El 11 de mayo de 1996 un grupo paramilitar llegó en helicóptero a Coredó, corregimiento de Juradó, hirió un menor de edad y asesinó a ocho personas de la población civil.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos profirió ahora resolución de acusación contra Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado jefe financiero de los hermanos Castaño Gil, por su presunta participación en la denominada masacre de Juradó
Alias Lucas habría dispuesto los recursos, la logística y el transporte terrestre y aéreo del grupo paramilitar que ejecutó el crimen. Al parecer, consiguió un helicóptero para mover a los agresores de Antioquia al Pacífico chocoano.
Testimonios y otros elementos de prueba dan cuenta de que alias Lucas, como supuesto administrador de los dineros de la llamada ‘Casa Castaño’, habría asumido la logística, el transporte y los recursos para que se ejecutara la acción criminal.
Al parecer, coordinó el desplazamiento terrestre de un grupo paramilitar de Turbo a Santa Fe de Antioquia; y dispuso de un helicóptero para que lo trasladara al caserío Coredó, en Juradó (Chocó). En este punto, los hombres armados interceptaron a nueve personas, las llevaron a la playa y les dispararon a quemarropa. Posteriormente, escaparon en una lancha por el Pacífico.
En el curso de la investigación, que se sigue de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), se estableció que las víctimas hacían parte de la población civil. Las entonces AUC las asesinaron, supuestamente, para demostrar capacidad y control sobre otras estructuras ilegales que delinquían en la región.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó a alias Lucas por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y tentativa de homicidio. En la decisión, se reafirmó la calificación de crimen de lesa humanidad de la masacre de Juradó. Jacinto Alberto Soto Toro fue capturado en abril de 2021, por su posible responsabilidad en los asesinatos de tres investigadores del CTI, sucedidos entre 1997 y 1998 en Medellín.
