Admiten demanda contra la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa y del Interior por falta de control territorial y por el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Chocó
● La Fundación para el Estado de Derecho alertó sobre el recrudecimiento y el aumento de la violencia en el departamento del Chocó debido al despliegue y la expansión de grupos criminales.
● La Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, la ONU y las autoridades departamentales han constatado omisiones del Gobierno respecto del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar los derechos e intereses colectivos.
● Desde la Fundación se presentó una acción popular solicitando medidas cautelares para proteger los derechos e intereses colectivos de los habitantes del departamento.
Ante la escalada de violencia de grupos criminales en el departamento del Chocó, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una acción popular y solicitó medidas cautelares urgentes.
Los grupos al margen de la ley ejercen control social y territorial en el Chocó y vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de sus habitantes a través de peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de comunidades indígenas, entre otros actos delictivos y de intimidación a la población civil. Entre los territorios más afectados se encuentran los municipios de Bahía Solano, Nuquí, Juradó, Alto Baudó, Istmina, Sipí, Nóvita, Quibdó y El Carmen.
En la demanda, FEDe. Colombia muestra la omisión legal y constitucional del Gobierno de garantizar los derechos e intereses colectivos de preservar el control en el territorio nacional para el ejercicio de los derechos y de las libertades. Además, la acción muestra los ya conocidos incumplimientos de los grupos armados organizados a sus compromisos de cese al fuego pactados en mesas de negociación en el marco de la fracasada política de “Paz total”.
El objeto de esta demanda es la protección de los derechos e intereses colectivos de la población del Chocó, incluyendo el derecho a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa y el goce del espacio público. También se busca la protección de los bienes de uso público de la región. Y que se adopte una medida cautelar de urgencia que incluya la adopción de un plan de respuesta frente a la crisis de seguridad y de orden público.
“La admisión es un paso hacia la protección de los derechos de la comunidad, que requiere una respuesta efectiva e inmediata frente a la grave crisis humanitaria que atraviesa debido a las acciones despiadadas de grupos armados con quienes el gobierno supuestamente está, o estuvo, negociando la paz en Colombia”, aseguró Andrés Caro, director de FEDe. Colombia.
Se invita a los interesados cuyos derechos están siendo vulnerados a intervenir ante el Tribunal Administrativo del Chocó para defender el interés general y los derechos colectivos que se buscan proteger con la acción popular.
