Edición No. 1241. Quibdó, noviembre 8 a 14 de 2019

Editorial

A juicio

En el torbellino de la etapa final de la campaña electoral y sus días subsiguientes se presentaron dos noticias que fueron eclipsadas en parte por el fervor natural en relación a las elecciones regionales.

La primera se dio el 11 de octubre cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra del representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por ser el presunto responsable del delito de cohecho, cargo relacionado con el escándalo del cartel de la toga.

Esto quiere decir que fue llamado a juicio por el entramado de corrupción en la justicia.

El proceso contra Córdoba, elegido por el Partido Liberal, se inició tras la mención que en su contra hizo el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno (hoy condenado en Estados Unidos), que lo señaló de intentar frenar un proceso y dilatar la expedición de una orden de captura en su contra.

Según las versiones que son investigadas por la Sala, Córdoba Manyoma habría pagado 200 millones de pesos a un magistrado auxiliar de nombre Camilo Andrés Ruiz, quien estaba bajo las órdenes del también magistrado Gustavo Malo.

La segunda noticia se conoció el pasado 31 de octubre y fue el llamamiento a juicio del exgobernador Efrén Palacios Serna, también del partido liberal.

Por irregularidades en ocho contratos para la prestación de servicios de salud en el Chocó, la Fiscalía acusó formalmente al ex gobernador Efrén Palacios Serna.

De acuerdo con el ente acusador nunca se ejecutaron las acciones por las cuales se contrataron servicios de terapeutas, ópticas y consultorios.

Los contratos supuestamente servirían para atender a la población de nivel bajo. Sin embargo, la Fiscalía dijo que “el único propósito” de Palacios era “apropiarse” de los recursos públicos y que estableció una red para ello.

Señaló la fiscalia ante la Corte Suprema que lo que hizo Palacios fue apropiarse de algunos de los recursos de esos contratos, de entre 100 y 300 millones de pesos, los cuales él licitaba y escogía los contratistas. La Fiscalía lo acusó por celebración sin cumplimientos legales y reiteró que Palacios Serna solo buscó la forma de que los recursos “retornaran” a él, por lo que no hizo estudios, ni tuvo en cuenta requerimientos o garantías para la contratación.

Dos llamamientos a juicio de pronóstico reservado, dos nuevas deshonras y afrentas al Chocó.

En el caso de Córdoba Manyoma, de ser condenado, el Chocó perdería una representación en el legislativo y reduciría su de por sí escasa presencia en la política nacional.

Se comprobarían así los vaticinios que en este sentido se dieron a conocer en la campaña electoral de 2018 al congreso.

Y de condenarse al exgobernador Efrén Palacios, se ratificaría una vez más que gran parte de la dirigencia política del Chocó de las últimas décadas cayó en el más repudiable pantano de la deshonestidad, del mal manejo de los recursos públicos, del abandono al servicio de la comunidad y de la prioridad al enriquecimiento personal.

Córdoba Manyoma y Palacios Serna, de ser condenados por estos hechos de corrupción, deberían servir de ejemplo negativo a las nuevas generaciones del Chocó.

Independiente de los resultados del pasado 27 de octubre, para salir del atolladero en que está sumido, el Chocó requiere un cambio político profundo, contrapuesto y alejado de las prácticas repudiables que se observan en estos dos vergonzantes episodios.