En tres días, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, se registraron veinte ataques con drones con explosivos contra estaciones de Policía y puestos de control en los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró, en la subregión del San Juan, departamento del Chocó.
Se trata de una ofensiva atribuida al ELN que ha dejado un policía herido y afectaciones a viviendas cercanas a las estaciones atacadas.
El primer ataque ocurrió el 29 de septiembre en Condoto, donde fueron lanzadas cuatro cargas explosivas contra la estación de Policía y un puesto de control.
Un día después, en Nóvita, se registraron seis ataques contra instalaciones de la Policía y el Ejército. Se lanzaron granadas desde drones y se produjeron ráfagas de fusil. Uno de los explosivos impactó una vivienda ubicada cerca de la estación de Policía mientras se celebraba una misa con motivo del cierre de las festividades patronales, por lo que los habitantes tuvieron que resguardarse.
Este 1 de octubre se registrarondieznuevos ataques contra la estación de Policía de Río Iró, también mediante el uso de drones.
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el creciente uso de drones por parte de grupos armados ilegales para transportar y lanzar artefactos explosivos. Su utilización en acciones armadas representa una amenaza para la población civil, especialmente en zonas habitadas o próximas a bienes de carácter civil.
Mediante la Alerta Temprana 027 de 2021 y su informe de seguimiento La Defensoría del Pueblo advertió los riesgos para la población civil de los municipios del Chocó derivados de la presencia y accionar del ELN, entre ellos los relacionados con el uso de trampas explosivas. La incorporación posterior de drones a estas acciones armadas plantea nuevos riesgos para las comunidades.
Ante estos hechos, la Defensoría reitera:
Exigimos al ELN respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y abstenerse de realizar ataques indiscriminados o acciones que pongan en riesgo a la población civil y los bienes de carácter civil.
Instamos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención y protección frente a los riesgos derivados del uso de drones en acciones armadas y adoptar las medidas necesarias para reducir la exposición de las comunidades.
Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
