La UNGRD inició en septiembre el pago de más de $3.324 millones a hogares de 14 municipios del Chocó, pero no ha publicado un balance sobre cuántas familias efectivamente cobraron el auxilio. La Procuraduría acaba de advertir que el cierre del registro dejó por fuera a familias afectadas y que persisten problemas para actualizar el estado de las viviendas.
Casi dos meses después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó el 10 de agosto, todavía no existe una cifra oficial que permita establecer cuántas familias damnificadas del departamento continúan sin recibir las ayudas económicas anunciadas por el Gobierno nacional.
El dato adquiere especial relevancia después de que la Procuraduría General de la Nación advirtiera este 5 de octubre sobre barreras en el Registro Único de Damnificados (RUD), dificultades para actualizar el estado de las viviendas y problemas en la entrega de los auxilios económicos. El Ministerio Público señaló que el cierre del RUD dejó por fuera a familias afectadas, especialmente en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.
$3.324 millones para 14 municipios
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el 11 de septiembre el inicio del desembolso de más de $3.324 millones correspondientes al primer mes del apoyo económico temporal para familias damnificadas del Chocó.
El dinero estaba destinado a hogares cuyas viviendas habían quedado destruidas o declaradas no habitables, siempre que cumplieran los requisitos establecidos por el Gobierno. El primer desembolso comprendió 14 municipios: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.
La ayuda fue concebida como un apoyo temporal de vivienda durante tres meses. El monto mensual dependía de la categoría del municipio: $1.050.543 para municipios de categorías 1 y 2; $875.452,50 para categorías 3 y 4; y $787.907,25 para categorías 5 y 6.
Para acceder al dinero, el hogar debía estar inscrito en el RUD correspondiente al terremoto, contar con una certificación de la alcaldía que acreditara su residencia en el municipio al momento de la emergencia y tener la vivienda registrada como destruida o no habitable.
Los pagos comenzaron el 11 de septiembre y los beneficiarios podían reclamar el dinero durante 15 días calendario en los puntos de SuperGIROS habilitados en el departamento. El pago solamente podía ser recibido por la persona registrada como jefe del hogar.
Pero existe una pregunta que continúa sin respuesta pública: ¿cuántas de las familias autorizadas efectivamente cobraron el dinero?
La UNGRD anunció el inicio del desembolso, pero no ha publicado un balance actualizado que permita establecer cuántos hogares del Chocó retiraron efectivamente el primer pago, cuántos quedaron pendientes y cuántos fueron excluidos por no cumplir alguno de los requisitos.
El RUD registró decenas de miles de personas afectadas
La información disponible sobre el RUD muestra la magnitud del problema, aunque debe manejarse con cautela porque el registro corresponde a las inscripciones realizadas por las autoridades territoriales y está sujeto a verificación.
Un monitor que consolida los datos publicados por la UNGRD registra para el Chocó 38.561 familias y 86.858 personas inscritas en el RUD en los municipios para los cuales dispone de información. Esta suma incluye municipios que no aparecen en la primera fase de pagos de la UNGRD, por lo que no puede utilizarse como número de beneficiarios del subsidio.
Entre las cifras municipales más altas aparecen Quibdó, con 14.889 familias y 34.608 personas; Medio Baudó, con 3.359 familias y 9.055 personas; Alto Baudó, con 2.027 familias y 5.662 personas; Nóvita, con 2.007 familias y 4.442 personas; e Istmina, con 1.710 familias y 2.738 personas.
La misma fuente advierte que las cifras corresponden a diferentes registros administrativos y que el RUD mide las inscripciones tramitadas, no constituye por sí mismo una comprobación definitiva de los daños.
Quibdó concentra la mayor afectación registrada
En Quibdó, el RUD registraba 14.889 familias y 34.608 personas, equivalentes al 24,1 % de la población proyectada del municipio para 2026.
El registro contabilizaba 1.202 viviendas destruidas y 8.296 averiadas, para un total de 9.498 viviendas registradas con algún nivel de afectación.
El registro municipal, además, no permaneció creciendo indefinidamente. De acuerdo con el seguimiento disponible, después del 4 de septiembre no se observaron nuevos cambios en las cifras de Quibdó durante las capturas realizadas hasta el 17 de septiembre.
Esto es relevante porque el 4 de septiembre venció el plazo para el cierre del RUD.
La Procuraduría ya había advertido sobre las dificultades del registro
El problema no apareció por primera vez este 5 de octubre.
El 10 de septiembre, la Procuraduría había advertido que, con corte al 3 de septiembre, solamente 124 de los 501 municipios afectados en 16 departamentos habían cargado el reporte de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), mientras 377 municipios todavía estaban pendientes.
El Ministerio Público señaló entonces que la información del RUD y del EDAN era fundamental para garantizar que la ayuda humanitaria y las acciones de recuperación llegaran a quienes realmente tenían la condición de damnificados. También pidió corregir inconsistencias detectadas en algunos registros.
El terremoto, según el balance de la UNGRD con corte al 10 de septiembre, había afectado a 466.345 personas en 497 municipios de 16 departamentos, con 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos. La entidad contabilizaba entonces 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas en el conjunto de departamentos afectados.
Estas cifras son nacionales y no deben confundirse con la situación particular del Chocó.
¿Cuántas viviendas del Chocó continúan sin evaluación definitiva?
Tampoco existe actualmente una cifra pública y consolidada que permita responder con exactitud esta pregunta.
La razón está relacionada con el propio proceso de evaluación. La información inicial de daños puede cambiar después de las inspecciones técnicas y de las réplicas. La Procuraduría informó este 5 de octubre que existen dificultades para actualizar en las plataformas el estado de las viviendas después de las evaluaciones técnicas y para registrar nuevos daños ocasionados por las réplicas.
El Ministerio Público también señaló dificultades relacionadas con la disponibilidad de ingenieros estructurales, maquinaria amarilla para demoliciones y retiro de escombros.
Por esa razón, tampoco resulta correcto tomar las cifras iniciales del RUD como una fotografía definitiva del daño estructural.
En Quibdó, por ejemplo, las 1.202 viviendas registradas como destruidas y las 8.296 averiadas representan el registro administrativo disponible, pero no significan que todas hayan completado el proceso de evaluación estructural definitiva.
La ayuda no cubre a todos los damnificados registrados
Otro aspecto fundamental es que estar inscrito en el RUD no significa automáticamente ser beneficiario del apoyo económico.
La primera fase de la ayuda estaba dirigida exclusivamente a hogares que cumplieran tres condiciones: estar registrados en el RUD, demostrar su residencia en el municipio y tener la vivienda clasificada como destruida o no habitable.
Por eso, las decenas de miles de personas inscritas como damnificadas no pueden compararse directamente con los hogares que recibieron o tenían derecho a recibir el subsidio.
En otras palabras, no existe una operación matemática válida que permita restar los beneficiarios del RUD a los $3.324 millones desembolsados y concluir cuántos damnificados quedaron sin ayuda.
Además, el monto de $3.324 millones correspondía solamente al primer mes del apoyo y estaba dirigido a un subconjunto de los damnificados.
Aún no hay un balance público de cobertura
Así, a casi dos meses del terremoto, existen cifras sobre personas y familias registradas, cifras sobre viviendas destruidas y averiadas, y cifras sobre recursos asignados, pero falta un dato fundamental: un balance oficial que diga cuántas familias del Chocó recibieron efectivamente cada pago, cuántas quedaron pendientes y cuántas no pudieron acceder por problemas de registro o de clasificación de sus viviendas.
La Procuraduría acaba de poner nuevamente el problema sobre la mesa al advertir que el cierre del RUD dejó por fuera a familias afectadas y que persisten dificultades para actualizar la información de las viviendas.
Mientras tanto, el Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica. En su boletín del 4 de octubre reportó 338 réplicas localizadas en el Chocó, con una nueva réplica de magnitud 1,1 durante las 24 horas anteriores, y señaló que esta actividad continúa disminuyendo progresivamente.
El terremoto, sin embargo, dejó un problema que ya no es solamente sísmico. Para miles de familias chocoanas, la emergencia pasó de la fase de rescate a la de vivienda, reconstrucción y acceso efectivo a las ayudas.
Y en este momento, la pregunta central sigue sin respuesta oficial: ¿cuántas familias damnificadas del Chocó recibieron realmente las ayudas y cuántas continúan esperando?
