilícitas provenientes de extorsiones”, se lee en la Alerta Temprana de Inminencia 031 de 2019, emitida por la Defensoría del Pueblo el 19 de julio de 2019.

Para la fecha en que Progreso Verde, representada en esos momentos por Luis Enrique Betancur Hernández, inició conversaciones con las comunidades negras de esta región, el conflicto armado en el municipio era palpable. En junio de 2013, este empresario compró las tierras que hoy amenazan la propiedad colectiva de las comunidades negras de Sipí. Quince días antes de ese negocio, cuatro personas fueron impactadas por explosivos lanzados, presuntamente por guerrilleros del Eln, contra la Policía en la cabecera municipal de Sipí. Dos de las víctimas, menores de edad, murieron.

Por este hecho se desplazaron 113 familias y, al menos, “1.045 personas sufrieron restricciones a la movilidad en los corregimientos de Marquesa, Santa Rosa y Tanando”, según documentó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).

Esa situación recuerda el desplazamiento de Santa Rosa en 2006, una de las comunidades asentadas en el municipio que padeció un cruento enfrentamiento entre grupos armados ilegales que obligaron a sus pobladores a dejar su territorio y volver dos años después sin el debido acompañamiento de las autoridades estatales.

Además de registrar altos índices de víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos entre la población civil, San Juan es una de las regiones del departamento con los índices más altos de cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Más de la mitad de los 19 municipios de Chocó que figuran en los registros del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), pertenecen a San Juan. Para 2019, Sipí era el tercer productor de esa actividad ilegal.

Según información de la Defensoría del Pueblo y de líderes y lideresas locales, en los últimos años en la región de San Juan al parecer se estableció un pacto de no agresión entre el Eln y las Agc que permitió la reducción de los enfrentamientos y que se presume que aún está vigente si se tienen en cuenta las pocas agresiones que se registran.

Aun así, la amenaza es latente y los negros e indígenas de Sipí están a la expectativa de lo que decidan aquellos que portan los fusiles. Por ello, varias organizaciones de derechos humanos y entidades estatales, como la Defensoría del Pueblo, han prendido las alarmas para evitar una mayor victimización de estas frágiles comunidades que han sufrido diversas violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, confinamientos, desplazamientos y asesinatos de sus líderes y lideresas sociales.

Acadesan: un proceso de comunidades negras

En estas tierras de la región Pacífica, ante el anuncio a mediados del siglo pasado de la materialización de megaproyectos como Calima I, II, III y IV en el municipio de El Darién, Valle del Cauca, colindante con el municipio chocoano del Litoral del San Juan, las comunidades negras e indígenas que habitaban esa región les preocupaba el impacto de esas obras en sus territorios. Por esto se unieron en lo que se conoció como el Gran Territorio Wounaan – Negro del San Juan.

No obstante, el pueblo Wounaan se desligó de esa iniciativa e inició un proceso aparte, ante lo cual las comunidades negras se recogieron en la Asociación Campesina del San Juan. Años después, conformaron el consejo comunitario y terminaron de ajustar su nombre, que actualmente se conoce como Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan).

Gran parte del territorio de Sipí se encuentra dentro del título colectivo de Acadesan, junto con los municipios de Istmina, Medio San Juan, Nóvita y Litoral del San Juan. Con la Resolución 02702 del 21 de diciembre de 2001, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) entregó 683.591 hectáreas en las que hoy viven 72 comunidades negras que ocupan colectivamente el título bajo las tres características fundamentales que establece la Ley 70 de 1993: inalienables, imprescriptibles e inembargables. O eso se suponía.

En papeles que el Estado reconoce como legales, una parte del territorio de ese título colectivo fue deslindado jurídicamente. Hoy, el consejo comunitario se encuentra ante la posibilidad de un despojo material y detrás de todo ello está una red empresarial que se extiende hasta Canadá.

La tradición de un título cuestionable

Aunque las comunidades negras del Consejo Comunitario del San Juan temen que se materialice el despojo de por lo menos 32 mil hectáreas de su territorio por las movidas de una red empresarial internacional, no fueron propiamente esas sociedades las primeras propietarias. Antes de llegar a ellas pasaron por varias manos que, al parecer, simularon la legalidad de un título irregular.

El 10 de febrero de 1990 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) supuestamente emitió la Resolución 01326, mediante la cual tituló 32.450 hectáreas en las profundas selvas del sur del departamento de Chocó, desafiando la normatividad vigente para la época, que limitaba ese tipo de decisiones a sólo 450 hectáreas. El beneficiario fue Elvar Córdoba Delgado, oriundo del municipio de Yumbo, en Valle del Cauca.

La extensión de ese predio, que posee una gran riqueza natural, es de 32.450 hectáreas, superior a la superficie de un país como Malta y de mayor tamaño que por lo menos 500 municipios colombianos. Está situado, según documentos consultados, en el “costado oriental aguas abajo del Río Garrapatas, Serranía de los Paraguas, en el municipio de Sipí del departamento de Chocó”.

Esa gran cantidad de tierra se traslapa con el título colectivo del Consejo Mayor Comunitario General del San Juan (Acadesan), circunstancia que inquieta a los pobladores de las comunidades negras asentadas en Sipí porque temen que se cercene su territorio ancestral.

Una revisión al certificado de tradición y libertad inscrito en la Superintendencia de Notariado y Registro bajo el número de matrícula inmobiliaria 184-9929, permite observar que esa supuesta adjudicación fue registrada debidamente, pero 15 años después de ocurrida, lo que plantea dudas sobre su legalidad.

Pero no es la única inquietud. Al buscar esa adjudicación en el inventario de solicitudes titulación de baldíos, no aparece registrada, como si la autoridad agraria nunca hubiera tomado esa decisión, aunque ese acto administrativo es reconocido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y así se lo hizo saber a este portal luego de consultarle este caso.

Desafiando toda ley

Para la supuesta fecha de adjudicación estaba vigente la Ley 135 de 1961, sobre reforma social agraria, mediante la cual se pretendía eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierra “a los que no las posean”. En el artículo 29, “sobre baldíos de la Nación”, se precisa que sólo se podrían adjudicar por “ocupación previa y en favor de personas naturales o de cooperativas o empresas comunitarias campesinas”.

Esa norma también precisaba que la extensión del predio adjudicable no podría exceder las 450 hectáreas por “persona o por socio de la empresa comunitaria o cooperativa campesina”. La especificación para personas naturales podría hacer que la adjudicación fuera mayor si se alegaba que estaban “ubicadas en regiones muy alejadas”, pero, en todo caso, el máximo que se estipulaba era mil hectáreas.

Esto sin contar que regiones como el sur de Chocó eran consideradas Zona Forestal Protectora, en aplicación de la Ley 2 de 1959, que regula la economía forestal de la Nación y conserva los recursos naturales. Por esa razón, en principio, no se debió titular tierras a personas naturales en Sipí y sus alrededores.

También la fecha de adjudicación es motivo de inquietud. Hasta 1993, con la Ley 70, se definió la ruta para la titulación colectiva para las comunidades negras; y sólo es hasta 2001, que el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), logró la titulación colectiva ante el Incora. Y si bien la adjudicación al parecer se dio en 1990, fecha para la cual ninguna comunidad negra tenía titulación colectiva sobre sus tierras, las comunidades del San Juan ya estaban organizadas y habitaban esos territorios de tiempo atrás.

Y si de titularidad se trata, las 32.450 hectáreas adjudicadas no sólo afectan el territorio de las comunidades negras de Sipí, sino también, en una menor proporción, al resguardo indígena Río Garrapatas, del pueblo Embera Chamí. Al respecto, la Ley 135 precisa que “no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos que estén ocupados por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas”.

De ser cierta esta adjudicación, al Incora se le pasó que desde el 26 de marzo de 1980, mediante la Resolución 021, se constituyó como reserva indígena ese territorio que, posteriormente, fue formalizado como resguardo el 1 de junio de 1987 a través de la Resolución 043.

Un completo desconocido

Para las comunidades negras de Sipí el nombre de Elbar Córdoba Delgado es desconocido tanto en la cabecera municipal como en las veredas de Tanando, Santa Rosa y Marquesa, cercanas al predio adjudicado. Fuentes consultadas por este portal afirmaron que nunca antes habían oído hablar del adjudicatario y mucho menos reconocen que algún hacendado vallecaucano trabajara tanta tierra en esa región.

Esa falta de reconocimiento no es menor, pues una de las condiciones exigidas por la Ley 135 de 1961 es que además de ocupar el predio, el adjudicatario debía explotar económicamente las dos terceras partes de la superficie de la tierra solicitada al Incora. Sin embargo, la comunidad sostiene que la realidad es otra. “Ni los apellidos son del territorio”, precisa Elizabeth Moreno Barco, también conocida como ‘Chava’, representante legal del Consejo Mayor de Acadesan.

¿Se trata de un proceso irregular? Los indicios parecen indicar que sí. Y aún hay más sospechas. Para la fecha de la adjudicación, John Jairo Arcila Ramírez era el gerente regional del Incora de Cali. Años después fue procesado y condenado, junto con otros miembros de esa oficina, por adelantar un proceso irregular de adjudicación de baldíos.

Ese caso tiene puntos en común con la supuesta adjudicación de tierras en Sipí. Según el expediente 14981 de 1998, la oficina que Arcila dirigía adjudicó un predio saltándose el debido procedimiento para la adjudicación de terrenos baldíos, contemplado en el decreto 2275 de 1988. Ante esas irregularidades, el Incora le quitó las tierras a quienes las habían recibido de manera irregular y se inició el proceso legal en contra de los funcionarios públicos de la regional Cali del Incora que incurrieron en los hechos delictuosos.

Por estos hechos fueron judicializados Arcila y algunos abogados de la entidad, destacándose Constanza Medina Chaparro, quien en la resolución que favoreció a Córdoba aparece firmando en el campo “Datos de registro” de la adjudicación. En suma, por lo menos dos de los firmantes que figuran en el certificado de adjudicación de las 32.450 hectáreas que Acadesan reclama, enfrentaron una sanción penal por un proceso ilegítimo de adjudicación de baldíos.

A través del cruce de diversas fuentes de información, este portal estableció que en el expediente que posee la ANT faltan varios de los documentos propios del procedimiento de adjudicación de baldíos, entre ellos copia de la solicitud de adjudicación, los planos del predio y copia de la gaceta o diario oficial en el que se debía registrar la decisión administrativa, lo que evidenciaría posibles actuaciones ilegales en el trámite.

¿Registro irregular?

Otro dato que genera sospechas sobre la validez de esa adjudicación es la demora en registrar la resolución ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Istmina, que tiene jurisdicción sobre Sipí. La inscripción se hizo el 31 de marzo de 2005, es decir, 15 años después de expedida la supuesta resolución por parte del Incora.

El equipo jurídico que apoya a Acadesan en este proceso se pregunta por qué esperar tantos años para registrar esa cantidad de tierras. Para resolver esa duda, VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Elvar Córdoba a través de los medios de contacto registrados en las escrituras que firmó, pero ninguna línea tenía tono.

Además de la demora en el registro, una revisión al certificado de tradición y libertad que arroja el sistema de la Superintendencia de Notariado y Registro genera otra inquietud más que pone en duda la legalidad de esta titulación. Esta vez tiene que ver con el número catastral del predio.

Hasta 2012, las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos asignaban un código catastral de 20 dígitos. A través de ese número se establecen varias características del predio inscrito, entre ellas su ubicación por departamento y municipio. Al observar un certificado de tradición y libertad actual, bajo el cual se inscribió el predio de 32.450 hectáreas, se destaca un código catastral irregular por cuanto sólo tiene 19 dígitos y correspondería a un predio situado en un municipio que no existe en el departamento de Boyacá.

Con la implementación en 2013 del Número Predial Nacional (NPN), adoptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para identificar las propiedades urbanas y rurales, el código se aumentó a 30 dígitos que incluye información de Catastro, y de Notariado y Registro. De esa manera, el predio reclamado por Acadesan cambió de código catastral y esta vez se ubicó en Sipí. Es así como la matrícula adquirió un formalismo de legalidad, pero sigue sin existir en las bases de datos del catastro.

VerdadAbierta.com consultó con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) sobre las posibles razones de esa variación del código catastral. En una primera explicación Andrea Caterine Mora Silva, coordinadora del Grupo de Interoperabilidad Registro Catastro Multipropósito, aseveró que, efectivamente, el código de antes de 2013 “no permite hacer la identificación a nivel catastral del bien inmueble en el municipio de Sipí, en el departamento de Chocó”.

Y en una segunda explicación sobre por qué ocurren ese tipo de errores, la funcionaria respondió que “podrán estar asociados a la manera de inscripción de los números catastrales anteriores y nuevos, debido a que la información del código anterior catastral contenidos en los folios de matrículas inmobiliarias se inscribían en el folio por el calificador respectivo a partir de un certificado catastral o la identificación del número o código catastral o predial consignado o referido en una escritura pública”.

A la SNR también se le consultó quién estaba a cargo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Istmina en el año 2005. Según la oficina de prensa de la entidad, el registrador seccional era Gentil Iván Díaz, ya fallecido.

En 2008 este predio fue vendido por Córdoba a Evelio Arias Marín y Jorge Andrés Córdoba Carvajal. El negocio fue asentado en la escritura pública 4153 del 23 de octubre de ese año ante la Notaría 21 de la ciudad de Cali. Lo particular de este negocio es el precio de venta: 5 millones de pesos, es decir, por cada hectárea se pagaron 154 pesos (ni siquiera alcanza a ser un centavo de dólar), una cifra que también genera muchas dudas sobre la legalidad de esta transacción inmobiliaria.

Al preguntar a algunos pobladores de las comunidades asentadas en las inmediaciones del río Garrapatas por los nuevos dueños del predio, todos respondieron que nunca habían escuchado de ellos.

VerdadAbierta.com intentó comunicarse con Arias y Córdoba a través de los números de celular registrados en documentos relacionados con el negocio, pero no se obtuvo respuesta.

Aparece empresa sospechosa

Estos nuevos propietarios harían el negocio de su vida cinco años después, cuando vendieron el predio de 32.450 hectáreas a una empresa llamada en aquel entonces Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S, representada por Luis Enrique Betancur Hernández. En esta ocasión, la transacción se registró en la Notaría 28 de Bogotá mediante la escritura pública 1142, fechada el 26 de junio de 2013.

Inicialmente, la venta se acordó por 3,4 millones de dólares, equivalentes a 6.556 millones de pesos de acuerdo con la tasa vigente el día del negocio, y así quedó registrado en el certificado de tradición y libertad del predio. Pero los documentos reflejan que se habrían pagado 446 millones de pesos. ¿Por qué esa variación en el precio de la tierra?

Resulta que Arias y Córdoba se comprometieron a entregar una copia completa y autenticada del expediente de adjudicación de las 32.450 hectáreas, que debía tener la autoridad agraria de aquella época, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), y un documento firmado por las autoridades negras de Acadesan en el que reconocían la existencia de un predio privado dentro de su territorio colectivo. Pero los vendedores no aparecieron ni con lo uno ni con lo otro.

“Yo me acuerdo que hubo un arreglo porque ellos no pudieron cumplir nada de lo que estaba pactado en la escritura original. Pero a ellos sí se les pagó una buena tajada”, recuerda Betancur, quien fue contactado por este portal en Timor Oriental, donde, al parecer, presta sus servicios al gobierno de ese país del sudeste asiático en temas medioambientales.

La escritura pública en poder de VerdadAbierta.com muestra que como parte de esos pagos a los vendedores la empresa Desarrollo e Inversiones Progreso Verde giró dos cheques de gerencia: uno por 111 millones 440 mil 095 pesos a nombre de Marcela García Ocampo; y otro por 100 millones de pesos para Sandra Milena Vélez, ambos fechados el 26 de junio de 2013. Se desconoce a nombre de quién se giraron los dineros restantes.

De cara a estos incumplimientos, al preguntarle a Betancur si él o la empresa siguieron en contacto con los antiguos propietarios, aseguró que nunca más volvieron a hablar. “Cogieron sus cheques y se borraron del mapa”, sostuvo.

No obstante, en la escritura se consignó una cláusula al respecto con la cual pretendían librarse de cualquier responsabilidad frente a otros ocupantes: “Los VENDEDORES declaran y garantizan que: (i) No existe posesión ni propiedad comunitaria sobre el inmueble objeto de venta por parte de grupos étnicos, o que configure el carácter legal de resguardo indigena, y que el inmueble objeto venta es en su totalidad de propiedad privada y por ende se encuentra excluido de cualquier título o derecho de terceros, particularmente del CONSEJO COMUNITARIO ACADESAN, constituido mediante Resolución 2702 de 21 de diciembre de 2001, proferida por el INCODER (sic) y del RESGUARDO, INDIGENA SANANDOCITO, perteneciente a la ETNIA EMBERRA (sic) KATIO constituida mediante Resolución N° 0008 de 20 de febrero de 2001”.

El negocio de las 32.450 hectáreas de tierras de Sipí fue asesorado por la firma Salazar & Asociados Abogados, especializada en representar jurídicamente a empresas en asuntos del derecho comercial y tributario, entre ellas a Desarrollo e Inversiones Progreso Verde en su constitución.

VerdadAbierta.com contactó a Juan Carlos Salazar, director de Salazar & Asociados Abogados, para entender cómo se hizo el negocio que las comunidades negras del sur de Chocó cuestionan. Al respecto, explica que se contrató a Laura Romero, una abogada externa de la firma, para que evaluara la viabilidad de la compra. Ella revisó los documentos suministrados por los vendedores y solicitó al Incoder el expediente del proceso, pero no se lo entregaron. Los hallazgos se consignaron en un informe que el bufete entregó a los directivos de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, quienes, finalmente, tomaron la decisión de adquirir el predio y Betancur, como representante legal protocolizó el negocio.

“Hasta donde nos mostraron, las cosas por encima se veían en orden —explica Salazar—. A mí me muestran un certificado de libertad de la Oficina de Registro, yo voy, pido que me certifiquen si es original, que está bien, pido otro a la Oficina de Registro y todo cuadra. Pido que me den el registro catastral y me dan un registro catastral del municipio. Es decir, las cosas que se podían revisar en el corto tiempo que hubo, se revisaron y lo que no se alcanzaba a revisar, que ellos —los vendedores— decían que estaba revisado lo pusimos a que lo dejaran bajo juramento”.

En manos de empresarios

El 22 de julio de 2016 se formalizó ante la Notaría 20 de Bogotá una nueva transacción sobre el predio de 32.450 hectáreas, que quedó registrada en la escritura pública 1000. Esta vez Desarrollo e Inversiones Progreso Verde SAS le vendió la tierra a Proyecto Horizontes Verdes SAS, por 988 millones de pesos. Para ese año, ambas empresas tenían el mismo representante legal: el ciudadano canadiense Marc Robert Williams, uno de los empresarios extranjeros presuntamente involucrado con las empresas que controlan las sociedades colombianas.

En la escritura mediante la cual se registró esta compraventa se incluyó una nota aclaratoria que llama la atención: “Los comparecientes manifiestan a la Notaría que el inmueble objeto de la presente compraventa no se encuentra en una zona de alto riesgo ni desplazamiento forzado”, lo que contrasta con la realidad, pues, históricamente, las comunidades del San Juan, y específicamente las de Sipí, han sido víctimas de desarraigo por culpa del conflicto armado.

De hecho, siete meses antes de ese negocio, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió del riesgo que vivían las comunidades urbanas y rurales de los municipios de Istmina, Medio San Juan y Sipí por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales interesados en actividades del narcotráfico y la minería criminal.

De acuerdo con esa advertencia, esa confluencia de actores “ha incrementado la presión sobre las autoridades y organizaciones étnicas, lo que impide el desarrollo de actividades productivas tradicionales de subsistencia. Esta situación se agrava porque el Estado no ha ejercido de forma eficiente el control sobre los recursos naturales, el seguimiento a las medidas de impacto ambiental, y la protección del agua”.

La última notificación del certificado de tradición y libertad se formalizó con la escritura pública 1484, fechada el 23 de agosto de 2018 en la Notaría 65 de Bogotá. Lo que se hizo en esa ocasión fue dejar registrado el cambio de nombre del predio, que pasó de llamarse “Baldío” a “Horizonte Verde”.

Hoy, por lo menos en papeles, esas 32.450 hectáreas le pertenecen a la firma Eightfold Biodiversity Bank SAS, antes llamada Proyecto Horizontes Verdes SAS, que se dedica, según algunos documentos consultados, a la inversión en sociedades y bienes muebles o inmuebles.

Lo que aún no tienen claro las comunidades negras del consejo comunitario de Acadesan es para qué se compraron esas 32.450 hectáreas. A sus pobladores les dijeron que se adelantarían proyectos ecoturísticos y medioambientales, pero creen que eso es una fachada.

¿Y para qué quieren las tierras?

Hace nueve años, las comunidades negras del Consejo Comunitario del San Juan se enteraron que una porción del territorio que heredaron de sus ancestros, y que tras décadas de lucha lograron obtener en titulación colectiva, está bajo la amenaza de despojo por parte de una empresa extranjera.

Desde 2009, el Consejo Mayor del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), que agrupa 72 comunidades negras, adelantaba proyectos de seguridad alimentaria financiados por organizaciones no gubernamentales y, además, sostenía conversaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y empresas privadas que pretendían realizar estudios de suelos en busca de minerales.

Mientras el Consejo Mayor hacía consultas y socializaciones en la comunidad para decidir si dejaban realizar esos estudios, se enteraron que dos personas ajenas a la región eran los supuestos dueños de 32.450 hectáreas de su territorio ancestral, equivalentes al 4 por ciento del título colectivo y al 25 por ciento de la extensión territorial del municipio de Sipí.

De esa presunta propiedad se enteraron a finales de 2012, cuando un ingeniero forestal antioqueño, Luis Enrique Betancur Hernández, se presentó ante Acadesan en su sede de Buenaventura. En aquella ocasión dijo que iba en representación de una sociedad llamada Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, que, para ese momento, según constató este portal, no se había registrado ante ninguna Cámara de Comercio del país.

Betancur expuso en ese encuentro que tenía amplia experiencia en el mercado de bonos de carbono. Su propósito era desarrollar este tipo de proyectos en diversas regiones del país, incluido el departamento de Chocó y, por supuesto, el municipio de Sipí.Los bonos de carbono son uno de los mecanismos internacionales propuestos para reducir la producción mundial de dióxido de carbono. Como compromiso que asumen los países que hicieron parte del Acuerdo de París, se busca materializar «acciones de mitigación» para las naciones que sobrepasen el límite que les corresponda de emisión de gases de efecto invernadero. Las comunidades y empresas que contribuyan a esa iniciativa reciben recursos económicos. Ahí está el negocio.

El ingeniero antioqueño llegó a la sede de Acadesan con dos personas más: Evelio Arias Marín, uno de los supuestos propietarios del predio, y Andrés Caicedo, un comisionista que, según le contó él mismo a este portal, se ha “movido en la minería y el negocio del oro hace muchos años” y por sus conocimientos en sistemas, había realizado proyectos que buscaban que comunidades de Chocó optaran por la “minería limpia”, pero no precisó a cuáles se refería.

Para entender aquella primera visita a Acadesan, VerdadAbierta.com contactó a Betancur en Timor Oriental, sudeste asiático, donde al parecer prestaba servicios de consultoría en temas medioambientales al gobierno de ese país. Al ser consultado sobre el proyecto de bonos de carbono que le planteó a las comunidades negras de Sipí, respondió que conoció del tema a través de Caicedo, quien le habló de “un terreno muy grande en Chocó” en el que podrían desarrollar ese modelo de negocio.

Pero algo no andaba bien. “El abogado de Acadesan, Jairo Velázquez, nos dijo: ‘No, eso que ustedes tienen ahí es todo falso’—recuerda Betancur—. Evelio Arias se puso muy bravo porque es el vendedor y, pues, yo qué iba a hacer, yo me quedé callado, dije: ‘No, si eso es falso apague y vámonos’”.

Pero ni Betancur ni Caicedo se fueron de aquella reunión. Por el contrario, pusieron sobre la mesa lo que las comunidades negras de Chocó han esperado durante años: la posibilidad de desarrollar proyectos productivos en sus tierras. Y reforzaron su propuesta de los bonos de carbono.

De esa primera conversación se logró avanzar de manera significativa. A comienzos de 2013, Betancur y los directivos de Acadesan firmaron un memorando de entendimiento, que tenía por objeto adelantar la creación conjunta de “núcleos especiales para mercados de carbono”.

Lo que vendría después prendió las alertas de las autoridades del consejo comunitario y lo que parecía una oportunidad para sus pobladores, se convirtió en una estrategia para cercenar 32.450 hectáreas de su territorio ancestral.

“Somos los dueños”

De manera paralela a las conversaciones que adelantaba Betancur con las comunidades en Buenaventura, un equipo de abogados en Bogotá, contratado por este ingeniero, analizaba la legalidad del título de propiedad sobre las 32.450 hectáreas que, para esa época, estaba en las manos de Evelio Arias Marín y Jorge Andrés Córdoba Carvajal.

Pese a los indicios de irregularidad que evidenciaba la tradición de esa propiedad, Betancur y sus abogados no objetaron nada y tras un proceso de verificación documental decidieron comprar esas tierras. Pero antes de concretar el negocio, constituyeron la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, mediante documento privado fechado el 26 de abril de 2013.

Esta sociedad fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá tres días después por la abogada Mónica Alejandra Villamil Carrillo, quien aparecía como única accionista y gerente. Se registró un capital suscrito y pagado por 1 millón de pesos.

Esa situación cambió el 15 de junio de ese mismo año, cuando tomó posesión de esta sociedad la firma panameña Progreso Verde Holding Corp, representada legalmente en ese momento por Alexis Williams Arosemena. Tres días después, convocaron a una asamblea extraordinaria de accionistas y en ella se tomaron dos decisiones: se aumentó el capital de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde a mil millones de pesos y se nombró a Betancur como nuevo gerente y representante legal. Al parecer, esos dineros procedían de un inversionista canadiense.

Teniendo ese respaldo, el ingeniero antioqueño cerró la compra de las 32.450 hectáreas, formalizada mediante la escritura pública 1142 de la Notaría 28 de Bogotá, fechada el 26 de junio de 2013. Con ese documento en la mano, Betancur se presentó de nuevo ante el Consejo Mayor de Acadesan y les informó que Desarrollo e Inversiones Progreso Verde era la propietaria de las tierras en el municipio de Sipí.

A partir de ese momento, se realizaron varias reuniones entre Betancur, los directivos de Acadesan y las comunidades en las veredas del municipio de Sipí y otros municipios de la región del San Juan para discutir la propuesta de los bonos de carbono y de otros proyectos más. Se hicieron por lo menos 70 visitas a las comunidades asentadas a lo largo de los ríos de la región del San Juan y tres asambleas zonales en las veredas Charco Largo (Sipí); Dipurdú del Guásimo (Zona Media del San Juan); y Palestina (Litoral del San Juan).

“Llegamos a un punto en el que hicimos un pacto con Acadesan —explica Betancur— para echar para adelante un convenio de cooperación recíproca en el que se le pagó a la junta directiva de Acadesan fondos para becas de los niños, para estudiar en Bogotá, y a la junta directiva se le pagó cerca de dos años de honorarios profesionales”. Para respaldar sus afirmaciones, el ingeniero le aportó a este equipo periodístico los soportes de esos pagos.

Un poblador cercano a ese proceso, que prefirió mantener su nombre en reserva, recuerda que Betancur era muy amplio con los recursos de la empresa y, a la vez, calculador con las necesidades de las comunidades: “Los líderes y lideresas, el tiempo que le dedican al proceso organizativo no tiene remuneración. Eso siempre ha sido una queja latente en todos los liderazgos: los compañeros los días que están en los liderazgos dejan de trabajar en sus actividades, sustento de sus familias. Entonces Betancur, muy ampliamente, ofreció esos recursos: ‘Pongámosle sueldo a los compañeros’”.

En una asamblea de Acadesan celebrada en octubre de 2015 en la vereda Cucurrupí del municipio del Litoral de San Juan, se puso en conocimiento de todas las comunidades el manejo de estos dineros y se dejó claro que, de ninguna manera, comprometían la independencia del Consejo Mayor ni obligaba a Acadesan a desarrollar un proyecto que no acordaran antes internamente como comunidad.

¿Estrategia de usurpación?

Elizabeth Moreno Barco es la actual representante legal del Consejo Mayor de Acadesan. Para el año de llegada de Progreso Verde a Sipí, hacía parte de la junta directiva de Acadesan. Recuerda que, en aquel entonces, revisaron cuidadosamente la situación del predio con un equipo jurídico y concluyeron que era una estrategia para usurpar la tierra y aprovecharse de las comunidades.

“Dijeron ‘vamos para donde esos negritos y los embolatamos con cualquier cosa y como ellos le tienen miedo a una cosa y a la otra, pues ellos de una vez se asustan y van a decir sí, sí, sí’, pero no contaron con que una comunidad organizada, que ha tenido la asesoría de muchas personas que trabajaron en los procesos de comunidades negras, estaba lista para defender el territorio”, resalta Moreno.

Ante esa oposición, Betancur desistió por un tiempo de la reclamación de la tierra y cambió de estrategia. “Ofreció una sociedad donde pudieran hacer un trabajo de microempresas o de empresas que estuvieran relacionadas con el suelo, con lo que produce el territorio, pero lo curioso fue que ellos no buscaron ningún otro territorio, sino que se fijaron exclusivamente en Santa Rosa”, explica la lideresa.

La razón es, aparentemente, sencilla: ese caserío, asentado en las riberas del río Garrapatas, es la comunidad negra más cercana al polígono de las 32.450 hectáreas que había comprado Betancur a nombre de la sociedad Progreso Verde.

“En las reuniones sólo hablaban de negocios, de la empresa, de tanto por tanto para la comunidad, hacer una sociedad —cuenta Yeison Mosquera, un líder de Santa Rosa—. La empresa se comprometía a pagar todos los gastos y a apoyar la juventud de acá para que en el mañana ellos fueran los representantes de la empresa”.

Esas discusiones dieron frutos: el 8 de enero de 2014. Ese día, ante la Notaría 59 de Bogotá, se autenticó un “Acuerdo de Cooperación, Impacto y Beneficio”, firmado entre el entonces representante legal de Acadesan, Santiago Salazar, y el ingeniero Betancur. Este documento pretendía recoger “los términos y condiciones de negociación para el desarrollo de actividades económicas sostenibles en el territorio colectivo de ACADESAN (sic)”.

Durante las etapas de concertación, el representante legal de Progreso Verde ofreció un porcentaje de los proyectos productivos que las comunidades no aceptaron. Al principio, propuso 40 por ciento para las comunidades y 60 por ciento para la empresa, pero las comunidades exigieron 50 por ciento para ambas partes.

“Cuando se les vieron las intenciones, la Asamblea pidió 20-80: 20 para la empresa y 80 para la comunidad. Entonces ese señor —Betancur— se enojó. A lo último les dijo: ‘ustedes aquí entraron reclamando una parte del territorio, bueno, antes de hacer algún tipo de negociación, nosotros necesitamos un documento donde ustedes nos confirmen que no son dueños del territorio’”, cuenta Moreno.

Para concretar las negociaciones, se celebró una reunión el 9 de mayo de 2015 en la que se pactó la firma, ese mismo día, de un Acuerdo de Transacción entre Acadesan y Progreso Verde, “que se establece como un pacto de convivencia para sacar adelante, de manera conjunta”, el mencionado Acuerdo de Cooperación, Impacto y Beneficio, firmado un año atrás.

En este nuevo documento, autenticado en la Notaría Única de Istmina ese mismo día, Betancur y Santiago Salazar, para ese entonces representante legal de Acadesan, suscribieron tres puntos para impulsar las iniciativas: las relaciones se basarían en los principios de la buena fe y la transparencia; trabajarían en armonía para generar una economía que beneficiara a las comunidades; y Progreso Verde no reclamaría como propias las 32.450 hectáreas porque estaban dentro del título colectivo de Acadesan.

Pero tal como lo ha demostrado esta investigación, Betancur mintió en ese acuerdo, pues para la fecha de su firma ya había comprado el predio de 32.450 hectáreas.

Después de suscribir y formalizar el Acuerdo de Transacción, el Consejo Mayor de Acadesan no quiso adelantar ningún proyecto con Progreso Verde ni con su representante porque “no daban las garantías necesarias para continuar con la negociación”, sostiene Moreno.

La firma de ese documento y la posición adversa del consejo comunitario, según Betancur, le trajo problemas a él con los socios de la empresa, sobre los cuales no quiso dar detalles precisos.

“En una de esas consultas previas —cuenta el ingeniero— me sacaron y me dijeron que nos fuéramos para una parte para firmar un papel donde había que decir que la empresa Progreso Verde no podía hacer ningún tipo de reclamación a Acadesan y viceversa. Yo firmé ese papel porque realmente en mis bolsillos yo sentía un fusil AK-47 presionándome. Yo firmé el papel, me fui para Bogotá, conté lo que pasó y ahí me echaron de la empresa”.

Al respecto, Betancur tampoco dio detalles de quiénes lo presionaron de esa manera.

En el consejo comunitario aseguran que no tienen conocimiento de que el representante de Progreso Verde haya sido amenazado por ningún grupo armado ilegal y sostienen que la firma del documento no se dio bajo presión. “Él fue por su propia voluntad”, reiteran miembros del Consejo Mayor.

Días después, en Acadesan recibieron una carta mediante la cual les informaron que Betancur ya no era el representante legal de Progreso Verde. “A él lo despidieron, la gente intuyó que por haber firmado ese documento. Entonces todo el mundo dijo que el interés sigue siendo la tierra”, recuerda el miembro de la junta directiva del momento que prefirió mantener su nombre en reserva.

En reemplazo de Betancur, fue elegido Marc Robert Williams como representante legal de la sociedad. Este empresario, de origen canadiense, había asistido a reuniones con los directivos de Acadesan y la comunidad lo identificaba como una pieza clave en el funcionamiento de Progreso Verde.

VerdadAbierta.com buscó a Williams para que explicara esa situación, pero a raíz de contraer el Covid-19 aseguró padecer graves quebrantos de salud que lo obligaron a parar sus actividades laborales. Semanas después se intentó hablar con él de nuevo, pero no respondió los correos.

En Sipí dudan del despido de Betancur. Basan sus inquietudes en un hecho que ocurriría varias semanas después del supuesto cambio de representante legal en esa sociedad foránea. Resulta que el ingeniero antioqueño invitó a Santiago Salazar, a Jairo Velázquez —abogado que apoyaba a Acadesan— y a Elizabeth Moreno para que se reunieran en Medellín con Williams. El objetivo era restablecer las conversaciones sobre los proyectos productivos.

“Nos llevaron a un lugar lujoso en Medellín con todos los protocolos, pues, de la gente highlight y la full country, un súper apartamento en lo exclusivo. Dijeron: ‘no, pues ahorita con esto vamos a deslumbrar a estos pelagatos’, pero no. Nosotros, una gente que viene trabajando añiles por la defensa del territorio, no nos íbamos a someter a eso”.

Nuevamente, rechazaron la oferta y a partir de ese momento el consejo comunitario rompió relaciones con la sociedad Progreso Verde. Pero los foráneos continuarían persistiendo en sus intenciones de quedarse con la tierra.

“Prometiendo el cielo”

A ese corazón de la selva chocoana, y a espaldas del Consejo Mayor de Acadesan, regresó el ingeniero Betancur en diciembre de 2016, “prometiendo el cielo”, dicen algunos de sus pobladores.

“Cuando fui por allá, eso estaba completamente cubierto de coca y dominado por las Farc y algunos grupos del Eln”, indica Betancur, pero poco quiso contar sobre su libre movilidad en un contexto de grupos armados al margen de la ley y economías ilícitas.

De nuevo en Sipí, visitó primero el resguardo Sanandocito, habitado por indígenas del pueblo Embera Katío. “Yo llegué allá porque me invitó el gobernador del cabildo”, cuenta Betancur. El encuentro buscaba implementar proyectos productivos, pero desistió porque no fue fácil entenderse con las autoridades nativas.

Este portal contactó a un comunero que estaba viviendo en ese resguardo indígena en 2016, pero se negó a responder cuando se le preguntó por Betancur. Un coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas Orewa le explicó a VerdadAbierta.com que el comunero desconfiaba y pensaba que este equipo periodístico trabajaba para el ingeniero antioqueño. Y por más que se le explicara el objetivo de esta investigación, no aceptó hablar del tema.

Luego de salir del resguardo, arribó a Santa Rosa. “Acá llegó diciendo que los indios lo habían tratado mal allá. Él quería reunirse con la comunidad, nos reunimos unos poquitos ahí. Que él necesitaba trabajar con las comunidades y más que todo con la comunidad de Santa Rosa”, cuenta Pablo Enrique Moreno, uno de los líderes locales.

Esta sería la primera de múltiples visitas del ingeniero antioqueño, quien, en varias ocasiones, llegó en compañía de su esposa Madelén y su perra Samanta. ¿Pero a nombre de quién había retornado a Sipí y a la comunidad de Santa Rosa? De acuerdo con versiones recogidas en Santa Rosa, esta vez se presentó como “un inversionista” respaldado por “sus socios”, sin dar más detalles.

Esta versión es rechazada por Betancur, quien asegura que él contó “absolutamente todo”. Pero lo que parece haber omitido es que, pese a que en 2015 fue relevado de la representación legal de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde SAS, esta vez volvió a Sipí como emisario de Proyecto Horizontes Verdes SAS, la sociedad que había adquirido las 32.450 hectáreas en julio de 2016. En ambas sociedades tuvo participación el ingeniero antioqueño y eran controladas, desde Panamá, por Progreso Verde Holding Corp.

Y continuaría regresando a las comunidades durante el 2017. A comienzos de enero de ese año volvió a Santa Rosa para “trabajar con el pueblo”, recuerda la comunidad que fueron sus palabras. Les contó que antes trabajaba con bonos de carbono en Riosucio, Chocó; y cultivos de arroz en Villavicencio, Meta.

En esa ocasión, les planteó trabajar en el mercado del arroz orgánico con porcentajes del 75 por ciento para él y 25 por ciento para la comunidad, y les propuso hacer una empacadora en una zona alta en la que, para quienes cosechan el arroz, era un sinsentido, pues demandaba gran esfuerzo subir los bultos hasta allá.

“Nosotros le dijimos: ‘Pero una empacadora de arroz no hay necesidad de montarla allá arriba porque de acá para arriba no cultiva nadie. Así que hay que montarla en alguna parte central, ya sea acá en Santa Rosa, Marquesa, Chupey o el que sea’”, cuenta Pablo Enrique Moreno, un líder local.

Betancur se fue no muy agusto por la posición de la comunidad. Regresó en diferentes ocasiones proponiendo otros negocios, pero ninguno se concretó. Cuando la comunidad de Santa Rosa le mencionaba que este tipo de arreglos debía hacerse con el conocimiento del Consejo Mayor de Acadesan, se molestaba.

Actuando como Señor y Dueño

En una nueva visita a Santa Rosa, el ingeniero propuso construir una casa, esta vez en un punto montañoso en inmediaciones del río Garrapatas. “Él es un señor que es bastante altanero. Usted dice algo, a él no le gusta y ahí de una se le ‘calienta’ a uno”, resalta José Moreno, otro de los líderes locales.

Si bien recomendaron internamente que no se participara en esa idea, la necesidad económica hizo que algunos miembros de la comunidad le trabajaran a Betancur, quien, en junio de 2017, contrató a algunos pobladores para construir la casa en un punto específico a una hora de Santa Rosa en lancha río arriba y a 15 minutos caminando desde el río Garrapatas hasta un sector selvático conocido como Las Peñitas.

La comunidad recuerda que Betancur llevaba un artefacto, “como un GPS”, dicen, que arrojaba pitidos y cuando llegaron al punto en donde hoy se alza la casa, los pitidos se hicieron más fuertes. “Aquí es”, dijo el ingeniero, según recuerda Carlos Moreno, miembro de la comunidad que trabajó en esa construcción, alzada en madera.

Por un día de trabajo, Betancur pagaba 40 mil pesos y para que les diera el dinero, los trabajadores tenían que firmar lo que describen como una cuenta de cobro y darle una fotocopia de la cédula. “Si nosotros no accedíamos a dar la fotocopia ni a firmar, no nos daban el pago. Él decía que eso era algo necesario, que tenía que llenar unos requisitos. Como necesitábamos el pago, accedimos”, reconoce Moreno.

El ingeniero sostuvo que la comunidad estuvo de acuerdo en construir la casa, destinada, según dice, a establecer un “centro comunitario de entrenamiento de guías turísticos de conservación” y para el estudio de la fauna y la flora de la región.

“Sí, yo viví allá para pasar vacaciones y también me iba con todos ellos —miembros de la comunidad— para allá y hacíamos charlas sobre muchas cosas: hablábamos de astronomía, hablábamos de las plantas, hacíamos caminatas por el bosque, recogíamos ejemplares botánicos y les enseñaba de plantas que son tóxicas y plantas que son medicinales. Descubrimos muchas cosas”, detalla Betancur. Como la gran mayoría de las tierras de esta comunidad negra, el predio en donde Betancur construyó la casa estaba destinado a actividades agrícolas. Carlos Asprilla, miembro de la comunidad, le aseguró a VerdadAbierta.com que su difunto padre, Máximo, sembraba allí maíz y plátano, y criaba marranos y gallinas, al igual que sus abuelos.

La abogada María Fernanda Angulo, que apoya a las comunidades de Acadesan, se pregunta si la construcción de esa casa fue una estrategia para que, consolidando un acto de propiedad en el predio, fuera más difícil que una disputa legal lograra hacerlo retirarse del territorio.

Construida la casa, las visitas del empresario se volvieron cada vez más frecuentes. Finalizando 2017, Betancur volvió a Santa Rosa en compañía de un extranjero de una edad avanzada. “Un gringo. Sólo hablaba inglés”, recuerdan en la comunidad, pero no tienen claro para qué lo llevó, aparte de enseñarle el territorio. En otra ocasión, el mismo tipo de visita corta la hizo en compañía de un ingeniero agroforestal, pero tampoco se tienen mayores detalles.

Después de tantas reuniones sin acordarse nada, en diciembre de 2018, Betancur se presentó ante la comunidad de Santa Rosa con papeles para formalizar un negocio de arroz, financiado por él, bajo porcentajes de ganancia que la comunidad no sentía justos y bajo presión en el tiempo de toma de decisión, pues decía que al día siguiente tenía que irse porque ya todo el dinero estaba listo.

“‘Señor Betancur, bueno, usted tiene la plata, pero con plata y no tiene tierra, no tiene nada, entonces, ¿por qué no nos vamos a 50 y 50?’”, le planteó un líder de Santa Rosa.

Esa prevención fue respondida por Betancur con agresividad: “Que si acá venía un narcotraficante con revólver y armas ahí sí le copiamos, pero como él no andaba con nada, no le copiábamos”, recuerdan en la comunidad que fueron sus palabras en esa última reunión. Ante esa negativa, al día siguiente se marchó y nunca más volvió.

“¿Sabe por qué no está Betancur aquí? Porque nosotros le cogimos la mentira, hablaba mucho. (…) Si nos ponemos a recordar todo lo que decía, llenamos un libro”, recuerda José Armando Moreno. “Eso cada vez tenía un negocio diferente. Venía con la idea del arroz, luego que el achiote, que el cacao, casas flotantes, montar una motobomba”, recuerdan miembros de la comunidad. Incluso, les llegó a proponer grabar una película por el río Sorobiatá.

Pero Betancur no se desprendió del todo de la selva chocoana. De acuerdo con versiones recogidas en Santa Rosa, el ingeniero le estaba pagando a una familia indígena de Sanandocito para que viviera en la casa. “Si no estoy mal, son 900 mil pesos mensuales para que vivan allá”, cuentan en la comunidad.

A pesar de que varios miembros de la comunidad concuerdan en el asunto del pago, al preguntársele, Betancur negó todo el asunto. VerdadAbierta.com pudo constatar que, entre cultivos de piña, plátano y caña, la casa estaba siendo habitada.

“Lo que a nosotros nos preocupa es que un tipo que está pagando plata para que le cuiden una casa que está que se cae, debe tener un interés en esa casa”, expresó un miembro de la comunidad. Según la información georeferencial de las 32.450 hectáreas, este portal constató que la ubicación de la casa concuerda con la sexta coordenada consignada en un supuesto mapa del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) adjunto en las escrituras que le dan titularidad a esa empresa foránea.

Meses después de que VerdadAbierta.com estuvo en el municipio, fuentes en territorio le informaron a este portal que la casa fue quemada por sujetos desconocidos.

Llega otro intermediario

La partida de Betancur no significó la pérdida de interés por aquellas 32.450 hectáreas. El Consejo Comunitario de Acadesan recibió en su sede de Istmina el 10 de junio de 2019 a Boris Navarro Pabón, un administrador ambiental oriundo de la ciudad de Cali, con experiencia en negocios verdes y trayectoria de por lo menos siete años en el sector de hidrocarburos —entre 2007 y 2015 trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos—.

Para la fecha de esa reunión, Navarro era representante legal de Proyecto Horizontes Verdes SAS, nombrado en ese cargo el 26 de marzo de ese año, en reemplazo del ingeniero Luis Betancur. El objetivo de su visita fue presentarles a las autoridades de Acadesan un proyecto de creación de un santuario de conservación e informarles que esa sociedad tenía la propiedad de las 32.450 hectáreas.

Antes de hablar con las autoridades del consejo comunitario, Navarro adelantó varias reuniones en Quibdó con representantes de distintas instituciones, entre ellas, la Universidad Tecnológica del Chocó (Utch); la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó); y la Gobernación del Chocó.

Presentándose como representante de una nueva empresa llamada Eightfold, el administrador ambiental le ilustró a las instituciones que la empresa buscaba realizar nueve proyectos en diferentes partes del país —varios de ellos en la Orinoquía y Amazonía Colombiana— y uno de ellos estaba en Sipí. Sostuvo que estaban interesados en hacer una farmacéutica natural y otros siete objetivos fijados a la “conservación a perpetuidad” de ese pedazo de Chocó.

Según se oye en grabaciones de esas reuniones que llegaron a manos de este portal, Navarro le señaló a los académicos y funcionarios que su visita la había adelantado las recientes inundaciones que había afectado a las familias de Santa Rosa y que su objetivo era articular a la academia y la institucionalidad local en el proyecto de Eightfold, pero lo que no les contó es que la empresa que representaba tenía un título en el territorio.

Ya en la reunión con Acadesan, cuando sí lo mencionó, esa noticia no cayó bien entre los voceros del consejo comunitario. “Ahí fue que yo le dije: ‘Si usted considera que la tierra es suya, ¿por qué viene a pelear aquí con nosotros o porque se viene a disgustar? —lo increpó Elizabeth Moreno, actual y entonces representante legal de Acadesan—. Si usted sabe que tiene sus papeles legales entonces tráiganos su jurídico, tráiganos a su gente, tráiganos a los del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y vamos a decidir de quién es la tierra. Tenemos que definir, la tierra es de ustedes o es de nosotros porque la tierra no puede tener dos dueños”.

Un poco más de un mes después de aquella reunión la sociedad Proyecto Horizontes Verdes SAS cambió su nombre formalmente por el de Eightfold Biodiversity Bank SAS, según registros que reposan en la Cámara de Comercio de Bogotá. La modificación se inscribió el 18 de julio de 2019.

Esta nueva empresa pretendía sacar adelante en Sipí un “nuevo modelo de bioeconomía para Colombia, con un enfoque en sustitución de cultivos ilícitos desde el sector privado en un marco del Valor Compartido con las comunidades locales, la academia y el gobierno, apoyando el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Metas de Biodiversidad de Aichi y el Acuerdo de París sobre el clima”.

Después de aquella primera reunión, Navarro regresó a la comunidad de Santa Rosa, sin informar al Consejo Mayor de Acadesan, con un discurso similar al que expresaba Betancur años atrás: prometió proyectos productivos y sugirió reubicar a las 38 familias (109 personas) que conformaban a esta comunidad hacia un lugar conocido como San Lorenzo, a 10 minutos subiendo por el río Garrapatas, para que no sufrieran más por culpa de las inundaciones; además, dijo que les construiría acueducto y alcantarillado, y los dotaría de energía solar, pavimentarían el nuevo Santa Rosa y construiría hasta un malecón.

Aprovechando esa visita, Navarro buscó al alcalde de Sipí, Luis Ángel Largacha, para que le firmara un documento mediante el cual desenglobarían las 32.450 hectáreas del resguardo indígena Cañón Río Garrapatas que se traslapaba con el título que ostentaba la sociedad foránea. En la comunidad de Santa Rosa recuerdan que el mandatario local no firmó nada hasta tanto hubiese un acuerdo con Acadesan.

Quince días después de aquella visita, el administrador ambiental regresó a Santa Rosa con alimentos como arroz, atún, aceite y papa, entre otros, y acompañado con varias personas que vestían prendas del Sena, de la Universidad Tecnológica del Chocó, de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), de la Agencia Nacional de Tierras, topógrafos y sociólogos, entre otros. La idea era avanzar en el proyecto de construcción de la nueva Santa Rosa y materializar la iniciativa de conservación ambiental.

VerdadAbierta.com se contactó con Navarro, pero fue escueto en las respuestas: “Renuncié por justa causa el 10 de julio de 2020. No tengo nada que ver con esas personas y no puedo ser vocero de esas empresas”. Aunque se le explicó que la entrevista buscaba contrastar lo dicho por las comunidades, se mantuvo en su posición y se limitó a compartir un documento que detalla el ambicioso proyecto de conservación ambiental que tenía Eightfold sobre las tierras de Sipí.

Después de aquella reunión a la que asistieron funcionarios de diversas entidades estatales, nadie volvió a Santa Rosa en representación de Eightfold Biodiversity Bank SAS. Al parecer, se quedaron sin recursos económicos para continuar seduciendo a las comunidades.

En las distintas reuniones que Navarro sostuvo con los expertos de Codechocó, la Utch y demás, al escuchar las palabras del empresario le plantearon tres preguntas claves: ¿por qué Sipí? ¿Cómo reñía un modelo de construcción privada dentro de un territorio titulado colectivamente? Y, ¿cuál era la ganancia de Eightfold?

A lo primero respondió que en Sipí veía una oportunidad para generar “recursos que se comparten” con comunidades olvidadas que la empresa que representaba, desde años atrás, había buscado “apoyar”. A lo segundo, que la manera de solucionarlo era generar una alianza con el Consejo Comunitario de Acadesan: “Nosotros ponemos los recursos, ellos ponen las tierras” y para ello, el mismo Navarro había adelantado y tenía pensado realizar conversaciones con el gobierno nacional e instituciones ambientales de envergadura nacional como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Y lo tercero le tomó mayor despliegue: “Esta empresa tiene un dueño, se llama Daniel White, él es canadience. El señor Daniel White hizo una fortuna a través de su vida. ¿Su fortuna en qué se basa? En finca raíz en Canadá, él es un constructor de Canadá, maneja terrenos. Él hace eso allá. Y él un día dijo, ‘bueno, con toda esta fortuna, toda esta riqueza que tengo que ya ni me la gasto, qué está pasando en el mundo. ¿Hay hambre? ¿Hay desigualdad?’. Entonces qué propuso: ‘voy a hacer un fondo’. Y él tiene un fondo. O sea nosotros estamos financiados. Eightfold no es una organización que busque el enriquecimiento del señor White, eso ya está definido”.

Diferentes fuentes que trabajaron en la empresa le confesaron a VerdadAbierta.com que el proyecto Sipí sí tenía un interés económico y el empresario canadience en cabeza de este es un cuestionado inversionista extranjero: Daniel Alexander White. Pero, ¿quién es este inversionista?

El hombre detrás de las tierras de Sipí.

Un entramado de firmas de abogados y de sociedades constituidas en Panamá, Estados Unidos y Canadá, respaldan el posible despojo jurídico y material. Un canadiense está a la cabeza de esa red: Daniel Alexander White.

En el sentido estricto, Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S. empezó a funcionar sin existir en los registros del Estado colombiano. Desde 2012, Luis Enrique Betancur Hernández, quien representaba a la entonces inexistente sociedad, empezó a enunciarla ante la oportunidad de concretar un negocio que requería miles de hectáreas de tierra.

La idea de incursionar en el mercado medioambiental venía desde años antes, pero, según cuenta Betancur, los inversionistas detrás de Progreso Verde no tenían la certeza de que lo que buscaban lo iban a encontrar en Colombia.

Antes de llegar a fijarse en el municipio de Sipí, Chocó, este ingeniero forestal, que exhibe en sus redes sociales un amplio recorrido laboral internacional y conocimiento en los mercados de bonos de carbono, empezó a trabajar en Symmetry Asset Management inc, una empresa con sede en Edmonton, Canadá, que, en su página web, expone la preocupación por el cuidado ambiental; pero, contrario a ello, en entrevista con este portal, Betancur la describió como “un grupo dedicado a la explotación de mineral e hidrocarburos”.

Como Vicepresidente para América Latina de esa empresa canadiense, este ingeniero antioqueño contempló distintos negocios en Panamá, Brasil y Papúa Nueva Guinea. Los fondos de los que disponía para desarrollar los proyectos provenían del ciudadano canadiense Daniel Alexander White, fundador de Symmetry Asset Management Inc e inversionista de dudosa reputación.

En desarrollo de esta investigación se revisaron cientos de documentos en bases de datos públicas de Colombia, Panamá, Estados Unidos y Canadá, con el apoyo de la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), rastreando las empresas de White, sobre todo aquellas que tuvieran una conexión con el posible despojo de 32.450 hectáreas de selva chocoana. La lista es larga y los intereses muy opacos.

¿Empresas de papel?

Una de las características que resaltan aquellos que conocen a White es que le gusta crear sociedades mercantiles con una particularidad: pone a otros a dirigirlas, de tal forma que si incurren en problemas con autoridades fiscales, sale impoluto de cualquier responsabilidad. También es reconocido por no pagarle a quienes le prestan servicios profesionales, entre ellos a sus abogados, y de defraudar a sus socios.

Betancur define a White como “el músculo financiero” de la operación en Chocó, pero al parecer no es el único y varios de ellos estarían en Bogotá: “Hay personas importantes ahí que revelar sus nombres no me conviene”. Y lo caracteriza como “un hombre empresarial, un hombre dedicado a la minería, al petróleo, a inversiones grandes. (…) y le gusta el tema de la biodiversidad y el tema de la conservación y le duele la pobreza, en fin… es medio filántropo”.

Esas actividades tan contradictorias se pueden notar en la constitución de la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S., a través de la cual se apropiaron de las 32.450 hectáreas de selvas chocoanas, adquiridas con recursos aportados por White y cuyo origen es tan nebuloso como las razones de ese negocio.

Como se estableció en capítulos anteriores, esta sociedad fue constituida por documento privado el 26 de abril de 2013 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de mayo de ese año. En los documentos se observan cinco objetos sociales: cuatro relacionados con actividades de preservación ambiental: bioprospección con fines comerciales e implementación de proyectos agroindustriales, creación de núcleos de carbono, desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales, inversión en biotecnología e implementación de turismo ecológico; y el quinto objeto social es totalmente opuesto a los anteriores: “el desarrollo de todo tipo de actividades de exploración y explotación minera”.

Uno de los temores de los pobladores de Sipí es que sus tierras ancestrales sean destruidas por la ambición de los foráneos. Pero Betancur salió en defensa de quien fue su jefe: “A Daniel White nunca en la vida se le pasó por la cabeza sacar oro de allá. Y yo no lo hubiera dejado, yo soy enemigo de la explotación aurífera en el Chocó”.

Pero si ese no era el objetivo, ¿por qué incluir esta pretensión, no sólo en los objetos sociales de la nueva empresa, sino reafirmándolo al ser inscrito en las actividades económicas con el código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 0722, que trata de la extracción de oro y otros metales preciosos?

“Yo no soy ni el abogado constituyente, ni el fundador de la empresa, ni el gestor de los objetivos sociales —arremetió Betancur por el cuestionamiento de este equipo periodístico—. Entonces me imagino que, como todos los abogados que buscan no caer en lapsus de que les nieguen una cosa, metió la minería”.

Para entender por qué la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S. incluyó en uno de sus objetos sociales la exploración y explotación aurífera, este portal se contactó con el actual representante legal de la sociedad, Marc Robert Williams, quien adujo que no podría dar entrevista porque contrajo el Covid-19, generándole, según dijo, graves quebrantos de salud.

La misma consulta se le hizo a White vía correo electrónico. En su respuesta aseguró que iba a estar “fuera del país por un par de semanas” y que tan pronto como pudiera iba a enviar “información detallada sobre el proyecto del banco de biodiversidad Sipí”. No obstante, esa promesa no se concretó.

En sus últimos mensajes remitidos prometió enviar un comunicado de prensa y tampoco cumplió. “Lo siento. Estoy feliz de hablar contigo, pero no hago entrevistas”, dijo en una de sus conversaciones con el equipo periodístico. Días después, entabló una larga conversación escrita con este portal, pero evadió varias preguntas. Finalmente, opuesta a la posición inicial, propuso una charla más formal, pero al cierre de este artículo, no había vuelto a contestar los mensajes.

En el manuscrito de constitución de la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde S.A.S., la creadora, única accionista, gerente y quien formalizó la diligencia de registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá fue Mónica Alejandra Villamil Carrillo, quien, para 2013, era abogada de la firma Pinilla Moreno & Asociados S.A.S., con sede principal en el piso quinto de un edificio ubicado en la Calle 91 con Carrera 9, en el norte de Bogotá.

Inicialmente, White contactó a otra firma de abogados para constituir la sociedad y comprar las tierras en Sipí: Salazar & Asociados Abogados, un bufete que desde junio de 2000 asesora y representa a empresas en asuntos del derecho comercial y tributario, especialmente clientes canadienses interesados en negocios de minería e hidrocarburos.

“En aquel entonces —recuerda Juan Carlos Salazar, director de la firma—, Dan White quería crear esa sociedad, me llamó y yo estaba muy embolatado, entonces le encargué eso a Reinaldo Pinilla, que era el patrón de Mónica —es decir, el dueño de Pinilla Moreno & Asociados S.A.S—, y a solicitud de Dan White crearon la sociedad”.

White llegó a la firma Salazar & Asociados Abogados recomendado por Trevor Wong-Chor, un abogado que, para ese entonces, trabajaba en la firma Davis LLP, fundada en la provincia de Columbia Británica, Canadá, y la cual llegó a tener 260 abogados y siete oficinas en todo el país. En el 2015, Davis LLP se fusionó con la firma Dla Piper, donde labora Wong-Chor.

Que haya sido un abogado como Wong-Chor quien lo haya buscado, le transmitió confianza a Salazar para recibir con los brazos abiertos a White. Este portal le envió un par de correos electrónicos a Wong-Chor para conocer cómo había conocido al inversionista canadiense y qué sabía de su pasado y sus negocios e intereses en Colombia, pero no se obtuvo respuesta.

Al preguntar por el objetivo de la empresa, aquel relacionado con minería, tanto Salazar como Pinilla, ejemplarizaron con otras empresas que, según ellos, en la práctica colocan más objetos sociales de los que realizan, para no restringir lo que la empresa quiera hacer. Lo cierto es que, entre conservación ambiental y explotación aurífera, hay un gran margen de maniobra.

Control desde Panamá

En la primera Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Desarrollo e Inversiones Progreso Verde SAS, realizada el 15 de junio de ese mismo año, se removió de toda responsabilidad a Villamil Carrillo y White tomó posesión de esa empresa a través de la firma Progreso Verde Holding Corp, constituida en la Notaría Octava del Circuito de la provincia de Panamá bajo la escritura pública 7282 del 23 de mayo de 2013 —casi un mes después de creada Progreso Verde en Colombia—.

Los abogados panameños Jean Richa Mawad y Margie Ángel de Cohen comparecieron ante el notario para formalizar la constitución de la empresa, especificar que el agente residente —un abogado o firma de abogados que registra el pacto social cuando se constituye una sociedad anónima en Panamá— sería la firma Angel Cohen Richa & Asociados (Ancori) y aclarar que “la sociedad podrá tener y operar sucursales, agencias y oficinas en cualquier parte dentro o fuera de la República de Panamá”.

En la primera acta de la Asamblea extraordinaria de accionistas de Desarrollo e Inversiones Progreso Verde quedó constancia de que el presidente de la reunión, el abogado Reinaldo Pinilla Moreno, era apoderado de la empresa panameña y se acordó que el nuevo representante legal sería Luis Enrique Betancur Hernández, una decisión llamativa, pues como lo afirmó él mismo a este portal, había sido despedido en 2015 de la empresa.

Curiosamente, volvió en 2017 para continuar con el negocio de bonos de carbono; sin embargo, dentro de la misma entrevista, su relato fue incoherente. En un momento, adujo que después de su regreso en 2017 a la empresa que, supuestamente, lo había despedido, White no le pagó honorarios y por eso renunció ese mismo año. Después afirmó que el tiempo era más largo: “Le juro que trabajé en el año 2017, 2018, 2019 sin un centavo, entonces yo fui dejando las cosas ahí tiradas”.

Documentos registrados ante las cámaras de Comercio de Medellín y Bogotá contradicen al ingeniero Betancur. Existen reportes que lo vinculan con la entonces Progreso Verde durante 2018 y 2019. Así lo evidencian el acta 16 de la asamblea de accionistas del 25 de octubre de 2018 y el acta 19 del 4 de febrero de 2019, en las que se observa que fue nombrado como primer suplente de representante legal y como representante legal, respectivamente.

Al ser confrontado con esos documentos, el ingeniero se mostró sorprendido: “Si esos documentos existen, ¿me los puede pasar? Porque la demanda que le tengo a Eightfold es de aquí a Pekín. A mí nunca me pagaron nada. Ellos tienen un vicio, Eightfold y ellos tienen un vicio. Alguien que trabaja con ellos, les parece un perfil adecuado, y lo van metiendo ahí a los documentos sin consultar”. Cuando este portal le sugirió que compartiera los documentos de las diligencias legales que adelantaba contra Eightfold, dijo que prefería no hacerlo.

White, bajo sospecha

Al buscar en bases de datos de Panamá el registro público de la sociedad Progreso Verde Holding Corp, aparece el nombre de Adam Zarafshani como director de la empresa panameña que controla Eightfold Biodiversity Bank SAS, la poseedora de las 32.450 hectáreas de selva chocoana.

Mediante la escritura 16549 del 21 de junio de 2019, registrada en la Notaría 12 del Circuito de Panamá, se protocolizó el acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Progreso Verde Holding Corp en donde se escoge como secretario a Zarafshani. Tiempo después fue nombrado director de la empresa.

Zarafshani, oriundo de Pakistán, es el director ejecutivo de la empresa Panache Development & Construction, con sede en Austin, Texas, que, desde 1997, trabaja en el área de diseño, arquitectura e ingeniería. Este portal buscó al empresario estadounidense para conocer su versión sobre el despojo de las tierras de las comunidades negras de Sipí. Sus primeras palabras fueron contundentes: “Estoy listado en estas empresas; sin embargo, esto se hizo sin mi autorización o conocimiento. Fui socio del Sr. White. Resultó que también estaba realizando transacciones fraudulentas en los Estados Unidos”.

Toda empresa constituida en Panamá debe tener un agente residente radicado en el país centroamericano y desde la fecha en que Zarafshani fue nombrado en la directiva de Progreso Verde Holding Corp, en junio de 2019, se eligió a la firma Williams & Williams. En el acta de asamblea de accionistas protocolizada en la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá se evidencia que uno de los abogados de la firma, Juan Carlos Williams Ramírez, fungió como secretario ad hoc de la asamblea.

Este equipo periodístico contactó a uno de los socios representantes de la firma: Yasser Williams Arosemena. “Nuestra responsabilidad se limita actualmente a actuar como agente residente de la sociedad panameña Progreso Verde Holding Corp”, respondió el abogado y, asegurando desconocer el problema alrededor de la tierra en Chocó, declinó a la posibilidad de una entrevista.

El 23 de octubre de 2020, Zarafshani le envió un correo a Yasser Williams, preguntándole “¿Cómo es posible que me haya incluido como funcionario o director sin mi consentimiento o sin ninguna comunicación conmigo?”. El empresario estadounidense le explicó a este portal que Yasser Williams se comunicó con él vía telefónica y le dijo que no iba a tomar ninguna medida porque White no le había pagado honorarios.

En un segundo correo que este portal le envió a Juan Carlos Williams Ramírez, se le preguntó sobre el posible involucramiento sin autorización de Zarafshani, la posible relación del bufete de abogados con Alexis Williams Arosemena Ramírez, quien aparece compareciendo en el registro de documentos ante notarías de Panamá y figurando como directivo de las empresas de White en las que se listó al empresario de Texas, pero al cierre de esta publicación, por más que se insistió, no se recibió respuesta.

El empresario canadiense Marc Robert Williams, quien hoy representa la empresa colombiana envuelta en el despojo de las comunidades negras de Sipí también figura en los documentos de Progreso Verde Holding Corp.

Por su parte, Zarafshani explicó que inició trabajos con White en 2017. La idea era ejecutar un proyecto de construcción y desarrollo inmobiliario en la ciudad de Austin, Texas, sobre un terreno de 44 hectáreas ubicado en el 3443 Ed Bluestein Boulevard y en el que operó, hasta 2004, una fábrica del gigante de la tecnología Motorola Inc.

White poseía el 75 por ciento de esa propiedad y la controlaba de manera indirecta a través de sociedades creadas en Canadá y Estados Unidos, una de ellas es 3443 Zen Garden, a la que se vinculó Zarafshani como socio.

El proyecto fue anunciado como Eightfold Developments y la idea era construir una ciudadela en esa vieja propiedad industrial. “Quería usarlo como un programa de energía verde y una plataforma para hacer el bien en la comunidad. Nada de esto era la verdadera intención. Su intención era utilizar estos conceptos para atraer financiamiento y fondos para que él pudiera beneficiarse”, precisó Zarafshani.

Romspen Mortgage, una cartera hipotecaria canadiense, les otorgó un préstamo por 125 millones de dólares para ejecutar ese proyecto. En respaldo de ese compromiso, White pignoró las propiedades que posee en la ciudad de Edmonton, capital de la provincia de Alberta, en Canadá: Eco Industrial Business Park y Absolute Environmental Waste Management, dos parques industriales que brindan servicios de tratamiento y eliminación de desechos de yacimientos petrolíferos y de residuos industriales, e investigación y desarrollo farmacéutico, entre otros.

Parte de los requisitos del préstamo era cancelar los impuestos de ambos parques industriales porque esas propiedades se usarían para bursatilizar el millonario empréstito. Zarafshani le prestó cerca de 435 mil dólares a Eco Industrial Business Park y Absolute Environmental Waste Management para cancelar esos tributos. De ese monto, White sólo habría cancelado un poco más del 17 por ciento a Zarafshani.

“Le envié dinero para pagar los impuestos a la propiedad, excepto que sólo pagó una parte de ellos y no pagó el saldo total de ellos y se quedó con el resto, por lo que ahora esas propiedades no han pagado sus impuestos a la propiedad en varios años. Así que no invertí con él, puse dinero prestado para pagar los impuestos”, aclaró Zarafshani.

En poco tiempo, el proyecto de Eightfold Development entró en problemas. 3443 Zen Gardens fue liquidado por un administrador designado por un tribunal y se subastaron los bienes. La firma Romspen Mortgage lo compró y optaron por asociarse con Zarafshani.

“Para responder a su pregunta —responde Zarafshani—, sí, estamos legalmente obligados y queremos completar el proyecto con el prestamista. Esto significa que Mr. White y Zen Gardens están completamente fuera de escena y ya no están involucrados en el proyecto”.

Actualmente hay un litigio en un Tribunal de Quiebras del Distrito Occidental de Texas por este asunto, en el que White dice desconocer lo que estaba pasando con este préstamo y demandó a Zarafshani y a la empresa canadiense prestamista.

Zarafshani, por su parte, sostuvo que White ha presentado múltiples demandas en Edmonton, Canadá, contra él y su empresa, Panache, y que la defensa de White ha sido silenciosa. Por la contingencia sanitaria causada por la expansión del Covid-19, ha habido muy poca actividad judicial en el país del norte.

“Mis empresas y yo no hemos llevado adelante estos juicios de manera agresiva, ya que los problemas entre nosotros deben resolverse en un tribunal diferente. Nuestra preocupación es que el Sr. White no paga a sus abogados y cambia de bufete de abogados con frecuencia. No hay base en las acusaciones planteadas en las demandas”.

Zarafshani rompió relaciones en agosto de 2019 con White, cuando supo, por versión de un prestamista, sobre el pasado de White. Así conoció que su exsocio había sido condenado en 1998 por intentar lavar más de un millón de dólares producto de la venta ilegal de licores en la provincia canadiense de Columbia Británica. Y en 2009 se vio envuelto en un escándalo de proporciones catastróficas para el medio ambiente, por el descuido de una planta de celulosa que almacenaba sustancias químicas, varias de ellas tóxicas, en el poblado de Mackenzie, provincia Columbia Británica, según registró Canadian Broadcasting Corporation (Cbc News).

White, en su momento, se justificó ante el medio Vancouver Sun, diciendo que él no era dueño de esa planta, pero lo cierto es que, para el momento del desastre, el dueño del predio era Worthington Properties, empresa creada y controlada por muchos años por él mismo.

Pese a ese rompimiento comercial, Zarafshani terminó, en 2019, figurando en los registros de por lo menos cinco empresas en Panamá, dos creadas por White y de las cuales no hay claridad sobre sus actividades: Progreso Verde Holding Corp. y Progreso Verde Foundation. El empresario estadounidense insistió en que todos estos nombramientos se hicieron sin su consentimiento.

“Una de las cosas que descubrí —arguye Zarafshani— a través de los dos años de relación con el Sr. White y habiendo tenido la oportunidad de ver su historia y cómo se comporta en sus negocios, generalmente le gusta que otras personas sean jefes de las organizaciones que él forma y luego viene y afirma que no sabía nada y que todo se hizo sin su conocimiento. Eso es lo único que me ha quedado absolutamente claro. Así es como hace las cosas. Por eso su nombre nunca aparece en la superficie de ninguna empresa y creo que estaba tratando de usar mi nombre y mi reputación”.

El empresario de Texas sostiene que nunca tuvo mayores detalles de los proyectos en Sipí, ni el problema detrás de la titularidad de la tierra. Le explicó a este portal que lo poco que conoció era cuando White le contaba que quería “‘brindar apoyo a esas comunidades’” construyendo un proyecto que atrajera la inversión externa, involucrar a los gobiernos locales y luego tratar de “vender eso al Banco Mundial. Básicamente, él iba a estar cobrando bastantes honorarios de administración y honorarios de deuda”.

Zarafshani dice que siempre se negó a participar de ese proyecto o de intermediar préstamos. “Cuando escuchas su presentación, en última instancia, todas estas cosas, ya sea el banco de biodiversidad o ayudar a todas estas personas, fue un encubrimiento para beneficiarse a sí mismo”, resaltó.

Según un documento de la Agencia de Impuestos de Canadá (Canada Revenue Agency), el 2 de abril de 2019 se inició una auditoría fiscal sobre Symmetry Asset Management Inc, a través de Dan White Family Trust (Dwft), otra de las empresas creadas por White.

Con una larga lista de peticiones de cuentas bancarias, activos, empresas y capital, White y sus empresas empezaron a ser investigadas y Adam Zarafshani fue vinculado al proceso como supuesto fideicomisario de su exsocio.

Según el empresario tejano, el mismo White eligió a los fideicomisarios de esta empresa y supuestamente hacían parte de un comité administrador. “Los fideicomisarios que se suponía que eran gerentes eran en realidad marionetas controladas por el Sr. White para que pudiera manipular el sistema y mantener su propio nombre fuera de los documentos”, sostuvo.

Según el relato de una de las fuentes que conversó con este portal, un abogado holandés llamado Gerrit (Gary) Vandepol fue quién creó las empresas para White. VerdadAbierta.com le envió un par de correos para saber si esto era cierto y si podía detallar sobre las acciones empresariales de White, pero respondió que sus relaciones se limitaban al área de la finca raíz y que no sabía de sus negocios en Colombia.

“Después de arreglar el apartamento en Panamá —respondió Vandepol refiriéndose a un negocio de finca raíz—, traté de trabajar con el Sr. White en un proyecto en Canadá, pero no estábamos de acuerdo en cómo hacer esos proyectos, así que terminé mi relación con él y no he tenido más relaciones con el Sr. White en absoluto”.

¿Qué hace en el país?

Esta investigación identificó por lo menos tres empresas creadas a solicitud de White y controladas desde Panamá. Se trata de Proyecto Horizontes Verdes (constituida por documento privado el 13 de noviembre de 2014), con supuestas actividades en el sector inmobiliario; Cannpura Colombia (constituida por documento privado 2 de abril de 2018), dedicada a actividades agroindustriales y comerciales de marihuana medicinal; y Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, cuyas labores empresariales son confusas.

Por el cargo de representante legal de las empresas de White pasaron varias personas, pero los principales nombres asociados al presunto despojo de tierras en Sipí son Luis Enrique Betancur Hernández, Marc Robert Williams y Boris Rolando Navarro Pabón.

Betancur tuvo una historia completa con las comunidades de Sipí; Williams actuó en algunas diligencias notariales y en los años en que no fue representante legal, no se mantuvo tan lejos del cargo, ocupando los diferentes grados de suplencia del representante legal; y Navarro fue el último directivo de la empresa que tuvo contacto con Santa Rosa, una de las comunidades negras más cercanas al polígono de las 32.450 hectáreas de tierras en Chocó.

El 17 de julio de 2019, en el acta de accionistas de la empresa, quedaron consignadas las modificaciones a los estatutos y se creó el holding “Eightfold”, una alegoría al Noble Camino Óctuple (Noble Eightfold Path) de Buda, conformado por las sociedades Eightfold Colombia (antes Desarrollo e Inversiones Proyecto Verde); Eightfold Biodiversity Bank (antes Proyecto Horizontes Verdes); y Eightfold Río Vida (antes Cannipura Colombia). Además se modificaron sus objetos sociales, afianzando el perfil medioambiental y eliminando cualquier huella relacionada con la minería.

En este mismo documento se formalizó la elección de Boris Rolando Navarro Pabón como representante legal de ese holding y él mismo se encargó, el 22 de julio de 2019, de realizar el pago de la solicitud de cambio de la actividad comercial en la Cámara de Comercio de Bogotá, eliminando el código de “Exploración y explotación de oro y otros minerales”.

¿Van por más tierras?

“Eightfold Colombia es un nuevo modelo de negocio privado basado en el Valor Compartido —se lee en el documento entregado por Navarro de fecha 2020—, que desarrolla comunidades sostenibles a partir de proyectos de bioeconomía innovadores y creativos, integrando Ocho Pilares que buscan generar sostenibilidad, autosuficiencia y bienestar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Metas de Biodiversidad de Aichi y el Acuerdo de París sobre el clima”.

Los ocho pilares le apuntan a la sostenibilidad de las comunidades de cara a una realidad mundial de cambio climático, contemplando: educación y crecimiento personal; vida, trabajo y celebración; salud, fusión medicina; agricultura ecológica; artes y cultura; meditación y espiritualidad; innovación y tecnología; y energía verde y sostenible.

El proyecto Eightfold tiene declarados ocho lugares, además de Sipí, donde pretende ejecutar proyectos de “bioeconomía innovadores y creativos”: Bolívar, Valle del Cauca (38.980 hectáreas); Villagarzón, Putumayo (130.339 hectáreas); Puerto Carreño, Vichada (22.500 hectáreas); Mapiripán, Meta (150.423 hectáreas); San José de Guaviare, Guaviare (212.038 hectáreas); Carurú, Vaupés (38.980 hectáreas); y dos más en La Primavera, Vichada (16.988 y 614.547 hectáreas, respectivamente).

Al parecer, Eightfold pretende adquirir más de un millón de hectáreas en el país, la pregunta es ¿cómo? Tal como Navarro le había dicho a funcionarios y académicos de Chocó cuando representaba a esa empresa y sus intereses de posicionarse en Sipí: “Para nosotros Colombia es un país que no tiene límites. Que no tiene barreras porque nuestros inversionistas son extranjeros”.

Sin embargo, trabajadores del proyecto de Vichada le precisaron a este portal que el único proyecto que ciertamente estaba funcionando era Río Bita en el municipio La Primavera, Vichada, en un terreno para cultivar cannabis a ocho horas dentro de los Llanos Orientales desde la última tienda de la región.

Además, muy a pesar de lo que los trabajadores del proyecto en Vichada recuerdan era un discurso de la empresa que prometía recursos ilimitados, sostuvieron que White debe impuestos al fisco colombiano, así como facturas a proveedores y nóminas de los empleados.

Nadie sabe de dónde venía el dinero para los pagos, más allá de ser recursos extranjeros que posiblemente provinieron de las empresas panameñas y canadienses, pero lo que sí tienen claro los trabajadores de Vichada es que en todo ese tiempo no entró un sólo peso a las arcas de Eightfold producto de alguno de los proyectos ambientales.

VerdadAbierta.com se pregunta si Eightfold ha vendido alguna de las ideas que presenta en sus documentos a inversionistas extranjeros que quisieran hacer parte, pues Zarafshani le suministró a este portal una cartilla que, según él, White le había entregado para que este fuera socio y la cual estaba moviendo para recaudar fondos.

Una de las cosas que más llama la atención es que en las últimas páginas de ese documento coloca los logos de 17 entidades, entre ellas los gobiernos brasileño, canadiense, estadounidense y mexicano; las universidades colombianas La Nacional y Javeriana, la brasileña Federal Rural de la Amazonía, y la norteamericana Texas University; así como la estatal Parques Nacionales de Colombia; las firmas privadas Motorola Solutions, Datumcon, Trane y Alphabet; y la Iglesia Católica. VerdadAbierta.com habló con voceros de algunas de ellas y no reconocen ni el proyecto ni las supuestas alianzas.

En las diferentes conversaciones informales que entabló White con este portal, eludiendo una entrevista oficial, dejó entrever su intención de continuar con los proyectos ambientales en Sipí y, de esa manera, insistir en la posesión de la tierra. Pero en las selvas chocoanas, las comunidades negras están dispuestas a defender su territorio ancestral del despojador foráneo. Y a todas estas, ¿qué papel ha jugado el Estado colombiano en esta trama de robo de tierras?

Sollozos ante un futuro sin territorio

En las manos de las autoridades agrarias está que las comunidades negras de Acadesan no sean despojadas materialmente. Sin embargo, el consejo comunitario denuncia que han sido escasas las acciones para proteger sus derechos étnicoterritoriales.

Amanece en la región del San Juan y las comunidades van haciendo su día con el río. Otros contra el río, pero algún momento de su día se define en estar en o junto al río. Elizabeth Moreno Barco, más conocida como ‘Chava’, representante del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), se pregunta, de espaldas al río San Juan, cuál es el interés de la sociedad Eightfold y los empresarios que conoció —y los que aún no conoce— sobre las tierras ancestrales de Sipí.

“Como proceso organizativo —dice con una voz que va tomando velocidad tras cada respiración—, en este momento yo como representante legal de Acadesan no estoy en condiciones para cederle un milímetro de tierra a alguna empresa, a alguna entidad, que venga a reclamarla, sin tener esos derechos y sin tener el respeto a la autonomía y a la autoridad territorial. Hoy estoy yo, mañana están otros, pero siempre la lucha ancestral va a ser la misma: la defensa del territorio, la permanencia de sus habitantes”.

Todas las veces que los miembros de la junta directiva de Acadesan le dijeron a los empresarios que representaban a la hoy Eightfold que el título con el que exigían derecho sobre las 32.450 hectáreas de selva chocoana no podía ser de buena procedencia y que esas eran sus tierras ancestrales, fueron desoídas.

Por eso, Acadesan ha pretendido llevar hasta los estrados judiciales su lucha, pues ni el actual Secretario de Gobierno, y entonces alcalde encargado de Sipí, Yeferson Palacios, tenía conocimiento de la disputa territorial que se presenta en el 25 por ciento del municipio, hasta que en una socialización realizada el 13 de marzo de 2021, miembros del consejo mayor de Acadesan ilustraron a la administración local sobre esta disputa.

La abogada que apoya al consejo en el proceso, María Fernanda Angulo, ha documentado cada una de las irregularidades jurídicas que giran en torno al título y pone en tela de juicio la buena fe de las empresas y los empresarios que se hicieron a la propiedad de las 32.450 hectáreas. Con estos insumos, el equipo jurídico inició en enero de este año acciones para que se revoque el cuestionado título de los empresarios, reiterando que el tema se viene denunciando desde mayo de 2019. Sin embargo, señala que la gestión de algunas entidades estatales para prevenir el despojo es cuestionable.

Angulo explica que un juez especializado en restitución de tierras le solicitó en mayo de 2019 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el expediente que le otorga propiedad sobre las 32.450 hectáreas del municipio de Sipí a la sociedad Eightfold, pero esta entidad nunca lo entregó.

Sólo fue a partir de una sentencia del pasado 3 de mayo, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura en respuesta a una tutela interpuesta por Acadesan, que la ANT entregó el expediente. O lo que tiene de él, pues la carpeta está incompleta: no contiene el mapa del predio, tampoco la solicitud de adjudicación y mucho menos otros documentos propios de una adjudicación.

Hasta mayo de este año, Acadesan intentó adelantar, de la mano de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), medidas adicionales de protección por el despojo jurídico y amenaza de despojo material, pues aunque los directamente involucrados no son actores armados ilegales o empresas y empresarios de los que se haya conocido sobre nexos con el conflicto armado, basta con el hecho de que un tercero se aproveche de la condición de vulnerabilidad de la comunidad en un contexto de conflicto sobre el que hay medidas judiciales de protección.

Con el auto interlocutorio 040 del 2018, una decisión judicial se da en respuesta a una solicitud realizada por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó ordenó medidas cautelares de protección individual y colectiva, y de protección territorial a raíz de las afectaciones que para ese año estaban padeciendo las comunidades negras e indígenas de la región de San Juan.

El equipo jurídico de Acadesan le estaba solicitando actuar a la URT para que, de manera conjunta, se ampliaran las medidas cautelares del auto interlocutorio 040 de 2018. “La sola existencia del predio es un despojo a la comunidad —ilustra Angulo, refiriéndose a lo que se conoce como despojo jurídico— y lo que estamos alegando es que la situación de conflicto armado presente en la zona, y que ha sido constante en el tiempo, pone a la comunidad en una situación de vulnerabilidad que le impide, incluso, tener conocimiento de lo que está pasando y que un tercero se aprovecha de esas situaciones para pretender que se le reconozca un derecho sobre lo que es propiedad de la comunidad”.

De esta manera, buscaban que el Juez Especializado en Restitución de Tierras ordenara la prohibición de cualquier uso y explotación por parte de personas naturales y jurídicas ajenas a las comunidades negras de Acadesan en el área del cuestionado título individual.

Además, que el Juez le solicitara a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos inscribir la solicitud de restitución en el folio de matrícula inmobiliaria del predio que hoy posee Eightfold Biodiversity Bank y que ordene la materialización de una mesa técnica coordinada por la ANT para que “se conceptualice sobre la ilicitud el título y la resolución; la inexistencia del título de propiedad privada e inoponibilidad a los derechos de las comunidades negras, el inicio del trámite de revocatoria directa en la inscripción en la Orip y cancelación de la ficha predial”, se lee en el documento presentado por el equipo jurídico a la URT.

“Sólo con la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria y la ficha predial del predio 184-9929, cesarán los actos de despojo jurídico por parte de los terceros, quienes ante una situación de vulnerabilidad de la comunidad, se aprovechan abusivamente y de mala fe pretenden obtener ganancias con un derecho territorial en cabeza de la comunidad”, señala Angulo.

Sin embargo, las conversaciones con la URT no dieron los resultados que El Consejo Comunitario esperaba, por lo que el pasado 24 de mayo, Acadesan presentó individualmente la solicitud de ampliación de medidas cautelares ante el Juez Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. El Consejo Comunitario tomó esa decisión porque la entidad estatal dilató la concertación del documento que le presentarían conjuntamente a este operador judicial.

Acadesan le había dejado claro a los funcionarios de la URT que si no lograban concertar, iban a presentar por su lado la solicitud de protección. “Dado que los procedimientos internos y demás gestiones de la Unidad —le escribió el pasado 21 de mayo vía correo la URT a Acadesan— no coincidieron con los tiempos para la entrega en la fecha prevista, nos permitimos anunciar que el documento aún se encuentra en revisiones internas de acuerdo con la ruta y lineamientos institucionales, lo anterior para que desde el Consejo Comunitario se tomen las decisiones al respecto”.

El Juzgado respondió el pasado 25 de junio y entre las decisiones tomadas accedió a la solicitud de ampliar la media cautelar del Auto 040 de 2018; suspender trámites notariales, judiciales y administrativos sobre las 32.450 hectáreas; y le ordena a al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Ambiental Para El Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) abstenerse de “conceder licencias ambientales sobre el predio identificado con el Folio de Matrícula 184-9929”.

La preocupación del equipo jurídico que asesora al Consejo Comunitario en este proceso es que la decisión no contiene una prohibición expresa sobre el uso y explotación del predio por parte de los empresarios foráneos que ostentan la propiedad del predio.

Lenta gestión de la URT

VerdadAbierta.com le envió varias preguntas a la URT solicitando información sobre las medidas puntuales que ha adelantado en este caso. Después de una primera respuesta descontextualizada y general sobre su gestión en el departamento de Chocó, el último día de mayo respondió, en pocas palabras, que sigue estudiando el caso.

Con la resolución RZE 090 de 2021, esta institución inició formalmente el proceso administrativo de atención y gestión de las solicitudes de protección y restitución de derechos territoriales étnicos en “los casos que identifique despojo y abandono de territorios colectivos de comunidades negras en el marco del conflicto armado interno o sus factores vinculados y subyacentes”. Por el tamaño del predio, la URT precisó que dividió en dos las visitas de campo, necesarias para la determinación de la situación.

Entre el 15 y el 29 de abril de 2021, hizo la primera visita. “La segunda salida está prevista para el mes de septiembre de 2021, en la cual se realizará la aproximación para investigar si se está configurando un despojo sobre 32.450 hectáreas, que se ubican en el municipio de Sipí”, detalló la URT y agregó que proyecta radicar la demanda de restitución de derechos territoriales en el primer cuatrimestre de 2022.

Además, indicó que está realizando una mesa técnica con la Agencia Nacional de Tierras, en la que “están analizando los documentos con que cuenta la Unidad de Restitución con el fin de establecer y determinar la razón de esa adjudicación de 1990; se tiene previsto que a las siguientes mesas técnicas asista el Consejo Comunitario para poder profundizar en el análisis y determinar con ello, la vía jurídica más apropiada”.

Hasta el cierre de esta investigación, el equipo jurídico de Acadesan no tenía conocimiento de la existencia de esa mesa técnica ni la manera cómo se está abordando el tema del despojo de sus predios ancestrales.

En resumidas cuentas, y es lo que más preocupa a las comunidades negras de Sipí, el entramado de empresarios y empresas que hoy poseen jurídicamente las 32.450 hectáreas que amenazan el título colectivo de Acadesan, puede venderlo cuando quiera o hacer posesión en cualquier momento.

En la URT explicaron que se le ha dificultado determinar que ese gran trozo de selva chocoana se encuentre bajo título de dominio particular a raíz de no encontrarse el expediente del origen de toda esta discordia: la resolución de adjudicación que presuntamente favoreció a Elvar Córdoba Delgado el 10 de febrero de 1990.

Pero algunas de las respuestas que requiere responder la URT para tomar medidas sobre el despojo de las comunidades negras de Sipí, las podría dar la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La ANT y su larga búsqueda documental

Para la fecha de adjudicación de las 32.450 hectáreas, tenía vigencia la Ley 135 de 1961, sobre reforma social agraria, mediante la cual se pretendía eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierra “a los que no las posean”. Y en regla a esta norma, el título supera el tamaño límite de adjudicación.

¿Por qué la ANT reconoce legalidad a un título que excedió 70 veces el máximo legal permitido para titulación individual para la fecha de adjudicación? La Agencia le respondió a VerdadAbierta.com que mientras la resolución que benefició a Elvar Córdoba Delgado, el adjudicatario original, no haya sido anulada por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es un acto que se presume legal.

Y reconoció que en el expediente faltan documentos, por lo que “procederá a reiterar la búsqueda en el archivo del expediente y, en su defecto, se deberá iniciar con el procedimiento de reconstrucción”.

Para iniciar un procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicaciones de bienes baldíos que invalide el título de Eightfold Biodiversity Bank SAS sobre las 32.450 hectáreas, sin necesidad del consentimiento expreso y escrito del titular, es necesario encontrar el expediente administrativo que dio lugar a la expedición de la Resolución No. 01326 del 10 de febrero de 1990.

La autoridad agraria explicó que es común que, por múltiples causas, un expediente de adjudicación de baldíos llegue a extraviarse. Por eso, la ANT ha adoptado un procedimiento para la reconstrucción de expedientes, con base en lo previsto en el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 del Archivo General de la Nación y el Artículo 126 del Código General del Proceso.

Uno de los momentos del procedimiento administrativo de reconstrucción de expedientes es la presentación por parte de la Oficina Jurídica de la ANT de una denuncia de carácter penal por la posible comisión del delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos o aquellos delitos que el despacho judicial considere en la averiguación.

Si bien el proceso de revocatoria está condicionado al expediente, quizás lo más importante de la respuesta de la autoridad agraria es que ante las preguntas de VerdadAbierta.com reconoce que la adjudicación, por lo menos en cuanto a la extensión, es irregular.

“De acuerdo con lo evidenciado en la copia de la Resolución No. 01326 del 10 de febrero de 1990, y de conformidad con la normatividad vigente para la época de la adjudicación, no es posible adjudicar esa extensión de tierra, por cuanto, la Ley 135 de 1961 establecía en su artículo 29 que las adjudicaciones de baldíos se podían hacer por extensiones no mayores de cuatrocientas cincuenta (450) hectáreas por persona natural”, expuso la ANT.

Resistir en medio de la selva

El equipo jurídico de Acadesan y las comunidades negras esperaba más de las instituciones del Estado. “Para el caso de la Defensoría y Procuraduría, sus acciones se dan en términos de contestar la vinculación del despacho o lo que en el marco de sus competencias evidencian una vez radicado el documento”, reflexiona Angulo

“En el caso de la URT —agrega— sus diferentes espacios internos de discusión o aprobación para la suscripción de dicho documento es, a nuestro parecer, extremadamente compleja y sumamente dependiente de visiones de múltiples dependencias, que no se compadece de la urgencia, amenaza y riesgo a que se ve expuesta la comunidad negra y su territorio”.

En cuanto a los actuales poseedores del título, Angulo resalta la responsabilidad de Eightfold Biodiversity Bank, actual propietaria de las tierras en discusión, y de los foráneos que se relacionan con el negocio y que insisten en aprovecharse de esa titularidad. Para esta abogada, los empresarios debieron hacer un riguroso estudio de títulos, así como la situación real del cuestionado predio, para decidir, bajo el principio de buena fe, comprar el presunto derecho de ese predio selvático.

Independientemente de que los empresarios apelen al argumento de violación del principio de confianza legítima del Estado (aduciendo que el título era reconocido en los registros estatales), la discusión ante el proceso de restitución es otro: que las tierras de las comunidades de Acadesan deben ser para las comunidades negras en conformidad con su título colectivo.

Sin embargo, Angulo expresa una preocupación tras observar varios litigios territoriales de consejos comunitarios en diferentes partes del país: las comunidades negras tienen interiorizado que la posesión del título colectivo no los protege de ser despojados, porque cuando aparecen quienes se quieren aprovechar de este, quedan vulnerables. Una violencia invisible para el Estado, por su deficiente inventario documental, lenta implementación de catastro para conocer los predios de la Nación y los actos de corrupción que, por años, han rondado los asuntos de tierras en el país.

“La titulación colectiva es un paso para la consolidación del derecho, pero no protege 100 por ciento el trabajo de las comunidades. No lo protege por cosas como estas. Por cosas como que aparecen títulos de la nada, aparece gente que negocia sobre los territorios estando a miles de kilómetros”, afirma Angulo.

En manos de las autoridades agrarias y de las entidades responsables de la garantía de derechos de las víctimas queda resolver esta disputa. Lo desalentador para las comunidades de Acadesan es la tardía gestión que han demostrado las agencias estatales en procesos similares en diferentes partes del país. De todas formas, los negros y negras insistirán hasta llegar al final “luchando, creando, conciencia pueblo negro”, como rezan sus cantos comunales. En paralelo, el objetivo es seguir trabajando desde lo organizativo, fortaleciéndose comunalmente, mientras esperan justicia.

“Qué pena decirles (a los empresarios) que como pobladores negros, como afrodescendientes que ostentamos un título colectivo, ostentamos una resolución, buscaremos los mecanismos legales para hacer valer nuestros derechos, la ancestralidad y la posición que tenemos en las 683.591 hectáreas que están dentro del título colectivo”, concluyó ‘Chava’ de espaldas al río San Juan y de frente al territorio y su gente negra.