– Entre los proyectos hay viviendas, vías, centros educativos y hasta un plan de becas que beneficiarían al menos a 16 mil personas.
– La Procuraduría evalúa acciones preventivas y disciplinarias para garantizar la financiación y entrega de las obras.
La Procuraduría General de la Nación detectó alto riesgo de incumplimiento en cinco megaproyectos que se adelantan en Quibdó, Chocó, financiados con $86.000 millones del Sistema General de Regalías y cuyos retrasos y sobrecostos estarían afectando al menos 100 mil habitantes.
La obra más atrasada es el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera, que construye la Universidad Tecnológica del Chocó bajo la interventoría de la gobernación, cuyo avance no supera el 22,1%, a pesar de que la fecha estipulada para la entrega era el pasado 31 de mayo de 2023.
Este proyecto, cuyo costo asciende a $23.050 millones, debería estar beneficiando permanentemente al menos a 10.000 personas entre estudiantes y empresarios del sector maderero en la articulación de las cadenas productivas de las áreas dedicadas a la producción forestal, de tal manera que se promueva el valor agregado con la adopción de tecnologías y procesos de innovación, a través, de líneas investigación y desarrollo, se asegura en los objetivos.
Sin embargo, el grupo de Seguimiento a Regalías (GES SGR) encontró que, por fallas en los estudios de suelos, las obras fueron suspendidas desde febrero pasado y será necesario invertir más dinero para solucionar los errores estructurales acaecidos.
Otro proyecto en alto riesgo de incumplimiento es el ambicioso plan de becas, por $42.119 millones, para formar profesionales altamente cualificados, a nivel de doctorado, maestría e iniciación en investigación (Jóvenes Investigadores), con capacidad de gestionar los procesos de desarrollo regional a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación.
De acuerdo con la revisión hecha por el GES-SGR, el riesgo más grande que afronta el proyecto es quedarse sin recursos, teniendo en cuenta que este fue formulado en 2012 con una tasa de cambio muy por debajo de la actual. En ese sentido, el recurso disponible para las becas que a la fecha no han sido otorgadas para estudios de doctorado en el exterior pudiera estar por debajo de los costos de estudio y valores de manutención actuales.
Viviendas en veremos
Dos proyectos de vivienda agrupada para comunidades indígenas presentan carencias en la adecuación de senderos peatonales para su población.
El primero, por $2.635 millones, para la construcción de 51 casas para reubicar el mismo número de familias (223 personas) del resguardo indígena El Veinte en Quibdó.
A pesar de estar ya construidas, la licencia de urbanismo y construcción se otorgó con posterioridad al inicio de la ejecución de las obras y estas no incluyeron las obras asociadas a espacio público como andenes, parques y/o espacios comunales, a su vez, el diseño la zona de baño de la vivienda no contempla el uso de ducha para los beneficiarios.
El otro proyecto consta de 21 viviendas que beneficiarían al menos a 104 personas de la comunidad indígena Resguardo El Noventa, también en Quibdó, por $ 2.460 millones, se ha retrasado por fallas en la planeación, en este caso tampoco se contemplaron obras de urbanismo para la vivienda agrupada y el diseño de la vivienda corresponde al mismo de las del resguardo indígena El 20.
En este caso otra presunta irregularidad detectada es que el costo de cada vivienda supera en 100% el estipulado para otros proyectos con las mismas especificaciones técnicas de construcción.
Retrasos en vías y acueducto
La más costosa de las obras es la construcción de 2,23 kilómetros de vía y red de alcantarillado en sector la Esmeralda – Las Américas de Quibdó, por $15.781 millones, que beneficiará al menos 5000 habitantes del sector. Aquí los retrasos se produjeron por desacuerdos con habitantes del sector, ya que no ha sido posible que algunas personas desalojen inmuebles requeridos para la construcción de muro de contención.
La procuraduría delegada para el Seguimiento al Sistema General de Regalías y el Grupo GES- SGR analizan la información recaudada para poner en marcha las acciones preventivas y disciplinarias que procedan en cada caso.
