El departamento del Chocó figura entre las regiones más afectadas por las consecuencias del conflicto armado en Colombia durante 2025, año que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) califica como el de peores impactos humanitarios de la última década. El informe “Colombia 2025: el drama humanitario que las cifras no alcanzan a describir” destaca cómo el endurecimiento de los controles armados, los enfrentamientos, los confinamientos y los desplazamientos han profundizado el sufrimiento de las comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes en este departamento del Pacífico.
Según datos consolidados en el balance del CICR, Chocó concentró el 29 % de la población confinada a nivel nacional durante 2025, una de las proporciones más altas del país. En el primer semestre (enero-mayo), ya se reportaban 19.706 personas confinadas en el departamento, ocupando el segundo lugar después de Norte de Santander. Estas cifras oficiales reflejan comunidades enteras sin acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud o educación debido a las restricciones impuestas por grupos armados.
El confinamiento no es un fenómeno aislado. Familias indígenas han sido obligadas a desplazarse de manera repetida, abandonando sus territorios ancestrales, medios de subsistencia y redes de apoyo. El informe resalta que, además de los desplazamientos masivos e individuales, el control territorial ha generado amenazas, restricciones a la movilidad y afectaciones al tejido social que van más allá de las estadísticas.
Chocó también registró una alta incidencia de otros indicadores alarmantes. Junto con Norte de Santander y Antioquia, concentró una parte significativa de los actos violentos contra la asistencia de salud (59 % de los casos reportados en el primer semestre de 2025 por la Mesa Nacional de Misión Médica). Estos incluyen amenazas al personal sanitario, obstáculos para la atención y falta de precauciones en zonas de hostilidades.
El CICR documentó a nivel nacional 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos en 2025 (622 civiles, incluidos 93 niños, niñas y adolescentes), con un aumento del 34 % respecto al año anterior. Aunque Cauca lideró estos casos, el uso de minas, restos explosivos y artefactos lanzados (incluidos drones) agravó la situación en regiones como el Chocó, donde la geografía selvática y fluvial complica aún más la respuesta humanitaria.
El informe enfatiza que estas cifras “no alcanzan a describir” el drama humanitario completo: el debilitamiento de la autonomía comunitaria, el impacto psicológico prolongado, la violencia sexual subregistrada, el reclutamiento de menores y las desapariciones (308 nuevos casos documentados a nivel nacional, muchos civiles).
En Chocó, como en otras zonas del Pacífico, las comunidades quedan atrapadas entre hostilidades, paros armados y la dificultad de acceso de la ayuda humanitaria.
El caso de Chocó ilustra la brecha entre las estadísticas y la realidad vivida: familias que huyen una y otra vez, niños sin escuela, enfermos sin atención médica y comunidades que ven cómo su forma de vida se desmorona bajo la presión de la violencia. El CICR continúa trabajando en terreno para mitigar este sufrimiento, pero alerta que los recortes presupuestales y las restricciones al acceso complican la respuesta. Este informe no solo documenta una emergencia; constituye un llamado urgente a priorizar la protección de los civiles en uno de los departamentos históricamente más vulnerables de Colombia.
