
La Contraloría General de la República estableció un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por más de 41 mil millones de pesos, relacionados con los recursos pagados en el proyecto de “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el Departamento, Chocó, Occidente”. El órgano de control determinó que la ejecución del proyecto no logró materializar su finalidad, no fue transparente y no cuenta con soportes que permitan demostrar su correcta ejecución.
• El proyecto tenía como objetivo fortalecer el capital humano del Chocó, mediante formación de alto nivel en Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de becas en programas de doctorado y maestría, junto con publicaciones destacadas.
• Según los resultados de las auditorías, no existen constancias de estudio, listados de beneficiarios, soportes de los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución, lo que impidió verificar el uso efectivo de los recursos públicos.
El equipo auditor calificó los sistemas de control interno de las entidades como “Inadecuados”, al evidenciar ausencia de auditorías, exclusión de los recursos de regalías de los procedimientos de seguimiento, gestión de los proyectos sin procesos formales de control y la imposibilidad de verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas, informes técnicos o mensuales de ejecución.
Estas deficiencias evidencian un incumplimiento del deber de supervisión y seguimiento, lo que afecta de manera crítica la gestión de proyectos de larga duración que se ejecutan a lo largo de varias administraciones departamentales, haciendo que su continuidad dependa de la permanencia y memoria de los funcionarios, en lugar de apoyarse en procesos formales y estandarizados que aseguren una adecuada trazabilidad, administración y transmisión del conocimiento. Como consecuencia, se generan vacíos en la definición clara de responsables y roles con funciones determinadas.
El proyecto de “Apoyo formación de recurso humano de alto nivel para un nuevo Chocó todo el departamento, Chocó, occidente”, el cual fue aprobado en diciembre de 2012 con un presupuesto inicial de $41.608 millones ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), presenta aún más falencias:
I. Incumplimiento en la acreditación de beneficiarios graduados y sus productos académicos (tesis y ensayos).
II. Ausencia de productos de apropiación social del conocimiento (artículos, libro y página web propia distinta a los repositorios de las universidades).
III. Inexistencia de soportes en la formación complementaria de segunda lengua.
IV. Omisión en el deber de vigilancia y control por parte de la interventoría del proyecto (supervisión).
V. Inexistencia de expedientes o unidades documentales constituidas como información oficial por parte de la gobernación del Chocó.
VI. Falta de seguimiento y control de los recursos asignados del Sistema General de Regalías – convenios y contratos.
VII. Inoponibilidad (un acto válido entre las partes firmantes, pero ineficaz ante terceros ajenos a él) de la Información por parte de la entidad ejecutora y la supervisión. En los informes de auditoría de los dos proyectos también se advierte la deficiencia relacionada con el incumplimiento del principio de transparencia, dado que la información contractual no se encuentra debidamente reportada en plataformas oficiales como SECOP, lo que limita el seguimiento institucional y el control ciudadano.
Ante esta situación, la Contraloría General de la República adelantará las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades fiscales individuales derivadas de las irregularidades identificadas y de manera complementaria se realizaron traslados de los resultados de las auditorías a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. Las actuaciones estarán acompañadas de un seguimiento permanente al uso de los recursos públicos involucrados y a la gestión de cada uno de los responsables durante el tiempo de ejecución de los proyectos.
El órgano de control verificará que los hechos detectados no se repitan y que la gestión pública se ajuste a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia.




