Carolina Medina Forero, jueza municipal de Carmen de Atrato con función de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria (casa por cárcel) a tres personas investigadas por el desfalco de más de siete mil millones de pesos del proyecto de aguacate Hass.
Se trata de Jorge Iván Bedoya Montoya, exalcalde y actual concejal de Carmen de Atrato, y de Roberth Antonio Roa Mosquera y Rafael Ibargüen, miembros de la empresa Corporación Técnico Ambiental Al Verde Vivo, Catverde.
Luz Esneda Paz Valencia, otra persona vinculada a la investigación de este multimillonario desfalco, aceptó su participación en dos de los cuatro delitos graves imputados, prometió colaborar con la justicia y también recibió casa por cárcel.
La fiscalía reveló que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) aprobó el 17 de agosto de 2017 la suma de 8.300 millones de pesos provenientes de recursos de regalías para fomentar la producción y comercialización de aguacate Hass con 200 familias de Carmen de Atrato y 50 familias de Riosucio. Este proyecto fue adjudicado al municipio de Carmen de Atrato y el entonces alcalde Jorge Iván Bedoya Montoya firmó el Convenio de Asociación 011 de diciembre 12 de 2017 con la Corporación Técnico Ambiental Al Verde Vivo, Catverde.
El contrato de interventoría de este proyecto es el 007 de 9 de abril de 2018, firmado por Roque Rentería Cuesta, Secretario de Desarrollo Económico y de Recursos Naturales del Chocó, y Cleiver Enrique Córdoba Arriaga, representante legal de Inmunizadora La Roca, por valor de 461 millones de pesos.
La fiscalía informó que recibió denuncia de la Asociación de Aguacateros de Carmen de Atrato en el sentido de que existían graves irregularidades en este contrato y que había sido un fracaso total.
Entre los elementos que presentó la fiscalía como resultado de su investigación figuran los siguientes:
“Corres electrónicos prueban que hubo reuniones previas anteriores a la firma del convenio entre las personas involucradas. Los interesados de la corporación Catverde diseñaron en octubre y noviembre de 2017 el proceso de selección a su medida y se asociaron de manera indebida para cometer un delito. Las plántulas de aguacate Hass se compraron a 17.850 pesos, cuando valen 7.000 pesos en el mercado”.
“La planeación fue desastrosa. Riosucio no es apto para el cultivo de aguacate Hass, porque esta especie requiere altura entre 1800 a 2000 metros sobre el nivel del mar”.
“No hubo publicidad. Todo se realizó en secreto entre el alcalde y Catverde. No hubo selección objetiva.
La publicación oficial se realizó por Secop1 y era por Secop 2”.
“Catverde no aportó nada, en Quibdó funcionada en la residencia del representante legal”.
“Los 3.500 millones de pesos de anticipo no tuvieron control. Hubo dilapidación de recursos. Contratan la compra de plántulas de aguacate Hass con Arnulfo Hernández Jaramillo, de Vivero El Lago, sin certificación ICA vigente, ubicado en Chinauta, lejana vereda de Fusagasugá, para evitar que terceras personas tuvieran contacto con él”.
“Hernández Jaramillo dijo: Les vendí a 8.000 pesos cada plántula. Me dijeron que había que darle dinero a un gobernador y que debía facturar a $17.500. Y al final no me pagaron ni cien millones”.
“Serviagrochoiva es una empresa de papel. Aparece la señora Aracely Luna Quiroz, una peluquera, contratando centenares de millones. Pero ella dijo: Nunca he hecho nada en esa empresa. Documentación falsa”.
“Compraron elementos como escritorios para Riosucio que están abandonados en una bodega desde hace dos años”.
“Muy pocas familias recibieron almácigos, defectuosos. Algunos están abandonadas en una cancha, deteriorándose al sol y agua, en vía de putrefacción”.
“La interventoría avalaba todas las irregularidades y delitos”.
La jueza con función de control de garantías dejó en libertad al exalcalde Jaiberth Ríos Oquendo, pero sigue vinculado al proceso judicial.
