En gran parte del Chocó no existen sistemas de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Y, donde existen, en su mayoría la calidad del agua representa un riesgo para la salud de los habitantes y no es viable para consumo humano.
Un caso que ha conmocionado al país en los últimos meses es el de Bajo Baudó. En marzo de 2023 se presentaron varios casos graves de salud por la contaminación del agua en su zona rural. Tres niños del resguardo indígena de Buenavista, Unión Pitalito, murieron y otros treinta se enfermaron por consumir agua contaminada con excrementos del río Sigrisua.
“No hay agua potable ni acueducto”, dijo en ese momento el alcalde de Bajo Baudó, Hermenegildo González.
Y esta semana se conoció que otros ocho niños de la misma comunidad indígena de Buenavista, Bajo Baudó, han muerto después de sufrir fuertes diarreas, vomito, dolores y asfixia que desarrollaron por carencia de agua potable.
Los presidentes de los últimos veinte años, Uribe, Santos, Duque y ahora Petro, han pregonado que “el Chocó es una prioridad para mi gobierno” pero en realidad ni siquiera han contribuido a dotar al Chocó de lo mínimo: agua potable.
Hermenegildo González, alcalde de Bajo Baudó, dijo que en este momento hay cerca de 68 personas de Buenavista y de Puerto Piña sin poder ser trasladadas hasta un centro asistencial, y todos presentan las mismas afecciones que los menores que han fallecido.
“En Buenavista hay 1.700 habitantes y una tasa de natalidad de 100 niños por año. Se han hecho brigadas médicas, pero siempre que volvemos hay más menores enfermos. Con la Unidad de Víctimas hemos llevado comida para atender los problemas de seguridad alimentaria, pero esto es un ciclo de no acabar”, señaló el alcalde.
Es por ese motivo, dijo el mandatario local, que recientemente presentaron un proyecto de acueducto y alcantarillado ante la Gobernación, el que ya fue tramitado dijo, en el Departamento Nacional de Planeación, pero que siguen esperando a que este se ejecute.
“Cuánto tiempo va a esperar el gobierno nacional para darle visto bueno o si vamos a esperar a que fallezcan más niños para que nos puedan prestar atención”, cuestionó el alcalde.
Los indígenas ya perdieron la cuenta de cuántos bebés han enterrado en los últimos cinco años por la diarrea. Todos señalan con el dedo el río que pasa al lado de sus casas como el responsable. Ese es el que les da vida y, en un descuido, es el que se las quita.
Las condiciones de salud se complican por la desnutrición. A juicio de la Gobernación de Chocó, ambas sintomatologías son las que están acelerando la muerte de los menores de edad. Persiste la inseguridad alimentaria y no ven un futuro próximo con agua potable.
Este relato se repite. Víctor Carpio, vocero de la comunidad, aseguró que las autoridades se han comprometido con resolver el problema, pero se olvidan cada vez que se supera la muerte de los niños. Él pidió una solución de fondo para su gente.
