Tomado de Notiriosucio
Por Nayith Moreno C
Una nueva decisión judicial pone en una situación complicada a la mesa directiva del Concejo Municipal de Riosucio, Chocó. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante el Auto Interlocutorio No. 684 del 6 de noviembre de 2026, ordenó sancionar con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de sus tres integrantes, al considerar que no se acreditó el cumplimiento de una sentencia relacionada con el concurso de méritos para elegir al personero municipal.
La providencia, firmada por el juez Fernelix Valencia Mosquera y notificada por estado este lunes 9 de noviembre, afecta directamente a Wilson Arley Palacios Mena, presidente del Concejo Municipal; Beveto Sapia Casama, primer vicepresidente, y Julio César Delgado Herrera, segundo vicepresidente.
La decisión tiene su origen en un proceso judicial que comenzó hace más de dos años y que continúa generando consecuencias para la corporación municipal.
Para entender lo ocurrido, es necesario recordar que el 22 de septiembre de 2023, mediante la Resolución No. 001, el Concejo Municipal convocó y reglamentó el concurso público de méritos para escoger al personero de Riosucio. Sin embargo, el 5 de enero de 2024, mediante la Resolución No. 002, se adoptó una decisión que posteriormente fue anulada por la justicia administrativa.
El 9 de agosto de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Quibdó profirió la Sentencia No. 057, mediante la cual declaró la nulidad de aquella resolución de enero de 2024 y ordenó continuar con las etapas pendientes del concurso, conforme a las reglas establecidas en la convocatoria de septiembre de 2023.
Esta determinación fue confirmada el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la Sentencia No. 090, quedando establecida la obligación de cumplir lo ordenado judicialmente.
No obstante, ante la falta de cumplimiento efectivo de la sentencia, Didier Andrés Mejía Agualimpia, demandante dentro del proceso, promovió una actuación judicial para exigir que se ejecutara la decisión.
Como parte de ese trámite, el 2 de junio de 2026 el juzgado requirió al Concejo Municipal para que identificara a los funcionarios responsables de cumplir la sentencia y explicara por qué todavía no se había materializado la orden.
En su respuesta, la defensa jurídica del Concejo informó sobre distintas actuaciones adelantadas para continuar con el concurso de méritos. También expuso que durante el proceso se habían advertido presuntas irregularidades relacionadas con la ausencia de documentos correspondientes a etapas anteriores de la selección.
Según los argumentos presentados por la corporación, algunas decisiones administrativas se tomaron buscando proteger los principios de transparencia, mérito, publicidad y legalidad que deben orientar este tipo de concursos.
Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para el juzgado. Al revisar las pruebas aportadas, el despacho concluyó que el Concejo Municipal no había demostrado el cumplimiento integral de la sentencia de 2024, por lo que consideró procedente imponer las medidas sancionatorias contempladas en la legislación.
En consecuencia, el juez dispuso que cada uno de los tres integrantes de la mesa directiva fuera sancionado con cinco días de arresto y una multa individual de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La providencia también ordena que las multas sean consignadas a favor del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la decisión.
Pero la determinación no termina con las sanciones económicas y las órdenes de arresto.
El juzgado requirió nuevamente a los tres funcionarios para que, dentro del mismo plazo de diez días hábiles contados desde la ejecutoria, acrediten el cumplimiento integral de la Sentencia No. 057 de 2024.
Asimismo, ordenó al secretario general del Concejo comunicar inmediatamente la providencia a los funcionarios sancionados y enviar al despacho judicial, dentro de los dos días hábiles siguientes a su notificación, las constancias correspondientes.
Es importante aclarar que la orden de arresto no significa que los tres concejales ya hayan sido privados de la libertad. El documento establece la sanción, pero no acredita que se haya ejecutado ni informa si se han presentado actuaciones posteriores que puedan modificar su situación.
Esta nueva decisión deja una preocupación sobre el funcionamiento del Concejo Municipal, una corporación encargada de ejercer control político, aprobar acuerdos y tomar decisiones importantes para el municipio, pero que ahora enfrenta nuevas consecuencias judiciales por un proceso que lleva varios años sin encontrar una solución definitiva.
Por ahora, la atención se concentra en las actuaciones que adelante la mesa directiva del Concejo frente a esta providencia y en el cumplimiento de las órdenes judiciales pendientes. Lo cierto es que, después de más de dos años de controversias, el concurso para elegir al personero de Riosucio sigue siendo motivo de decisiones judiciales, mientras el municipio espera que este asunto encuentre una salida ajustada a la ley.
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