Por Douglas Cújar Cañadas, Vigía del Patrimonio – Fundación Beteguma
Luego de dos denuncias en Chocó 7 Días (diciembre de 2009) y de interponer acción popular (diciembre de 2019), es decir de 11 años y 3 meses, no se termina de reparar la falta grave contra el patrimonio cultural al destruir el pedestal y venderse como chatarra el busto de Benjamín Herrera construido por la Intendencia del Chocó (año de 1936).
La sentencia judicial 028 de la acción popular por la destrucción del monumento a Herrera impetrada por la Academia de Historia y la Fundación Beteguma, no resuelve los consecutivos atentados que sufre el patrimonio mueble e inmueble de Quibdó, al no condenar pecuniaria ni penalmente al servidor público que lo destruyó, igual no sienta precedentes sobre la protección y valoración de los Bienes de Interés Cultural – BIC.
En reciente pasado la denuncia ante la Procuraduría por la vandalización de la Vendedora de Pescado de la Alameda no tuvo respuesta satisfactoria pese a que el alcalde manifestó en oficio del 21 de septiembre ser “garante del patrimonio mueble” y en un comunicado de su página web insistiera en que “[…] defiende la protección del Patrimonio Cultural”, al final no se restableció el daño. A lo anterior se suma hechos de intervención en el BICNal Palacio Municipal y la construcción en su área de influencia sin la autorización del MinCultura, pese a los derechos de ley invocados para suspender las obras.
La sentencia si bien busca que se reconstruya un monumento que ya no existe, al perderse el busto, no condena la falta contra el patrimonio, consagrada en el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, que establece en el numeral 5 “Si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad con el Artículo 25 de la ley 200 de 1995”. Por ello solicitamos sanciones pecuniarias y penales al responsabilizar al alcalde encargado de velar por su protección.
De igual manera, la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural atribuye al patrimonio cultural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general. Luego, el decreto 763 de 2009, que fija las competencias institucionales, define que “A los municipios les corresponde la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP para los bienes del Grupo Urbano y los Monumentos en espacio público localizados en su territorio”, por ello era necesaria en la sentencia la medida urgente del juez para que la alcaldía formulara el PEMP de los bienes muebles e inmuebles declarados o no por el Acuerdo 015 de 2002 (POT) en Quibdó.
Por todo lo anterior, ante tanta infamia con nuestro escaso patrimonio material pregunto ¿Quién reparará moralmente a la comunidad que pierde sus valores culturales, la misma que ha soportado su patrimonio?
