La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia y agravamiento de la crisis ambiental y social que afecta la cuenca del río Atrato, durante una audiencia pública de seguimiento a la Sentencia T-622 de 2016. Pese a nueve años de vigencia de esta decisión judicial, los problemas no solo persisten, sino que se han intensificado.
La intervención de la Defensoría se sustentó en informes técnicos y en el trabajo del Comité de Seguimiento, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Cifras alarmantes de degradación ambiental
Según el XV informe de seguimiento y documentos técnicos presentados, aunque se registran avances administrativos, no se evidencian mejoras tangibles en la calidad del agua ni en la restauración de ecosistemas. La minería ilegal continúa expandiéndose de manera preocupante: las hectáreas degradadas pasaron de 48.000 en 2016 a más de 108.800 en 2023. Además, los municipios afectados aumentaron de 10 a 13, algunos de ellos no contemplados inicialmente en la sentencia.
La Defensoría del Pueblo subrayó que la actividad minera ilegal, caracterizada por el uso de maquinaria pesada y mercurio, ha contaminado las fuentes hídricas, modificado el cauce del río y genera riesgos severos para la fauna, la salud de las comunidades y los ecosistemas.
Múltiples factores de deterioro
A la problemática minera se suma la deforestación masiva, con subcuencas como la del río Quito, donde el 64% de su área presenta afectación. La deficiente gestión de residuos agrava la situación: solo cinco de los 15 municipios vinculados cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales —una de ellas inactiva—, y apenas seis disponen de rellenos sanitarios.
Llamado a acciones coordinadas y efectivas
Durante la audiencia, el Ministerio Público enfatizó que las acciones implementadas hasta ahora resultan insuficientes, aisladas y carecen de articulación interinstitucional, por lo que no han generado impactos reales en la recuperación de la cuenca.
La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de actualizar el Plan de Acción de la orden sexta, definir indicadores y metas concretas, y elevar la coordinación al más alto nivel del Gobierno nacional, con liderazgo efectivo del Ministerio de Defensa y la participación plena de los Guardianes del río Atrato y una acción pertinente y más decidida del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía.
De otra parte, en su pronunciamiento de cierre, la magistrada a cargo de la audiencia advirtió sobre la ineficiencia en la actuación de las entidades demandadas y recalcó que este desafío debe asumirse como una política de Estado. «No se necesitan más diagnósticos; es hora de ejecutar con verdadero compromiso y conciencia para proteger un recurso vital para la región y el país», afirmó.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades étnicas y ribereñas, y continuará exigiendo el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales que reconocen al río Atrato como sujeto de derechos.
