Moreno Mosquera
Eduardo Xavier Moreno Mosquera
Durante años, los chocoanos hemos aprendido a convivir con una paradoja tan injusta como indignante: pagar por un servicio eléctrico que falla constantemente. No se trata únicamente de apagones, fluctuaciones o recibos que parecen imposibles de explicar. Se trata de una realidad que ha limitado el desarrollo económico, afectado la calidad de vida de miles de familias y profundizado el histórico abandono estatal del departamento.
Las recientes declaraciones del ingeniero Julio Enrique Salcedo, uno de los profesionales con mayor trayectoria en el sector eléctrico del Chocó, vuelven a poner sobre la mesa una discusión que durante mucho tiempo fue relegada. Si sus planteamientos reflejan con precisión el estado de la infraestructura energética, entonces el problema nunca fue la falta de diagnósticos, sino la ausencia de voluntad para intervenir un sistema que se fue deteriorando ante la mirada complaciente de quienes tenían la obligación de administrarlo y vigilarlo.
Los 370 mil millones de pesos acordados tras las movilizaciones sociales representan, sin duda, un avance importante. Sin embargo, nadie debería caer en el triunfalismo. Ese dinero no resuelve décadas de abandono; apenas comienza a reparar una infraestructura que, según lo expuesto, fue dejada en condiciones críticas. Redes operando muy por debajo de su capacidad, líneas de transmisión con más de cuatro décadas de servicio y subestaciones sin el mantenimiento requerido son síntomas de un problema estructural que no apareció de la noche a la mañana.
Quizá lo más preocupante es que muchas de las fallas que padecen diariamente los usuarios no obedecen a fenómenos extraordinarios. Que un aguacero provoque múltiples interrupciones del servicio no debería ser normal.
Cuando la vegetación invade las servidumbres, las líneas no reciben el mantenimiento adecuado y el personal técnico trabaja con recursos insuficientes, los apagones dejan de ser accidentes para convertirse en la consecuencia previsible de una gestión deficiente.
A ello se suma un aspecto que golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos: las tarifas. Resulta profundamente preocupante que existan denuncias sobre cobros asociados a supuestas «desviaciones significativas» que terminan trasladando al usuario cargas económicas difíciles de justificar. Más grave aún es que las deficiencias técnicas del sistema puedan traducirse en daños a electrodomésticos esenciales para los hogares, obligando a las familias a asumir costos adicionales por un servicio cuya calidad no corresponde a lo que pagan.
El debate tampoco puede reducirse únicamente a la empresa operadora.
La crisis del servicio eléctrico en el Chocó evidencia fallas institucionales más amplias. Los organismos de control, las entidades reguladoras y quienes ejercen la supervisión del sector también deberán responder por qué se permitió que el deterioro llegara a este nivel sin que se adoptaran correctivos oportunos.
Entre los anuncios derivados de la mesa de concertación hay decisiones que merecen reconocimiento. La construcción de una tercera línea de interconexión, el fortalecimiento de la red, la instalación de puntos permanentes de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos y la reactivación de proyectos estratégicos como la interconexión Istmina-Pizarro pueden marcar un antes y un después para el departamento. Pero el verdadero desafío no será firmar compromisos, sino cumplirlos.
El Chocó ya conoce demasiadas promesas convertidas en documentos olvidados. Por eso, la vigilancia ciudadana resulta hoy tan importante como la inversión misma.
Cada resolución expedida, cada contrato adjudicado y cada obra ejecutada deberán ser observados con transparencia para impedir que los recursos destinados a superar la crisis terminen reproduciendo las prácticas que la originaron.
La energía eléctrica no es un privilegio. Es un servicio público esencial que condiciona la educación, la salud, la seguridad, la productividad y la competitividad de una región. Garantizar un suministro confiable no puede seguir siendo una aspiración para los chocoanos, sino una obligación inaplazable del Estado y de quienes administran el sistema.
Después de tantos años de oscuridad, el mayor riesgo sería conformarse con pequeñas mejoras. Lo que el Chocó necesita no es un alivio temporal, sino una transformación definitiva de un servicio que durante demasiado tiempo ha cobrado como si funcionara bien, cuando la realidad demuestra que el abandono también se factura.
