Los dos días del bloqueo armado del ELN en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, en el municipio de Bajo Baudó, supuestamente por la presencia de miembros del Clan del Golfo o AUC, generan una grave crisis humanitaria a más de 6.000 personas.
El confinamiento forzado implica la ausencia de transporte fluvial, la falta de alimentos, la parálisis de la educación y el bloqueo de servicios médicos. Además, el bloqueo impide el ingreso de misiones humanitarias, dejando a estas poblaciones de especial protección constitucional en una situación de extrema vulnerabilidad.
La Defensoría del Pueblo alerta sobre las graves afectaciones a 25 comunidades (16 afrocolombianas y 9 indígenas), vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la libre movilidad.
Las comunidades indígenas afectadas Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bellavista y Puerto Ismare.
Las comunidades afrocolombianas afectadas incluyen a 1.933 personas (530 familias) distribuidas en 16 asentamientos.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Ejército de Liberación Nacional ELN para que dé por terminado este paro armado y tenga en cuenta las necesidades de la población, entendiendo que el conflicto armado no puede poner en riesgo la vida y la dignidad, así como los derechos de las diferentes comunidades.
“No hay reservas alimenticias en las despensas”: alerta de la Iglesia. El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, advirtió que la situación en terreno es crítica. “La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.
Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.
A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.
Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.
Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
