La Defensoría del Pueblo realizó labores de acompañamiento y verificación de derechos en ocho alojamientos temporales de Quibdó, siete de iniciativa comunitaria y uno oficial, donde permanecen 508 personas pertenecientes a 159 familias, afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
Luego de 23 días del sismo, la Defensoría encontró precarias condiciones de habitabilidad, hacinamiento, insuficiencia de baños y duchas, dificultades en el acceso al agua y alojamientos construidos con materiales provisionales que no ofrecen adecuada protección frente a las lluvias.
La situación se agrava por el contexto de violencia armada y fronteras invisibles que afectan a distintos sectores de Quibdó. Esta doble afectación incrementa los riesgos para las comunidades, particularmente para niños, niñas, mujeres y población LGBTIQ+, incluyendo posibles situaciones de violencia, reclutamiento y utilización de menores por estructuras armadas ilegales.
La Defensoría también identificó riesgos para la convivencia derivados del hacinamiento, afectaciones psicosociales y dificultades para garantizar el retorno a las actividades educativas en zonas donde algunos alojamientos funcionan dentro o cerca de establecimientos escolares.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, para que coordinen una respuesta inmediata, diferencial e integral que permita superar las condiciones de vulnerabilidad identificadas.
La Defensoría continuará realizando acompañamiento, seguimiento y verificación en territorio, con el propósito de que la atención de la emergencia se traduzca en garantías efectivas de derechos y en condiciones dignas y seguras para las familias afectadas.
No basta con atender la emergencia: es necesario proteger integralmente a las comunidades que, además de enfrentar los efectos del desastre natural, continúan expuestas a las consecuencias de la violencia armada.
