Por José María Daza Sánchez
La pregunta viene ante esta andanada de informes periodísticos y de los entes de control que últimamente se han vuelto muy eficientes, después de la llegada del Presidente Gustavo Petro al poder y que están destapando las ollas podridas existentes en el manejo de los recursos del Estado.
Buscando un poco de argumentos y nombres, empezando por los presidentes colombianos que han tenido investigaciones, unos sin pena ni gloria y otros condenados, la Inteligencia Artificial (IA) me señala nombres como el de “…Francisco de Paula Santander, quien fue castigado a la horca como cómplice del intento de asesinato de Simón Bolívar, el 25 de septiembre de 1828. La condena, sin embargo, fue cambiada por el exilio”.
Para no irnos tan lejos tenemos a Ernesto Samper Pizano, que a las claras fue financiada su campaña con recursos del narcotráfico. Álvaro Uribe Vélez, que tiene, según, entre otras fuentes, la Agencia France Press, “…más de treinta (30) procesos abiertos en los que lo investigan por diferentes delitos, que van desde espionaje en campañas hasta nexos con el paramilitarismo.” Eso sin mencionar datos de otros municipios, como se dice popularmente.
De personas integrantes del Congreso de la República, “ni hablar del peluquín”. Según un informe de la Corporación Excelencia por la Justicia, “Concierto para delinquir es el delito que más cometen los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, y violación al régimen de inhabilidades la razón por la que más pierden su investidura ante el Consejo de Estado.
Además, señala esta Corporación, que “137 congresistas han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia y por la Sala Especial de Primera Instancia, entre enero de 2000 y febrero de 2022. Es decir, 92 en primera instancia y 45 en segunda. (…)
El Consejo de Estado declaró la “muerte política” de 80 parlamentarios entre 1991 y 2021: 69 en única instancia y 11 en procedimientos de doble instancia.
Mientras en el primer delito la participación fue del 42.2% en el total de sentencias emitidas en única instancia, en la violación al régimen de inhabilidades, también en procesos de única instancia, fueron emitidos 22 fallos por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En cuando a los procesos en la Corte Suprema de Justicia, el documento analizó las 92 sentencias emitidas por la Sala de Casación Penal en única instancia, entre 2000 y 2018, por procesos penales contra congresistas en delitos contra la fe pública, el orden económico social, la seguridad pública, entre otros, y encontró que el listado de los delitos está encabezado por concierto para delinquir con 42.2%, peculado con 13.8%, concusión con 8.6%, constreñimiento al sufragante con 5.2%, concierto para promover grupos al margen de la ley con 5.2%, cohecho con 4.3%, tráfico de influencias con 4.3% y enriquecimiento ilícito con 3,4%. De acuerdo con el informe, al menos el 90.2% de los 92 fallos tenían sentido condenatorio y 106 servidores públicos fueron juzgados por estos delitos ante la Sala de Casación Penal.”
Y de gobernadores y alcaldes, sin mirar muy lejos, se podrán imaginar, solo para mencionar a los funcionarios elegidos popularmente, con alguno que otro diputado y concejal. Porque de funcionarios corruptos estamos llenos, desde donde se mire. En todos los niveles.
Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, afirma que la justicia colombiana ha sido demasiado permisiva. “La impunidad ha caracterizado a la justicia del país, al igual que la demora en tomar decisiones. El hecho de que estos actos no resulten en condenas hace que la gente cometa actos de corrupción, porque sabe que no va a terminar castigada”, dice.
¿Qué se puede hacer para enfrentar eso desde la formación de profesionales? El académico explica que es importante que los problemas éticos del país sean explicados en las aulas de clase universitaria para debatir sobre estos actos de falta de ética en el país entre estudiantes y profesores.
Además, explica que las universidades también deben tener el deber de establecer sanciones cuando hay plagio o fraude por parte de los estudiantes. “A los que se les pasan estas faltas, terminan siendo estos políticos o profesionales que en el futuro son cuestionados”, enfatizó.
¡Parlamentarios y ministros, especialistas en plagio!
La idiosincrasia del colombiano tiende a querer enriquecerse al costo que sea, seguramente producto de la herencia de los delincuentes españoles que trajeron a “descubrir a América”, pero también a que se acentúa esta “política” con la llegada de los recursos del narcotráfico, que permeó a todos los estamentos, pero lo más grave, a la justicia.
“Se corrompió la sal” y ahí, apague y vámonos y todo esto tiende a justificarse en esa actitud cómplice de elegir personajes, sin importar su pasado o su proceder, entendiendo que, de todas maneras, la política es el arte de mentir y engañar, de ofrecer y no cumplir, de dar abrazos y palmaditas y no resultados al pueblo elector.
Pero la pregunta del título del artículo, nos lleva a reflexionar y analizar, ¿qué debemos hacer para “reducir a sus mínimas proporciones, la corrupción? ¿Cómo debemos elegir? Esos delincuentes se enquistan en las instituciones y es muy difícil terminar con esos hechos en detrimento de los recursos del estado, con unos entes de control y una justicia ineficaz y cooptada por la politiquería y el dinero fácil e ilegal.
