Cuando las comunidades hacen el mapa de su territorio
En las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, organizaciones afrocolombianas del Chocó avanzan en la construcción de información catastral sobre sus propios territorios. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, las experiencias de COCOMACIA y ACADESAN muestran cómo uno de los compromisos de la Reforma Rural Integral empieza a traducirse en información construida desde el territorio y capacidades que quedan en las comunidades.
En Medio Atrato, hacer un mapa requiere mucho más que establecer coordenadas. Hay que saber dónde están las viviendas y las parcelas, pero también reconocer las áreas de uso colectivo, los caminos comunitarios y aquellos lugares que tienen un significado especial para quienes han habitado el territorio durante generaciones.
Roque Rentería Cuesta lo explica con una frase sencilla: “Nosotros somos los que conocemos el territorio”.
Abogado, especialista en Derecho del Medio Ambiente y con estudios avanzados de maestría en ordenación territorial, Rentería trabaja desde 1997 en asuntos territoriales del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA). Desde allí ha acompañado durante casi tres décadas discusiones sobre la administración y protección del territorio colectivo.
Hoy, parte de ese conocimiento acumulado entra en diálogo con las herramientas técnicas del catastro multipropósito. COCOMACIA se ha preparado para participar como operador étnico catastral. Integrantes de la organización han recibido formación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en cartografía social y herramientas para la captura de información. Según Rentería, alrededor de 24 personas participan actualmente en el proceso, entre perfiles técnicos y jurídicos, sabedores comunitarios y personal encargado de la logística.
Pero quizás lo más novedoso ocurre antes de que esa información llegue a una base de datos.
“Nos toca hacer los mapas, pero de una manera participativa”, cuenta Rentería.
Junto con las autoridades étnicas, son las propias comunidades las que ayudan a identificar cómo está distribuido el territorio: dónde están las parcelas familiares, cuáles son las áreas de uso conjunto, cómo se administra el espacio y dónde se encuentran sitios de importancia cultural o comunitaria.
Para COCOMACIA, el objetivo es que esas formas propias de administrar y relacionarse con el territorio puedan quedar reflejadas en la información geográfica oficial. De otra manera, advierte Rentería, parte de ese conocimiento y de las formas de gobierno propio corren el riesgo de permanecer invisibles para la institucionalidad.
Un catastro construido con las comunidades
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es el gestor catastral prevalente en los territorios colectivos de comunidades negras y ha acompañado el fortalecimiento de las capacidades necesarias para que las propias organizaciones étnico-territoriales participen en la operación catastral.
Para Juan Carlos Torres Palma, director territorial (e) del IGAC Risaralda-Chocó, la particularidad del proceso que se desarrolla en esta región es precisamente que no puede limitarse a levantar información física de los predios.
En territorios como Medio Atrato, explica, la tierra también representa “vida, memoria, identidad y organización comunitaria”, y su comprensión requiere incorporar las relaciones que las comunidades han construido durante generaciones con el río, el bosque, la pesca, la agricultura y los espacios de importancia cultural.
Por eso, el proceso busca articular las herramientas técnicas del Estado con los sistemas propios de conocimiento y gobierno de las comunidades. En lugar de ser solamente fuentes de información, los consejos comunitarios y las autoridades étnicas participan en su construcción.
Diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, estas experiencias permiten observar en el territorio uno de los compromisos de su Punto 1 sobre Reforma Rural Integral. El Acuerdo estableció la necesidad de contar con un sistema de información catastral integral y multipropósito como herramienta para conocer mejor la realidad de la tierra, apoyar su ordenamiento y contribuir a la planificación territorial.
Contar con información confiable sobre la tenencia, el uso y la ocupación del territorio también crea mejores condiciones para orientar la inversión pública, impulsar proyectos de desarrollo y tomar decisiones basadas en las realidades y necesidades de las comunidades, contribuyendo a la transformación territorial y a la construcción de paz.
En el Chocó, llevar ese compromiso a la práctica requiere además reconocer que extensas áreas corresponden a territorios colectivos de comunidades negras y pueblos indígenas, con formas de propiedad, gobierno y relación con la tierra distintas de la propiedad individual.
Para Roque Rentería, “son datos geográficos muy reales, basados en realidades territoriales y levantados por las mismas comunidades”.
La experiencia dialoga también con la lucha de las comunidades negras por el reconocimiento de sus derechos territoriales y las conquistas alcanzadas con la Ley 70 de 1993 y la titulación colectiva.
Para Rentería, después de la titulación llegaron proyectos productivos, de comercialización y fortalecimiento comunitario, pero la dimensión de ordenamiento y conocimiento del territorio requería mayor desarrollo. El catastro con enfoque étnico representa ahora una oportunidad para avanzar en ese camino y, al mismo tiempo, dejar capacidades técnicas instaladas en las organizaciones.
En el San Juan, una necesidad que el terremoto hizo visible
En Istmina, la sede del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) se convirtió parcialmente en una bodega de ayudas humanitarias después del terremoto del 10 de agosto. Cajas de alimentos, kits de aseo, colchonetas y toldillos se recolectaban como parte de la respuesta a las comunidades afectadas.
Felipe Nery Martínez, representante legal y presidente de la organización, cuenta que durante la emergencia tuvieron que reconstruir, comunidad por comunidad, la dimensión de los daños, muchas veces mediante llamadas telefónicas cuando había señal.
En un territorio extenso, con comunidades a las que se llega principalmente por río y donde las condiciones de seguridad pueden restringir la movilidad, incluso saber cuántas viviendas fueron afectadas y dónde estaban ubicadas se convirtió en un desafío.
ACADESAN es también una de las organizaciones seleccionadas para desarrollar una experiencia de catastro multipropósito en territorios colectivos de comunidades negras. El propósito, explica Nery, es levantar la información con la gente de las mismas comunidades, bajo los lineamientos concertados con el Gobierno.
ACADESAN agrupa a 72 comunidades afrocolombianas del curso medio, bajo y costero del río San Juan y sus afluentes, sobre un territorio colectivo de aproximadamente 683.591 hectáreas que comprende zonas de Chocó y Valle del Cauca.
Para la organización, eso supone también fortalecer capacidades. ACADESAN necesita perfiles como topógrafos, ingenieros catastrales y personas con conocimientos en sistemas de información geográfica, procurando que sean, en lo posible, integrantes de las propias comunidades.
La información permitirá ubicar comunidades, escuelas, puestos de salud, áreas de uso familiar, bosques y zonas afectadas por la minería, entre otros elementos.
Para ACADESAN, esos datos pueden ayudar a planificar, actualizar su plan de manejo, sustentar solicitudes de inversión y fortalecer la defensa del territorio. Pero lo más importante es, según Nery, “que este proceso va a demostrar que los consejos comunitarios pueden desarrollar capacidades para operar políticas públicas en sus propios territorios”.
La emergencia provocada por el terremoto puso de manifiesto una necesidad que va más allá de la respuesta humanitaria: disponer de información actualizada que permita conocer las condiciones de las comunidades, identificar sus necesidades y orientar las decisiones sobre la recuperación y el desarrollo del territorio.
Diez años después, la paz también se construye desde el territorio
A una década de la firma del Acuerdo Final de Paz, experiencias como las de COCOMACIA y ACADESAN permiten observar cómo algunos de sus compromisos empiezan a tomar forma en los territorios.
No se trata únicamente de producir mapas o actualizar registros catastrales. El proceso también plantea desafíos relacionados con asegurar la continuidad de las iniciativas, mantener las capacidades desarrolladas por las organizaciones, actualizar periódicamente la información y conseguir que los datos producidos tengan usos concretos para las comunidades y las instituciones.
En el Atrato, profesionales, técnicos y sabedores de COCOMACIA construyen información sobre el territorio que conocen desde hace generaciones. En el San Juan, ACADESAN se prepara para hacerlo en sus 72 comunidades, después de una emergencia que demostró cuánto importa saber con precisión qué hay, dónde está y quiénes habitan un territorio.
En ambos casos, el IGAC acompaña el proceso para que ese conocimiento pueda convertirse en información catastral oficial.
A diez años del Acuerdo de Paz, estas experiencias muestran una dimensión de la implementación que pocas veces ocupa los titulares: la de comunidades que fortalecen sus capacidades para participar en las decisiones sobre sus territorios, preservar sus conocimientos y contar con mejores herramientas para planificar su futuro.
El mapa que resulte tendrá coordenadas, viviendas, parcelas y otros datos. Pero detrás de esos puntos habrá algo que difícilmente cabe en una ficha catastral: el conocimiento de las comunidades que han aprendido a leer sus ríos, sus bosques y sus territorios mucho antes de que fueran dibujados en un mapa oficial.
