Comenzó como juez municipal en una región afectada por la violencia y la pobreza. Superando numerosos desafíos, uno de ellos el racismo, llegó a ser vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia
Gerson Chaverra nació en las manos de una comadrona, en la escuela de Querá, una vereda de Bajo Baudó (Chocó, al noroeste del país). Años en los que su mamá, Rita Manuela Castro, era profesora y recorría la región dando clases. Y como ocurrió con otros de sus nueve hijos, aquel día los dolores del parto aparecieron entre alumnos, olor a tiza y maderas viejas.
Su peregrinaje siempre fue de largos y aventurados kilómetros. A los dos años de haber nacido Gerson, fue trasladada a corregimientos cercanos a Quibdó y hasta allá iba por días y semanas. Sus hijos crecían en la capital de Chocó, a veces muy lejos de ella.
“Mi desarrollo, mi infancia, mi escuela, mi bachillerato fueron allí. Mi mamá, con gran esfuerzo, además de mantener nueve hijos con el sueldo de una maestra de escuela, me mandó, en 1986, a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Bogotá”, recuerda Chaverra.
Siempre quiso ser juez, aquel que resuelve conflictos, que decide quién tiene la razón en un caso, pleito o litigio. Esa figura institucional siempre lo encandiló. En abril de 1992, ya era abogado y entró a la rama judicial, en su departamento, como juez municipal de Riosucio. Desde entonces, su carrera nunca se interrumpió.
Estuvo como juez, promiscuo o penal, en Tadó, Istmina, Bahía Solano y Quibdó. Y, en 2002, enfrentó el que considera su caso más emblemático: decidió sobre la muerte de un ciudadano español de una ONG. Hubo presión internacional y amenazas por parte de un grupo paramilitar. A pesar de ser un juez joven, mostró la robustez de la institucionalidad judicial en medio de la marginalidad y la pobreza locales.
En 2004, por concurso de méritos –todo lo ha obtenido de esta manera– llegó a Bogotá como togado penal de circuito por tres años. Después, otra vez por concurso, pudo ser presidente del Tribunal Superior de Quibdó, para orgullo de Rita Manuela Castro.
Luego permaneció en la misma instancia judicial en Bogotá (en la Sala Penal), durante 11 años, incluyendo la presidencia. En febrero de 2020, fue designado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y ascendió a presidente de la Sala de Casación Penal en enero de 2021 –de la que hoy es vicepresidente–. Este año, por ejemplo, tuvo que confirmar la sentencia de 17 años y cuatro meses de cárcel en contra del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
Y el haber llegado al pico de su carrera le hizo rebobinar su vida, no olvidar de dónde viene, recordar que cuando iba para la universidad miraba con anhelo hacia el Palacio de Justicia (en reconstrucción), todo parecía distante, pero lo soñaba. No deja de acordarse: “Recorría este lugar como estudiante, con las limitaciones económicas propias de alguien de Chocó que viene a Bogotá, de una mamá que hacía esfuerzos para tenerme acá. Ahora recorro las mismas calles, pero como magistrado. Mi alma se arruga”.
Recuerda que cuando tenía 23 años, en medio de la violencia guerrillera y paramilitar, para ir de Quibdó a Riosucio debía tomar una lancha con motor fuera de borda para un viaje que duraba ocho o nueve horas. No sabía nadar. Su mamá se quedaba afligida en la orilla despidiéndose.
Pero había otros miedos peores. Los que avivaban los paramilitares que controlaban una parte del río o los que incitaban los guerrilleros, que dominaban la otra. Eran momentos en los que subía el número de asesinados en las poblaciones de la región. Su recorrido terminaba en el bajo Atrato, pero su auténtico destino –afirma– era ser juez.
Otras barreras aparecieron después, muchas de ellas raciales. Desde entonces, uno de sus compromisos y responsabilidades es mostrar a las nuevas generaciones afrodescendientes que, a pesar de estas estructuras y barreras impuestas por el racismo y los prejuicios, es necesario luchar para superarlas y que los sueños son alcanzables.
“Siempre me presento como un juez de carrera. Toda mi experiencia la he hecho a partir de concursos de méritos. El anhelo más grande que puede tener un abogado, el anhelo más grande que puede tener un servidor judicial, ya lo cumplí: llegar al máximo tribunal de la justicia ordinaria, es decir, la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
*Apoyan Ecopetrol, Movistar y Fundación Corona.
