un comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que campesinos reclamantes de tierras, que han retornado desde el año 2014 a Macondo y Blanquiceth en el municipio de Riosucio están siendo víctimas de amenazas por parte de los administradores de una hacienda que está en disputa judicial en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.
Los administradores han estado acompañados de hombres armados exigiendo la entrega del 50% de los predios que están siendo habitados por los campesinos que han sido víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, de desplazamientos y despojo.
Esta situación se viene presentando de manera sistemática desde hace dos semanas en las veredas El Cedro y Tumaradocito.
Las familias campesinas reclamantes de tierras se encuentran protegidas por medidas cautelares emitidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó desde el 12 de diciembre del año 2014 mediante Auto 181; también, por el Auto 035 del 21 de marzo de 2018, en los que se ha ordenado la suspensión de cualquier proceso legal contra estas comunidades, hasta que las reclamaciones de esos predios se decidan mediante sentencia judicial.
