El Consejo de Estado aceptó estudiar una tutela en contra de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación, por no haber tomado una decisión de fondo sobre la legitimidad del retorno de Ariel Palacios Calderón al cargo de gobernador del Chocó.
La acción busca que el gobierno nacional se pronuncie definitivamente sobre si en el cargo debe permanecer Palacios Calderón o si debe estar Farlin Perea Rentería, quien fue designada gobernadora encargada del Chocó y quien en varias ocasiones aseguró que Palacios Calderón se reintegró en forma ilegal a la gobernación.
Ariel Palacios retornó a su cargo, a pesar de que no existía una orden judicial que suspendiera su retiro del cargo, luego de que fuera dejado en libertad por vencimiento de términos, en un proceso por una contratación durante la pandemia del COVID-19.
Frente a la situación jurídica del gobernador, el gobierno nacional no se ha pronunciado, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá ha insistido que en ningún momento se le ha revocado la decisión de apartarlo del cargo, a pesar de que recibió la libertad por vencimiento de términos.
