Varios defensores de derechos humanos del Bajo Atrato participaron esta semana en una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
La audiencia hizo seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la crisis humanitaria que se vive en el Bajo Atrato.
Los líderes bajoatrateños denunciaron la continuidad de la violencia a pesar de la firma del acuerdo de paz y evidenciaron la vulneración a sus garantías a la vida y a vivir en paz.
En presencia de los comisionados, revelaron que desde la firma del proceso de paz con las Farc se han presentado 77 desplazamientos forzados masivos y 23 asesinatos de líderes sociales, crímenes que guardan una estrecha relación con el narcotráfico.
«Esperamos que Dios nos ayude porque del gobierno no hemos recibido ayuda. Soy una lideresa que he sido víctima de acoso sexual y así como lo he vivido yo otras compañeras también. A veces no queremos decir tantas cosas porque si uno las cuenta entonces esa persona vale plata, estamos abocados a un nuevo desplazamiento», manifestó una lideresa que ocultó su nombre por razones de seguridad.
Desde los resguardos indígenas también se relató la vulneración constante a sus derechos.
«Hemos hecho administración del territorio, hemos hecho erradicación de más de 150 hectáreas (de coca), por eso hay amenazas a los líderes e indígenas. Nosotros las comunidades sentimos con miedo el riesgo de desplazamiento, hay ausencia institucional», manifestó el líder Argemiro Bailarín.
Además, manifestó que han llegado a detener a miembros de estructuras criminales que han invadido su territorio, pero deben «soltarlos» porque la fuerza pública no frecuenta la zona y no logran entregárselos.
Desde la Comisión Interamericana se reiteró el respaldo a los defensores de derechos humanos y se señaló estar «conscientes» de la difícil situación humanitaria que viven.
