Como desarrollo de la Sentencia T-769 de 2009 de la Corte Constitucional se ha reactivado en estos días el proceso de consulta previacon las comunidades afrodescendientes del río Jiguamiandó, municipio de Carmen del Darién, en relación al proyecto minero Mandé Norte, en el Cerro Careperro, sobre exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales.
El proyecto Mandé Norte tiene una extensión total de 16.000 hectáreas, la mayor parte (11.000 hectáreas) en Carmen del Darién, Chocó, y el resto (5.000 hectáreas) en Murindó (Antioquia).
Este proyecto minero fue originalmente concesionado a la multinacional canadiense Muriel Mining Corporation en 2004, pero el 30 de junio de 2021 sus derechos fueron cedidos a Exploraciones La Rica SAS (anteriormente conocida como Minera Cobre de Colombia SAS), una empresa que forma parte de un grupo empresarial controlado por MCC Mining Corporation, otra firma canadiense.
Esta transferencia se dio tras un período de inactividad de ocho años, debido a la Sentencia T-769 de 2009 de la Corte Constitucional que suspendió las actividades por no cumplir adecuadamente con el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes de la zona. La sentencia ordenó la realización de estudios de impacto ambiental y una consulta previa adecuada antes de reanudar cualquier actividad.
La Defensoría del Pueblo, a través de de la Regional Urabá Darién, informó que viene brindando acompañamiento técnico y jurídico al proceso de consulta previa que actualmente se desarrolla con las comunidades afrodescendientes del río Jiguamiandó, en Carmen del Darién.
Durante el desarrollo del proceso, servidores y servidoras han venido documentando y verificando que la consulta se lleve a cabo en condiciones de buena fe, con participación efectiva y respetando las dinámicas culturales y organizativas propias de las comunidades. Asimismo, se han emitido alertas sobre posibles riesgos relacionados con presiones indebidas o desinformación, factores que podrían comprometer la garantía del consentimiento libre, previo e informado.
Una parte significativa de la concesión minera está dentro de los resguardos del pueblo Embera Uradá Jiguamiandó y Río Murindó (Antioquia). El desarrollo del proyecto está directamente relacionado con 11 comunidades indígenas, 2 negras y un número indeterminado de campesinos (3). Adicionalmente, la zona de ejecución del proyecto cuenta con tres características importantes: es una zona de conflicto armado muy fuerte, por excelencia biodiversa y de reserva forestal y espacio de vida de comunidades indígenas y afrodescendientes.
A partir de enero de 2009, la Muriel Mining Corporation (MMC), planeó iniciar la perforación exploratoria (4) en la zona de La Rica, cerca de la confluencia de la quebrada del mismo nombre al río Coredocito. Se realizarían cinco (5) perforaciones entre 300 y 500 metros de profundidad y un helipuerto. Se iniciaron las trochas y las explanaciones de aproximadamente de 8 x 8 metros, pero esto fue suspendido ante la movilización y el reclamo de las comunidades afectadas y sus organizaciones realizada de manera inmediata por las comunidades de Nuevo Cañaveral, Alto Guayabal, Coredocito, Islas y Guagua.
Este proyecto requiere adicionalmente el desarrollo de infraestructura como las vías de acceso para el ingreso de equipos, redes de interconexión eléctrica, un mineraducto o banda transportadora del sitio de la mina a un puerto sobre el río Atrato, un puerto sobre el río Atrato, obras de adecuación para transporte fluvial y un puerto en Urabá.
