Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, afirmó que el Chocó podría quedar sin servicio de energía debido a que el gobierno nacional, por parte del Ministerio de Minas y Energía, no ha pagado los subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía.
Igual situación se presenta con diez millones de personas de la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).
A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.
«Las circunstancias anotadas: (i) no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional; (ii) ingresos no recaudados por la “opción tarifaria”, y (iii) el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista, configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio».
Y agrega: «»Finalmente, se pone de presente a las autoridades locales de todo orden que la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es otro factor que afecta la prestación del servicio y frente al cual existen circulares de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que advierten sobre la gravedad de tal conducta; además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública. En tal sentido, se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría General de la Nación a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan».
