Fuente: Mongabay https://es.mongabay.com/2026/09/triple-emergencia-choco-colombiano-ataques-drones-desplazamiento-terremoto/
Por Tatiana Rojas Hernández
- Las 72 comunidades afrocolombianas que integran el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) sufren los estragos combinados de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
- Debido al uso de drones con explosivos y las secuelas del terremoto del pasado 10 de agosto, 652 familias se encuentran confinadas.
- A los desplazamientos masivos y confinamientos se suma la falta de una respuesta institucional efectiva.
- Ante las fallas en el censo oficial de damnificados y el abandono estatal, la comunidad lanzó su propia emisora para tratar de romper su aislamiento.
En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.
Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.
Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.
La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.
“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.
En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.
El terremoto que profundizó la crisis
El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.
Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.
Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.
Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.
“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.
Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.
Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.
Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.
El modelo de protección colectiva
Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.
Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.
Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.
El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.
Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.
Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?
Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.
Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.
“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.
De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.
Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.
Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.
La otra función de Acadesan
En Acadesan, el consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.
Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).
Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.
Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.
Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.
“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.
Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.
Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento
En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.
El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).
A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.
“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.
Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.
Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.
“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.
*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan
