Ante la falta de interés de las administraciones regionales (gobernación, y alcaldía) para solicitar claridad a las entidades del sector minero sobre la denuncia pública realizada por el Ingeniero Darío Cújar Coutin por el no pago de la Participación Nacional por la explotación de cobre que realiza Minera el Roble (Atico Mining Corporation) en el municipio del Carmen de Atrato (Chocó), este profesional chocoano en defensa de los intereses de la región, instauró denuncia ante la Contraloría General de la Republica, CGR, el 14 de enero del año en curso adjuntando informes y documentos de soporte de la denuncia, la cual fue radicada bajo el No 2021-200444.
La denuncia fue asignada a la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, que realizo una actuación especial ante la Agencia Nacional de Minería, ANM, durante los meses de febrero, marzo y abril del año en curso, evaluando el cumplimiento de las obligaciones económicas correspondiente al Contrato de Concesión 9319. Durante esta actuación la CGR pudo cuantificar el valor de las contraprestaciones económicas dejadas de recibir en el desarrollo de la concesión.
Las respuestas de la ANM representadas en gestiones y actuaciones, no evidenciaron que antes del 25 de febrero de 2021 se haya realizado una acción buscando requerir al titular minero para dar cumplimiento a la obligación contractual y legal derivada del contrato 9319 y el Decreto 2477/86, mostrando que esta entidad no actuó con diligencia y eficiencia en el servicio que le ha sido encomendado como autoridad minera.
El análisis de litigio ante el contencioso administrativo que en la actualidad adelanta la ANM contra el titular minero evidenció la falta de deber de cuidado de las distintas entidades Ministerio de Minas, y autoridades con función delegada de fiscalización que han tenido en conocimiento y trámite esta función de fiscalización, las cuales no actuaron en su momento procesal, generando un daño patrimonial de gran impacto para las finanzas de la nación.
La Contraloría delegada evidencio que a partir del año 2014 hasta el año 2020, el volumen explotado en el contrato de concesión No 9319 superó las cien mil toneladas de producción en bruto y que la ANM no realizó el cobro de la Participación Nacional y no hizo uso de los recursos jurídicos establecidos en el Decreto 2477/86, como lo es la caducidad del contrato.
De la cuantificación de los registros de las exportaciones realizadas por minera El Roble que se encuentran en el expediente, se encontró que en el periodo 2014-2020, el total de la Participación Nacional ascendió a USD 6 millones 140 mil, equivalentes a 21.955 millones de pesos a la tasa representativa del mercado del día 16 de marzo de 2021.
La actuación especial realizada por la CGR estableció un presunto detrimento patrimonial por valor de 21.955 millones de pesos, el hallazgo fue comunicado a la entidad y seguirá el procedimiento establecido con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares.
Producto de esta denuncia se espera que la ANM en la liquidación de las regalías y en aplicación del deber legal, incluya en sus procedimientos una estrategia que dé cumplimiento al mandato legal en la determinación y verificación efectiva de los volúmenes de producción, la verificación de la aplicación de buenas prácticas de exploración, explotación y producción de los titulares mineros, el cumplimiento de las normas de seguridad en labores mineras, la verificación y el recaudo de regalías y compensaciones como base fundamental para el correcto, eficaz, eficiente y oportuno funcionamiento del Sistema General de Regalías sin moras en las liquidaciones y cobros de estas.
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