Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, un juez amparó los derechos colectivos para el acceso integral a los servicios públicos que incluye el de energía y su prestación eficiente y oportuna, así como los de la salubridad, seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente para tres comunidades rurales ubicadas en el municipio del Medio San Juan, Chocó.
El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó ordenó a la empresa Dispac S.A. E.S.P continuar con el desarrollo de planes y programas que logren la financiación y la normalización de redes eléctricas para las comunidades de Boca de Suruco, Encharca y Sardina, ubicadas en el municipio del Medio San Juan, así como gestionar la demanda de energía eléctrica para los 727 habitantes en condiciones de calidad y seguridad.
El juez también decretó la conformación de un comité para verificar el cumplimiento de lo establecido en la sentencia.
Esta comisión se debe reunir al menos dos veces al año, y debe estar integrada por la parte demandante, un representante de cada una de las comunidades a quienes beneficia el fallo, un representante de la Empresa de Servicios DISPAC S.A ESP, y un representante del consejo general comunitario del San Juan ACADESAM.
Esta comisión será presidida por la Procuraduría entidad demandante.
El Ministerio Público intervino mediante una acción popular para restablecer y conservar el goce de los derechos e intereses colectivos dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 420 habitantes de Boca de Suruco, 237 en Encharca y los 70 de Sardina.
