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ntegrantes del Ejército y la Armada destruyeron en la vereda El Salero, municipio de Unión Panamericana, modestos entables de pequeños mineros del Choco, la mayoría de ellos consistentes en una modesta motobomba de succión o dragueta con una canaleta que tiene una malla y una alfombra para atrapar el metal.
El gobierno Petro ha ejecutado una irracional política antiminera, similar a la de los gobiernos anteriores, que da vía libre a la minería de multinacionales, como el caso de Atico Mining Corporation en Carmen de Atrato, mientras en forma irracional persigue y judicializa a pequeños mineros, destruye sus equipos y les niega asistencia técnica, licencias, permisos y formalización.
Esto es absurdo. En el Chocó es muy reducido el empleo público y privado, y se trata de familias que llevan siglos en la pequeña minería buscando sobrevivir y llevar el pan a sus hogares.
El gobierno nacional solo acepta la minería de la esclavitud, es decir, la minería de batea, cachos y almocafre, la minería del hambre.
Y lo peor es que el gobierno nacional califica a estas familias mineras como criminales, ilegales, los encarcela y les prohibe tener algún motor, alguna máquina, alguna tecnificación.
De 500 entables mineros que existían hace diez años en el Chocó, los gobiernos de Santos, Duque y Petro han dinamitado más de 400.
El pueblo chocoano tiene derecho a acceder y utilizar la mecanización, equipos, motores y la tecnología para mejorar sus condiciones de vida. El pueblo chocoano no puede estar condenado a la esclavitud de la minería de batea, que solo proporciona un martirio de miseria y hambre.
“Desde nuestros abuelos hemos trabajado la minería en nuestro territorio. No hay empleo en el Chocó y el gobierno ordena que nos quiten o destruyan los equipos y nos quieren meter a la cárcel. No somos ilegales ni criminales. Esto es injusto y causa indignación”, dijo uno de los pequeños mineros. “Solo quieren que los chocoanos hagamos minería con una batea. Tenemos derecho a conseguir motores y máquinas”.
