Carlos Mario Cardona Pérez, personero municipal de Bahía Solano, solicitó a la fiscalía investigar el contrato suscrito por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, UNGRD, por valor de 36.943 millones de pesos, cuyo objeto es realizar obras de protección en el río Valle, corregimiento El Valle.
El contrato tenía un plazo de ejecución de un año y el personero denuncia posibles irregularidades en los estudios y diseños, y en el proceso de selección del contratista más idóneo y que pudiera cumplir con la ejecución del proyecto.
Se definió que se construirían obras de drenaje y estructuras de contención con geobolsas, en base a normas vigentes y especificaciones técnicas del proyecto.
Las geobolsas son contenedores flexibles y permeables de geotextil de alta resistencia., que se llenan con material granular (arena, grava, tierra) para crear estructuras de contención.
Sin embargo, para la personería municipal el documento soporte fue un informe de visita técnica que no estaba soportado en estudios actualizados tendientes a determinar el alcance de la intervención con el dimensionamiento y las características de los materiales para la solución propuesta. Todo ello por la complejidad de los fenómenos erosivos existentes en el sector, no sólo causados por las crecientes del río Valle, sino por los efectos de las mareas, máxime, cuando la población del corregimiento El Valle se encuentra asentada en una zona de riesgo alta por la ubicación de las viviendas en cercanía al cauce del río.
La solución propuesta, denominada Fase I, únicamente contempló obras para proteger la orilla de la erosión y no encaminada a proteger la población de un fenómeno extremo de aumento del nivel del río, aspectos que para el personero municipal reflejan que los estudios y diseños no tenían la completitud y el rigor. Por ello la UNGRD, en el anexo técnico, númeral 4.2 Especificaciones Técnicas, manifiesta que «dada la dinámica fluvial se hace necesario una revisión y ajuste de los documentos técnicos, en los cuales el contratista deberá verificar y soportar técnicamente que las condiciones hidromorfológicas presenten cambios significativos, el contratista deberá proponer y justificar técnicamente los ajustes necesarios».
Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista seleccionado debería hacer el reconocimiento técnico de los sectores a intervenir, con el fin de realizar la implementación de las obras tipo estimadas por la UNGRD, verificar y soportar técnicamente que las mismas se ajustaran a las condiciones del sector y las necesidades al momento de iniciar su ejecución. En todo caso, ante la eventual necesidad de realizar ajustes a los documentos técnicos, estos se realizarían mediante acta, previa presentación de la justificación técnica por parte del contratista de obra, la cual debería ser revisada en su integridad por la interventoría, quien impartiría concepto favorable o no para la realización de respectivo ajuste.
Lo anterior evidencia que la UNGRD no tenía el alcance de las intervenciones a realizar y le traslada al contratista su definición, aspecto que va en contravía del Manual de Contratación de la Subcuenta Colombia Vital, que establece en los términos y condiciones precontractuales (artículo 11) como uno de los requisitos contar con los diseños y estudios.
El contrato debería ser entregado en diciembre de 2024, pero cabe anotar que en estos momentos se encuentra suspendido.
El proceso de contratación fue suscrito en la dirección de Olmedo López y Sneyder Punillas, detenidos actualmente por actos de corrupción en la entidad.
